política
Europa enfría la ofensiva de Canarias contra las prospecciones petrolíferas
La Comisión Europea descarta «intervenir» en los permisos de investigación de hidrocarburos autorizados a la compañía Repsol
Las instituciones competentes de la Unión Europea (UE), principales bazas internacionales, junto a la ONU, a las que han acudido el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y otras organizaciones para paralizar las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Estado español en aguas próximas a Canarias, no se muestran proclives a despachar las interpelaciones, quejas y denuncias a favor de sus autores.
Al menos, por el momento, es lo que se desprende de la cautelosa respuesta ofrecida por el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik , a la atribulada pregunta al respecto presentada por los eurodiputados socialistas Juan Fernando López Aguilar y Dolores García-Hierro el 16 de enero pasado.
«La Comisión no tiene motivos para intervenir en este momento », ha asegurado el comisario en nombre del organismo europeo, el mismo a quien el presidente del Ejecutivo canario cursó visita en Bruselas en junio del 2012 para trasladarle sus argumentos contra los sondeos otorgados a la compañía Repsol . Un desplazamiento que costó a las arcas autonómicas cerca de 10.000 euros, según avanzó este periódico.
«La Comisión ha examinado la información recabada en la investigación EU Pilot 3279/12», precisa Potocnik antes de centrar la cuestión planteada: «Las autoridades españolas han otorgado una concesión administrativa para la prospección de petróleo, es decir, para realizar un sondeo exploratorio, en aguas de las Islas Canarias. Ese tipo de proyecto no requiere una evaluación de impacto ambiental (EIA) con arreglo a la Directiva 2011/92/UE», informa Potocnik.
No obstante, si el sondeo exploratorio conduce a una solicitud de autorización de un «proyecto de producción» de petróleo , «las autoridades competentes tendrán que realizar una EIA antes de conceder tal autorización», prosigue.
La EIA debería identificar, describir y evaluar los efectos del proyecto en el medio ambiente y, en particular, los recursos naturales protegidos por la Directiva 92/43/CEE.
Consulta pública
Puntualiza que como parte de esa EIA debería abrirse un procedimiento de consulta pública para que cualquier persona interesada pueda presentar todos los elementos y documentos que obren en su poder que demuestren que el futuro proyecto podría tener un impacto ambiental negativo .
En esa línea, indica que "las autoridades españolas han confirmado que, en relación con ese proyecto, van a tenerse debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la UE . Por consiguiente, la Comisión no tiene motivos para intervenir en este momento".
Janez Potocnik aclara en su respuesta que España ha presentado la evaluación inicial prevista en la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y que, en la actualidad, la Comisión está examinando el informe y comprobando si los elementos notificados cumplen los requisitos de la Directiva y constituyen un marco adecuado para conseguir un buen estado medioambiental "de aquí a 2020".
Por otra parte, en el marco del expediente denominado "EU Pilot 3880", la Comisión "sigue investigando" supuestas infracciones de la Directiva 94/22/CE en relación con los permisos de las islas Canarias. "A su debido tiempo" , se informará de "su decisión a los denunciantes ", zanja en la respuesta.
.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete