Santiago: dos años bajo el ojo de la Justicia
A la marcha de Conde Roa, condenado después por fraude fiscal, se sumó una retahíla de imputaciones en el Concello. Solo tres ediles carecen de causa abierta
Elecciones municipales de 2011. El PPdeG recuperaba el control político de la capital gallega tras más de veinte años en manos socialistas. Hoy, menos de tres años después de esos comicios que encumbraron a Gerardo Conde Roa a la alcaldía compostelana, el panorama es visiblemente «complicado», admitía este miércoles el propio secretario general del PPdeG y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Conde Roa ya no es alcalde, su sustituto está implicado, al igual que su antecesor, en la «operación Pokemon» y casi todo su gobierno —unos diez concejales del global de trece— permanecen imputados en hasta tres causas diferentes: la «operación Pokemon»; por un caso relacionado con facturas supuestamente falsificadas y, la última, por acordar costear con fondos públicos la defensa del edil de Deportes , Adrián Varela, implicado también en la «Pokemon», que finalmente no se produjo al declinar éste la oferta.
Es precisamente este último proceso, en el que están imputados siete concejales por un supuesto delito de prevaricación, el que ha puesto contra las cuerdas a un Ayuntamiento en el que solo tres ediles populares —entre ellos la primera teniente de alcalde, Reyes Leis— se salvan, hasta el momento, del ojo judicial. De ahí que, ante esta situación, y siempre apelando a la prudencia y a los tiempos de la Justicia, el PPdeG siga con lupa los acontecimientos para tomar decisiones cuando el momento así lo indique.
Y ese momento queda reflejado en los estatutos del partido , a los que Rueda se refirió para añadir que «serán aplicados sin ninguna duda». Según esta norma, la resolución final de un expediente disciplinario abierto a un afiliado que se enfrenta a un juicio oral termina, bien con la sentencia, o bien con el sobreseimiento del caso. Por ello, la dirección de los populares podría esperar a que finalizase el proceso —aún queda pendiente de resolver el recurso interpuesto por los ediles en la Audiencia Provincial— para tomar una decisión al respecto.
No obstante, las continuas tramas que han salpicado al Ayuntamiento durante estos escasos tres años de gobierno podrían forzar un desenlace previo, bien sea a través del cese de los siete implicados o directamente con la disolución de la corporación, algo que no gusta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente agotará todas las vías hasta tener que utilizar esa solución «traumática».
Un adiós en menos de un año
El embrollo judicial en el Concello santiagués empezó solo unos meses después de iniciar su mandato Conde Roa, que no retuvo ni un año el bastón de mando. Al exregidor se le cruzó por el camino la Agencia Tributaria, que le denunció por fraude fiscal al no declarar el IVA de la venta de 61 viviendas a través de su promotora inmobiliaria, causa por la que resultó condenado —ya fuera de la alcaldía, de la que dimitió en abril de 2012—, pero por la que no cumple condena al no tener antecedentes penales.
División interna
Su marcha, más allá de calmar las aguas, hizo visible la división interna dentro del grupo de gobierno. Pese a que Paula Prado —que después fue llamada por el partido para ocupar la portavocía del PPdeG— era su sucesora natural, fue finalmente Ángel Currás —favorito de Conde Roa— el elegido para relevarlo. Su nombramiento irritó al sector de Prado, enfrentado desde entonces con el alcalde, que a su vez reestructuró el gobierno otorgando las concejalías de peso a los suyos y las menos problemáticas a sus opositores. Pero el final de ese año y el inicio de 2013 no fue más alentador.
En diciembre saltaba la imputación de la edil Rebeca Domínguez en la «Pokemon», que había entrado para sustituir la plaza vacía de Conde Roa. A ella se sumaría, ya en enero y en la misma causa, el propio regidor. Y tras él vendría la detención de Albino Vázquez Aldrey —que dimitió tras ser puesto en libertad bajo fianza— y la imputación de Adrián Varela. Tanto Aldrey como Currás y Conde Roa serían llamados a declarar en calidad de imputados por acosar, supuestamente, a un policía local, causa ya sobreseída.
Imputación en bloque
La renuncia de Aldrey obligó a los populares a correr la lista de sustituciones hasta el puesto número 18. Una lista en la que están la diputada Marta González o el conselleiro Agustín Hernández por lo que, de cesar a los siete imputados en bloque por acordar pagar la defensa de Varela, el partido tendría que echar mano de personas externas a la candidatura.
Pero aunque «no es una situación fácil» para gobernar, la alternativa posible en Santiago tampoco acaba de cuajar. El PSdeG —que mantiene en sus filas a un edil imputado en la «Pokemon»—, carece de una cara visible para relanzar el proyecto en la ciudad, toda vez que Bugallo haya cambiado su silla consistorial por la de diputado. Y el BNG, mientras tanto, pide a la ciudadanía que sea ella quien se «rebele».
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