El edil Adrián Varela renuncia por «solidaridad» con los concejales imputados

Justo una semana después de que siete ediles del ayuntamiento de Santiago se sentasen en el banquillo acusados por un supuesto delito de prevaricación después de aprobar que el concello costease la defensa del concejal Adrián Varela a causa de su imputación en la «operación Pokemon», el protagonista de la historia anunciaba este lunes su renuncia al cargo. Varela adoptó esta decisión, según trasladó al alcalde Ángel Currás, por una cuestión de «solidaridad» con los compañeros juzgados, para los que todavía no hay sentencia y que se exponen a inhabilitaciones de nueve años para ejercer cargo público.

La marcha de Adrián Varela, que transmitió al alcalde que se trata de una decisión personal, ha cogido por sorpresa a quienes han estado este tiempo trabajando con él, y entre sus motivos, tal y como especifica en un comunicado, se encuentra la necesidad de asumir «en primera persona el coste político» que su petición ha generado. Sin embargo, se reafirma en «la legalidad» de lo autorizado en la junta de gobierno de mayo de 2013: «Mantengo la legalidad de la decisión adoptada por el gobierno local a petición mía y que tuvo el aval de los técnicos competentes, pero -expone- asumo en primera persona el coste político de la misma».

Varela, nacido en 1984 y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, indica, como segunda causa de su postura, la «presión» a la que ha estado sometida su familia en los últimos meses, y que hace que «ni siquiera mi férrea vocación de servicio público pueda más que la tranquilidad de mis seres queridos».

Por último, señala que no quiere dañar la imagen de la ciudad «a la que serví con toda mi lealtad y esfuerzo durante este tiempo» y agradece a los ciudadanos «que depositaron en mí el honor de representarlos en los últimos tres años», un tiempo en el cual, afirma, «no atendí otros intereses» que no fuesen los de los vecinos.

A este joven se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, todo ello en el marco de la «operación Pokemon» , que busca desmontar una supuesta trama corrupta de adjudicaciones de contratos que se habría gestado entre algunas administraciones locales y empresas, principalmente el Grupo Vendex. Adrián Varela llegó a contar a la instructora de la Pokemon que el alcalde, Ángel Currás (PP), también imputado en esta operación, tuvo con la edil de Educación, Rebeca Domínguez, y con él un trato vejatorio.

El 17 de junio de 2013, ante la juez Pilar de Lara, este joven dijo, en una declaración que superó las cuatro horas, que cuando le llegó la cédula de citación llamó al alcalde antes de avisar a sus propios padres para contárselo, y la contestación que recibió fue un «vale, vale». «Lo único que pido -proseguía- es un mínimo de humanidad» en un regidor «que pasa de nosotros» puesto que desde que se hizo con el bastón de mando, en abril de 2012 tras la dimisión de Gerardo Conde Roa, condenado por delito fiscal, «se nos ha hecho el vacío a varios concejales».