Venezuela: entre la polarización y la implosión social

La represión alcanzó su punto álgido en 2017, con protestas masivas sofocadas brutalmente, dejando un trágico saldo de muertos y detenidos. La economía se hundió en una espiral de hiperinflación y escasez, agravando la crisis humanitaria y empujando a millones de venezolanos al éxodo. Este movimiento migratorio se convirtió en uno de los mayores de la región, desintegrando familias y sumiendo a la nación en la pobreza y la desesperanza.

La lucha por el poder en Venezuela continúa, pero el coste ha sido devastador. Mientras la clase política sigue enfrascada en su batalla, los venezolanos sufren las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin.

En diciembre de 2015, Venezuela se encontraba en un momento crucial. Tras dieciséis años de dominio chavista, primero bajo Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, la oposición venezolana, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), logró una victoria contundente en las elecciones legislativas. Más de trece millones de venezolanos, con una participación superior al 70%, acudieron a las urnas y otorgaron a la oposición dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional. Este triunfo, que parecía anticipar el fin de la era chavista, se reveló, con el tiempo, como un espejismo.

«Debe venir una nueva etapa de la Revolución Bolivariana», afirmó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en un tono inusualmente conciliador, al aceptar la derrota del chavismo en esas elecciones parlamentarias.

En 2017, la oposición salió masivamente a las calles para protestar contra la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Maduro, calificándola de ilegal. La Asamblea Nacional legítima, elegida por más de siete millones de venezolanos, fue disuelta mediante un decreto que la declaraba en desacato, transfiriendo sus funciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para «velar por el estado de Derecho».

Un puñado de funcionarios asociados al chavismo, como la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, se manifestaron en contra de las decisiones del gobierno, mientras la oposición y una gran parte de la comunidad internacional condenaban la represión contra los manifestantes. Estas protestas, que pretendían forzar al gobierno a negociar la restauración de la democracia, resultaron en la muerte de más de 127 personas debido a la violenta represión de los escuadrones antidisturbios de la Fuerza Pública.

Venezuela va a las urnas (I)

Elecciones en Venezuela: de la muerte de Chávez A la crisis

ÁLVARO YBARRA ZAVALA Y JORGE BENEZRA

La MUD, que en su momento fue una alianza sólida de más de doce partidos, se fracturó tras el fracaso de la campaña de protestas callejeras llevada a cabo entre abril y julio de ese año.

La represión de las protestas de 2014, la convocatoria fuera de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y la respuesta violenta del Estado contra los manifestantes llevaron a gran parte de la comunidad internacional a imponer sanciones económicas contra funcionarios del chavismo. Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, anunció sanciones contra las instituciones políticas y financieras del gobierno de Maduro, e incluso consideró una «opción militar» en Venezuela.

El oficialismo interpretó estas medidas como un «bloqueo» y las culpó de la crisis económica nacional. Sin embargo, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, ha habido más de 100.000 protestas en Venezuela de naturaleza política, económica y especialmente en reclamo por la violación de derechos ciudadanos, en las últimas dos décadas.

Finalmente, Maduro fue reelegido en las elecciones presidenciales de mayo de 2018, los comicios de más baja participación, prácticamente sin oposición, con un amplio margen sobre candidatos independientes, ya que la oposición no participó, tachándolos de ilegales y fraudulentos por haber sido convocados por la Asamblea Constituyente oficialista.

A pesar de ello, el sucesor de Chávez asumió su segundo mandato presidencial, pero la mayoría de los países de la región se negaron a reconocerlo, lo que llevó en 2019 a la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como «presidente interino» del país, con el reconocimiento de unos 50 países, incluidos Estados Unidos.

El ambiente de represión y sanciones precipitó una implosión social y económica sin precedentes en el país, provocando una migración masiva. Alrededor de 7,2 millones de venezolanos han emigrado, según la plataforma de cooperación interagencial para refugiados y migrantes conocida como R4V.

Este éxodo masivo fue el resultado de la hiperinflación, la escasez crónica de productos básicos, la disminución de las oportunidades de empleo y el colapso de la infraestructura.

Venezuela pasó de ser uno de los seis países con mejor desempeño en materia de seguridad alimentaria a ser el segundo con peor desempeño, después de Haití, en el período 2019-2021, con una cifra de 22,9% de Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS).

Esto significa que al menos 6,5 millones de venezolanos padecieron hambre entre 2019 y 2021, una cifra que representó casi la cuarta parte de la registrada en toda Sudamérica.

El sistema de salud colapsó. Enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la difteria, el sarampión, la tuberculosis y la malaria, resurgieron y asolaron a la población debido a una nutrición deficiente y al debilitamiento del sistema inmunológico de los ciudadanos.

En este contexto, el país pasó de ser una nación próspera, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, a un estado fallido, donde las necesidades básicas de la población no podían ser satisfechas. Las largas colas en los supermercados, la falta de medicinas y los apagones frecuentes se convirtieron en parte de la vida cotidiana de los venezolanos.

La hiperinflación, que alcanzó niveles astronómicos, hizo que el bolívar perdiera casi todo su valor, obligando a muchos a recurrir al trueque o a utilizar monedas extranjeras para sobrevivir. La economía informal floreció en un entorno donde las instituciones tradicionales colapsaron.

La crisis humanitaria también afectó profundamente a la educación. Las escuelas y universidades, sin recursos y con profesores mal pagados, vieron disminuir su capacidad para educar a las nuevas generaciones. Muchos niños abandonaron las aulas para ayudar a sus familias a buscar comida o ingresos alternativos.

A pesar de las adversidades, la resistencia de los venezolanos se manifestó de múltiples formas. Desde pequeñas iniciativas comunitarias hasta movimientos de protesta, la sociedad civil luchó por mantener un atisbo de normalidad y dignidad en medio del caos. Las redes de solidaridad se tejieron entre vecinos y familiares, mostrando un espíritu de supervivencia y esperanza.

Internacionalmente, la situación en Venezuela se convirtió en un tema de debate y preocupación constante. Los organismos humanitarios intentaban mitigar el sufrimiento de la población, mientras que las potencias mundiales dividían sus apoyos entre Maduro y la oposición liderada por Guaidó. Las sanciones, aunque destinadas a presionar al gobierno, también contribuyeron a agravar la situación para el ciudadano común.