sanidad
Oltra afirma que el SIP para inmigrantes irregulares supone un «ahorro»
La vicepresidenta insiste en que «la atención primaria es infinitamente más barata que la atención en urgencias»
Oltra afirma que el SIP para inmigrantes irregulares supone un «ahorro»
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra , ha destacado este viernes que la cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular que lleven al menos tres meses empadronados en la Comunitat Valenciana es un "derecho humano básico", además de una medida de prevención ante posibles epidemias y de "ahorro", dado que "la atención primaria es i nfinitamente más barata que la atención en urgencias hospitalarias".
Oltra ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre la nueva iniciativa que la Conselleria de Sanidad pondrá en marcha a partir de este lunes. "Es una de esas medidas que da gozo estar en un Gobierno que las toma", ha celebrado.
Desde la próxima semana, la personas migrantes que han venido de otros países sin permiso de residencia y los autóctonos que se han ido de este país y se han quedado sin cobertura sanitaria, sean ciudadanos españoles o no, volverán a tener derecho a la tarjeta del Sistema de Información Poblacional (SIP) y a partir de lunes podrán a solicitar nuevamente esta tarjeta e iniciar el procedimiento para que se les asigne un médico de Atención Primaria.
Según Oltra, esto "es una medida ahorro" porque la atención primaria es más barata que las urgencias hospitalarias o "que nos encontremos con una epidemia descontrolada porque tenemos a gente que ha salido de la prevención", ya que al no tener derecho a la atención primaria, no hay "mecanismos tempranos de detección de focos de infección, sobre todo cuando estamos hablando de personas que vienen de países que tienen enfermedades extrañas aquí o que nuestra población puede ser más vulnerable".
En este sentido, la " Atención Primaria ahorra mucho gasto en urgencias hospitalarias o en un posible potencial problema de salud pública".
Así, además de ser un "complemento de los derechos humanos básicos", es también una " medida de salud pública racional y razonable porque los virus y las bacterias no llaman a la puerta y piden permiso el residencia", ha concluido.
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