El uroboros de la censura en China: autoridades locales contra medios oficiales

La deflagración tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el pueblo de Yanjiao, treinta y cinco kilómetros al este de Pekín. Imágenes de lo sucedido muestran una bola de fuego naranja, cuya onda expansiva arrancó la fachada de varios edificios adyacentes, seguida de una densa nube de humo negro. Las pesquisas ya han comenzado, aunque todo apunta que el origen podría estar en un escape de gas en un restaurante de pollo frito.

Una periodista de la televisión estatal CCTV retransmitía en directo desde el lugar de los hechos cuando fue interrumpida por dos hombres vestidos de negro que bloquearon la cámara. Otro vídeo compartido en redes sociales muestra a una docena de agentes forcejeando con una segunda reportera.

Dichas imágenes se han viralizado, abriendo un revelador debate sobre el derecho a la información. «Si ni siquiera los reporteros de la CCTV tienen la posibilidad de informar con veracidad sobre el terreno, entonces tengo muchísimo miedo», escribía una usuaria de Weibo, red social china similar a Twitter. «Hasta el presentador en el estudio estaba perplejo y el invitado parecía estupefacto. Imagino que no esperaban que incluso los reporteros de la CCTV pudieran ser tratados así», apuntaba otro. En la tarde del martes, los vídeos y los comentarios todavía eran accesibles en la plataforma y no habían sido borrados por la censura, práctica habitual ante controversias similares.

La discusión ha alcanzado tal magnitud que la Asociación de Periodistas de Toda China –ACJA, por sus siglas en inglés– publicaba ayer por la noche un comunicado oficial criticando a las autoridades locales. Su texto estaba estructurado a partir de tres preguntas: «¿Deben los periodistas realizar entrevistas? ¿Los reporteros están causando problemas? ¿Puede un comunicado de prensa realmente sustituir a la actividad sobre el terreno?». Sí, no, no; venía a decir el organismo.

«Ante un incidente de seguridad pública tan importante, el público espera ansiosamente más información. Los periodistas, al emplear sus cámaras profesionales para documentar las condiciones reales del desastre y los esfuerzos de rescate, pueden responder a las preocupaciones del público y evitar la propagación de rumores», defendía la ACJA.

«Por lo tanto, después de que ocurran emergencias importantes, las autoridades pertinentes no solo deben llevar a cabo operaciones integrales de búsqueda y rescate, tratar a los heridos de manera oportuna, minimizar las víctimas, evacuar adecuadamente a las personas afectadas y garantizar los medios de vida básicos de las masas. También es necesario facilitar las entrevistas de los reporteros, y no es aceptable obstaculizar simple y crudamente a los periodistas en el desempeño de sus funciones para controlar la opinión pública».

El Gobierno del condado, en efecto, ya ha expresado su propósito de enmienda. «A medida que avanzaban las labores de rescate, el grupo de expertos del centro de mando, tras comprobaciones profesionales, descubrieron un riesgo de fuga y recomendaron que todo el personal ajeno fuera evacuado más allá del cordón de seguridad», han aducido las autoridades según declaraciones recogidas por el tabloide 'Global Times'. «Debido a las escasas habilidades de comunicación de los operarios de primera línea y a sus métodos toscos y simples, hubo malentendidos y surgió un escrutinio público alrededor de los reporteros, lo que provocó efectos sociales adversos», concluía.

Semejantes reacciones nunca se han producido ante episodios similares vividos por medios extranjeros, en parte porque la mayoría, entre ellos ABC, están censurados y por tanto resultan inaccesibles desde el país. Hace dos semanas, sin ir más lejos, el Club de Corresponsales Extranjeros de China emitía un comunicado en respuesta a la agresión y detención de periodistas holandeses que cubrían una manifestación ante una sucursal bancaria en la ciudad de Chengdu. «Este incidente se produce en medio de informes generalizados de miembros del Club sobre un creciente acoso y obstrucción en toda China mientras intentan cumplir con la función, legalmente protegida, de informar sobre el país».