El Supremo estudia el indulto de la mujer que quemó al violador de su hija

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de l Tribunal Supremo estudia hoy el recurso de María del Carmen García, la mujer que quemó vivo al violador de su hija en 2005 en Benejúzar (Alicante), contra la denegación del indulto por parte del Gobierno el pasado 19 de abril.

La mujer ingresó el pasado 8 de mayo en prisión después de que la Audiencia Provincial de Alicante rechazara suspenderle la condena de cinco años y medio de cárcel. La pena había sido rebajada por el Supremo al entender que concurría la eximente incompleta de trastorno mental transitorio, lo que implicaba imponer la pena inferior en dos grados por un delito de asesinato en concurso ideal con otro de lesiones.

Para la Audiencia el trastorno de la personalidad que alegó la condenada para no entrar en prisión «no impide la ejecución de la pena privativa de libertad, pues ni es un padecimiento incurable ni se ha justificado que la enfermedad que padece pueda verse agravada o ser de imposible tratamiento en prisión».

Añadía este tribunal que María del Carmen no se encontraba en una situación que pueda considerarse de «enfermedad muy grave con padecimientos incurables» que le impidieran cumplir su pena.

La hija y el esposo de María del Carmen García pidieron su indulto, que fue denegado por el Consejo de Ministros en abril del año pasado, aunque el abogado de la condenada interpuso un recurso contra esa decisión ante el Supremo, que deberá resolverlo hoy, aunque el fallo podría conocerse en los próximos días.

El Supremo resolverá el recurso, previsiblemente, atendiendo a la corrección de la tramitación del asunto por parte del Ejecutivo desde el punto de vista del procedimiento, mientras que en cuanto al fondo del asunto, la jurisprudencia del alto tribunal ha señalado anteriormente que el indulto es una facultad del Gobierno y que la denegación del mismo no necesita motivación.

El letrado de la mujer ha informado de que ella sufre un trastorno adaptativo mixto desde la violación de su hija, ocurrida en 1998 cuando la víctima tenía 13 años. Por ello, su abogado pidió la suspensión de la pena al alegar que su encarcelamiento sería «palmariamente desestabilizador» para «su estado psíquico y físico a causa de su grave enfermedad mental» que, según el letrado, es «incurable».