¿Qué hacer ahora en el Ayuntamiento de Santiago?

Justo dos semanas después de sentarse en el banquillo de los acusados por acordar pagar la defensa del ya exconcejal de Deportes de Santiago Adrián Varela —imputado en la «operación Pokemon»—, los siete ediles del ayuntamiento compostelano dejan su cargo. El juez emitía este lunes una sentencia en la que los condena por prevaricación y, en virtud de la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, los inhabilita para el ejercicio de empleo o cargo público durante un periodo de nueve años. El PP, con sus esperanzas y confianza puestas en la absolución, actuó poco después: la dirección popular citó a los condenados en su sede y, tras más de dos horas, éstos acordaban presentar su dimisión. Pese a ello, recurrirán un fallo que creen «injusto».

La renuncia de los siete ediles abre una crisis sin precedentes en el seno de la capital gallega, golpeada desde hace dos años por los casos de corrupción . Así, a un año vista de las elecciones municipales, son pocas las opciones que el PP tiene encima de la mesa tras el varapalo judicial.

En virtud de la ley, la primera pasa por reponer a los concejales salientes (además de a Adrián Varela, que abandonó su cargo la semana pasada ) con entrantes. Pero en Santiago, esta salida se antoja complicada. De la lista de 25 que los populares presentaron en 2011, solo quedan siete candidatos, dos de ellos, pesos pesados: Agustín Hernández, conselleiro, y Marta González, diputada. Hay también una jubilada, una funcionaria y otro (el que suena para ser el sustituto de Varela) con implicaciones familiares en la «Pokemon».

De no ser suficientes los candidatos y los cuatro suplentes, algo muy posible dadas las vinculaciones de unos y el hecho improbable de echar mano de un conselleiro y una diputada, el PP podría completar la lista designando ediles no electos. Sería una posibilidad con la que garantizarían que ni Hernández ni González -dos de los nombres que suenan para encabezar la lista del PP de Santiago en 2015- saliesen escaldados de este último año de convulso gobierno municipal.

La tercera de las opciones es mucho más traumática, pues implicaría, tal y como contempla la legislación de régimen local, solicitar una intervención al Consejo de Ministros para que disolviese el gobierno actual y nombrase una gestora, lo mismo que ocurrió, salvando las distancias, en Marbella. La gestora puede crearse dado que falta menos de un año para las próximas elecciones municipales.