La vicepresidenta de Ecuador impugna su cese y abre una crisis en plena Cumbre Iberoamericana

Con su decisión de encargar la vicepresidencia, luego de que el Ministerio del Trabajo suspendiera a Verónica Abad, Noboa ha logrado unanimidad entre los constitucionalistas que hablan de rompimiento del orden constitucional, ya que solo la Asamblea Nacional puede destituir al presidente y vicepresidente del país, y no el Ministerio del Trabajo que, en contradicción con lo que establece la propia Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), ha suspendido a la vicepresidenta por 150 días y sin remuneración.

Del lado político la oposición ha cerrado filas y en la Asamblea, de mayoría opositora, se escudriñan las fórmulas para lograr alguna salida expedita, porque los juicios políticos a la canciller, Gabriela Sommerfeld, y a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, planteados por la propia vicepresidenta cesada, por medio de sus abogados, tienen un orden establecido, y unos plazos que hay que cumplirlos, y todos superan los 150 días tiempo de la sanción impuesta.

La tarde de este miércoles la Asamblea Nacional tratará el caso de Abad a petición de algunos bloques, cuyos voceros han criticado la sanción a la segunda mandataria, así como el encargo de la Vicepresidencia a Sariha Moya, titular de la Secretaría de Planificación (Senplades), hecha el lunes por el presidente Noboa, al punto de que algunos bloques como Construye, han dicho no la reconocen como vicepresidenta.

Nadie en el país puede afirmar a ciencia cierta qué causó el distanciamiento entre Noboa y Abad, pero los ecuatorianos son testigos que ya en la segunda vuelta no hicieron campaña juntos, y que el día que asumieron sus funciones, evitaron hasta mirarse, y que Abad no fue invitada a la recepción que ofreció el presidente en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, sino que fue a almorzar en un mercado de Quito con sus simpatizantes. La ojeriza entre los más altos dignatarios es tal que la vicepresidenta ni siquiera asoma en la foto oficial en la que Noboa posa con su Gabinete ampliado, el primer día de gestión, por lo cual no habrá registro en el archivo histórico.

Tras esos hechos, no llamó tanto la atención que Noboa la enviara de embajadora a Israel, haciendo uso de una prerrogativa de la Constitución que determina que el vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el presidente, además de reemplazarlo en ausencia temporal o definitiva. Y, aunque era la primera vez que ocurría en el país, fue recibido como «normal»; pero Abad declaró: «El presidente me quiere lejos».

A poco tiempo de su llega a Tel-Aviv, el hijo de Abad fue detenido en su casa en Cuenca, acusado por presunta oferta de tráfico de influencias; procesado en Quito y llevado a la cárcel La Roca, en Guayaquil, la de mayor seguridad del país. Abad habló de persecución, y, poco después, denunció al presidente Daniel Noboa y a otros tres altos cargos del Gobierno, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por supuesta violencia política de género.

«Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y las acciones del presidente asuma el poder», había dicho sin ambages el entonces viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres. Mientras, que una asesora de Noboa había expresado su asombro porque Abad «no dejó la embajada para apoyar a su hijo procesado».

Tras las denuncias puestas por Abad en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ella también fue denunciada, y, cuando los plazos de los pronunciamientos estaban por salir, una insólita operación política cambió la correlación de fuerzas en ese Tribunal. Los integrantes a quienes se considera cercanos al Gobierno se 'autoconvocaron' y destituyeron al presidente Fernando Muñoz, a quien acusan de haber cometido errores en la administración del TCE, y de quien se especulaba archivaría la denuncia contra Abad. La semana pasada, ese organismo multó a la vicepresidenta Abad por «infracción electoral».

Observadores comentaron a ABC que si los recursos constitucionales que ha planteado la vicepresidenta Abad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también en Ecuador no son resueltos con brevedad, transcurridos 90 días dejaría de ser vicepresidenta, porque la ley solo autoriza ausencia temporal de máximo tres meses. Así, haberla sancionado con 150 días habría sido otra trampa, ya que Noboa podría enviar una terna a la Asamblea para que escojan nueva vicepresidenta para que culmine el período. Pero el precedente sería de alto riesgo.