El Tribunal Constitucional avala los indultos del presidente Gabriel Boric

El fantasma de los trece indultos entregados por el presidente Gabriel Boric en Año Nuevo sigue penando a esta Administración. Además del impacto que ello provocó en las encuestas sobre la imagen del mandatario, la oposición mantiene su ofensiva para que la medida se revierta.

Este martes, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inconstitucionalidad hecho por los senadores de la derecha, que buscaba establecer que seis de los indultos entregados a presos de la revuelta de 2019 y uno a un exterrorista no estaban correctamente fundados como exige la ley.

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El organismo revisor, con mayoría de centroizquierda, rechazó por cinco contra tres votos, la solicitud de los parlamentarios, avalando así lo obrado por el mandatario. Aún no se conocen los fundamentos del fallo.

Los senadores intentaron que el Ejecutivo informara si el presidente estaba al tanto de que seis de los indultados por delitos en el estallido social tenían un largo prontuario delictual. El proceso, que llevaba ya casi dos meses en el TC, implicó que se conocieran las fichas de esos condenados y, principalmente, los informes de Gendarmería que no recomendaban el indulto por su alto compromiso delictual y probabilidad de reincidencia.

El Gobierno ha navegado con dificultad en esta crisis por cuanto el mismo presidente Boric reconoció «desprolijidades» (descuidos) en el proceso y aceptó la renuncia de la ministra de Justicia, y la vocera Camila Vallejo afirmó en enero, que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes «la situación habría sido distinta».

En las últimas semanas, para sostener la legalidad de los indultos, la Administración ha asegurado que todos los antecedentes, incluidos los informes de Gendarmería, estaban en la carpeta de cada beneficiado, pero no han despejado aún si el presidente tuvo acceso a ellos. Y en abierta contradicción con Boric y Vallejos, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el presidente contaba con toda la información al momento de decidir.

Esta última postura ha sido señalada por el Gobierno para defender la legalidad de los indultos en el TC, pero surge la interrogante de que, de ser cierto, no habría explicación para la salida de la ministra y la afirmación sobre «desprolijidades».

El TC, compuesto por ocho miembros, se enfrascó en horas de la mañana en un acalorado debate sobre sí correspondía ver el tema de los indultos por no estar en tabla. La presidenta Nancy Yáñez, entonces, citó a una sesión extraordinaria.

Además, se ha planteó una suerte de inhabilidad de la presidenta del TC por su cercanía con el exjefe de gabinete del presidente, su asesor Matías Meza-Lopehandía, quien fue uno de los responsables del tema y debió dejar su cargo junto con la ex ministra de Justicia.

El lunes, el expresidente Ricardo Lagos declaró a un vespertino que «no entiendo como Jorge Mateluna (exterrorista) fue indultado de nuevo» porque él le había dado ese mismo beneficio en 2003.

En paralelo, la oposición logró que en la Cámara de Diputados se conforme una comisión investigadora para determinar las responsabilidades políticas de este hecho.

Los indultos generaron la segunda mayor crisis de Boric (la primera fue el rechazo de la propuesta constitucional) porque el presidente aseguró que los jóvenes indultados «no eran delincuentes», cuestión que resultó falsa y porque se enfrentó con la Corte Suprema al afirmar que tenía la convicción personal de que Mateluna era inocente, lo que llevó al máximo tribunal que ellos son los únicos que pueden impartir justicia.