Sunak advierte que ninguna corte internacional va a detener los vuelos de inmigrantes deportados a Ruanda

Fue a las diez de la mañana cuando el juez Lord Reed, presidente del Supremo, detalló que consideran ilegal el plan ya que el país africano tiene un historial deficiente en materia de derechos humanos, y que además existen preocupaciones sobre la libertad política y de los medios de comunicación, una evidencia que plantea dudas sobre su capacidad de cumplir con sus obligaciones internacionales. El juez dictaminó que, según acordaron de forma unánime él y sus cuatro compañeros del tribunal, hay motivos fundados para creer que los refugiados enviados al país podrían correr el riesgo de ser devueltos a los lugares de los que huyeron originalmente.

En la parte final del fallo, el presidente del Supremo aseguró que «la prueba legal que debe aplicarse en este caso es si hay motivos fundados para creer que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda correrían un riesgo real de devolución (a sus países de origen)» y «a la luz de las pruebas, el Tribunal de Apelación concluyó que existían tales motivos» y «habiendo examinado nosotros mismos las pruebas, estamos de acuerdo con su conclusión».

El juez hacía así referencia a que el pasado junio un tribunal de apelación ya había declarado ilegal el plan, argumentando que el país africano «no es un lugar seguro». Los jueces concluyeron en aquel momento que la expulsión de solicitantes de asilo a ese país es ilegal hasta que se realicen cambios en el sistema de asilo, una sentencia que revocó la del Tribunal Superior de Justicia de diciembre de 2022 que declaraba procedente la medida, que fue anunciada por el Gobierno en abril de ese año.

«Aceptamos la afirmación del ministro del Interior de que el Gobierno ruandés celebró el acuerdo de buena fe y que la capacidad del sistema ruandés para producir decisiones precisas y justas puede desarrollarse y se desarrollará», señaló Reed. «Sin embargo, al preguntarnos si había motivos fundados para creer que existía un riesgo real de devolución en el momento pertinente, hemos llegado a la conclusión de que sí», dijo, y agregó que «los cambios necesarios para eliminar el riesgo de devolución pueden implementarse en el futuro, pero no se ha demostrado que estén implementados ahora». «Por lo tanto, se desestima el recurso del ministro del Interior», zanjó.

El fallo supone un varapalo para el Gobierno de Sunak, cuya medida estrella para controlar la inmigración ilegal era precisamente esta. De hecho, en este momento, alrededor de 370 inmigrantes que llegaron a territorio británico a través del Canal de la Mancha están listos para ser enviados a Ruanda, al ser elegibles para la expulsión, según el Gobierno, ya que provenían de un tercer país seguro.

Sunak avanzó que introducirá una legislación de emergencia para garantizar que su plan para Ruanda funcione y advirtió que «los vuelos partirán en primavera tal y como estaba previsto». Además, defendió que está ya trabajando en un «nuevo tratado internacional con Ruanda» que demuestre que el país se seguro y que ofrezca garantías jurídicas para proteger a cualquier solicitante de asilo de la expulsión del país africano. «Esto proporcionará una garantía legal de que aquellos que sean reubicados desde el Reino Unido en Ruanda estarán protegidos contra la expulsión, y dejará claro que traeremos de regreso a cualquiera si así lo ordena un tribunal».

«Finalizaremos este tratado a la luz de la sentencia de hoy y lo ratificaremos sin demora», avisó el premier, que sacó pecho diciendo que está «cumpliendo» su promesa de detener el número de embarcaciones que llegan a las costas británicas por el canal de La Mancha y que el nuevo tratado conseguirá tranquilizar a los tribunales. «Eliminaremos las barreras restantes», afirmó.

Yvette Cooper, responsable de Interior del Partido Laborista, afirmó que la política con respecto a Ruanda ha «fracasado completamente» e instó al Gobierno a «detener sus estrategias ineficaces». El fallo fue recibido con beneplácito por la agencia de refugiados de la ONU, que expresó «profunda preocupación acerca de la 'externalización' de las obligaciones de asilo» y por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que también mostró en repetidas ocasiones su oposición a la medida, a la que calificó de «moralmente inaceptable».