Crisis en Santiago
Nueve dimisiones en una semana ponen en jaque al Ayuntamiento
La última renuncia, la de la edil Rebeca Domínguez, aboca al alcalde a buscar concejales fuera de la lista
El Ayuntamiento de Santiago, gobernado por el PPdeG tras 25 años de control socialista , vive actualmente una crisis sin precedentes. Aunque ésta empezó a fraguarse en el primer año de legislatura (el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, tuvo que dimitir por problemas con el fisco, una imputación que posteriormente derivó en condena) y alcanzó picos elevados con cada imputación —ya fuese en la «operación Pokemon» o por otra causa judicial— que salpicaba a Raxoi, el estallido final se ha producido esta misma semana, a un año vista de las elecciones municipales.
A la dimisión en bloque de los siete ediles condenados por prevaricación al acordar pagar la defensa del exconcejal de Deportes e imputado en la «Pokemon», Adrián Varela, se sumaba horas después la de la concejal de Juventud y Normalización Lingüística. Rebeca Domínguez, que entró en 2012 tras la marcha de Conde Roa y enfrentada con el alcalde desde que la trama investigada por Pilar de Lara salpicó a Santiago, decidía renunciar a su cargo bajo la intención de «iniciar una nueva etapa fuera de la política municipal», según un comunicado difundido por el Concello. La dimisión, pendiente de hacerse efectiva al igual que la de sus siete compañeros, es «irrevocable», sentenció.
Los últimos acontecimientos dejan un balance desolador. En los últimos ocho días, nueve personas han presentado su dimisión. El primero fue, ya la semana pasada, el propio Varela . Dijo que lo hacía en «solidaridad» con sus compañeros. El mismo día que anunció que abandonaba había recibido una nueva citación judicial para declarar como querellado. Este lunes, una sentencia condenatoria precipitó la salida de los siete concejales y, apenas unas horas después, la retahíla de dimisiones se ampliaba con Domínguez.
Actualmente, de los trece miembros que componen el grupo de gobierno, solo cuatro permanecen en su puesto. Y de entre ellos, solo dos empezaron en 2011: el regidor, Ángel Currás, y su número dos, Reyes Leis. Los otros dos ediles —Luis Meijide y José María Rosende— entraron para cubrir contingencias: Paula Prado renunció para ser portavoz del PPdeG y Albino Vázquez tuvo que dimitir tras salir con medidas cautelares en la «Pokemon».
Nueve son, por tanto, las dimisiones, y nueve las plazas vacantes que hay que cubrir. No parece tarea fácil. El primero de la lista es ya el número 18 (de un total de 25 que contemplaba la candidatura de los populares en las elecciones municipales de 2011) y el penúltimo y último puesto están representados por una diputada en el Congreso, Marta González, y el conselleiro Agustín Hernández. Precisamente dos de los nombres que están en las quinielas para futuros candidatos en 2015.
Ediles con perfil «técnico»
Entre medias también hay personas relacionadas con la «operación Pokemon», funcionarios del propio consistorio, jubilados y un fallecido. Y después, los cuatro suplentes. El regidor ya empezó a hablar con todos ellos para tantear la situación de cada uno y saber si estarían dispuestos a incorporarse a una función que en 2011 parecía lejana y casi improbable. Algunos ya se han autodescartado, bien por evidentes responsabilidades institucionales —como es el caso del conselleiro y la diputada—, profesionales o bien porque no quieren verse involucrados en ese panorama. De ahí que la posibilidad de echar mano de personas no electas para ocupar un puesto de concejal cobre especial vigencia. «Probablemente no será suficiente» la lista, reconocía este martes Currás, quien ya abrió la puerta a contactar con personas ajenas , sin fijar cuántas, con perfil técnico y «conocimiento de las diferentes áreas».
Fuera de la junta de gobierno
La opción de recurrir a no electos está amparada por la ley electoral: «En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad», reza la normativa. No obstante, una reciente sentencia del TC invalida que estos ediles puedan participar en juntas de gobierno, si bien en éstas la ley no contempla un número mínimo de miembros, sino un máximo.
El PP le ha dado competencias plenas al alcalde en la remodelación. Y Currás garantizó este martes dos cosas: primero, la gobernabilidad del Concello y, después, su puesto de capitán. «Seguiremos al frente de este barco», resaltó. No precisó, sin embargo, hasta cuándo.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete