Ya son tres los ediles dimisionarios que piden la baja en el PPdeG

Se suceden las consecuencias de la sentencia por la que el condenó a nueve años de inahibilitación a los siete ediles del Ayuntamiento de Santiago que acordaron costear la defensa de un compañero imputado en la «Pokemon». El que era responsable del área de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Santiago, Luis García Bello, y quien llevaba Régimen Interior y Personal, Amelia González, también han solicitado su baja en el PPdeG, al igual que ya había hecho María Castelao. Estos abandonos de militancia en las filas populares se producen tras la condena , junto con otros cuatro compañeros de corporación, por un delito de prevaricación, lo que provocó que todos ellos renunciasen a sus actas como concejales .

Fuentes del PPdeG han confirmado que el partido ha recibido la solicitud de baja voluntaria tanto de Luis García Bello como de Amelia González. Junto a ellos y a la que era responsable del área de Servicios Sociales, María Castelao, también fueron condenados María Pardo, que era teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, que era edil de Hacienda; Francisco Noya, de Participación Ciudadana y Fiestas; y Juan de la Fuente, de Vías y Obras.

El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, declaró el martes que «mientras la sentencia no sea firme no se tomará ninguna decisión definitiva». No obstante, añadió que «esta misma semana» se reunirá el Comité de Derechos y Garantías para «tomar una decisión sobre si procede o no una suspensión de militancia» o «si se espera a la sentencia firme».

En concreto, el PPdeG prevé en sus estatutos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.

Así, a principios de mayo, el PPdeG transformó el expediente informativo que se les había abierto en disciplinario, toda vez que la Audiencia Provincial de La Coruña desestimó el recurso contra la decisión judicial de ordenar la apertura de juicio oral y tuvieron que sentarse en el banquillo el 19 de mayo . En los estatutos de los populares, el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.