La sucesión de Lesmes, el próximo escollo de un CGPJ herido

Si el informe que Lesmes encargó hace unas semanas a un letrado del Consejo sobre su eventual sustituto ya encendió los ánimos de los vocales por «imponerles» un presidente sin contar con ellos, la formalización, ayer, de su renuncia ante el Rey y ante el Gobierno es un caramelo envenenado.

En esa comunicación, además de trasladar su voluntad de cesar de forma inmediata en las funciones que le corresponden, Lesmes deja constancia de que «ante la imposibilidad legal de proceder al nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según disponen los artículos 570.2 y 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se activará el mecanismo de sustitución del presidente previsto en la ley».

Se trata precisamente de los preceptos que Lesmes mandó interpretar en el polémico informe que concluyó que, tras su cese, tenía que ocupar su puesto el presidente de Sala más antiguo del Supremo, Francisco Marín Castán, sin que fuera posible la bicefalia que sí hubo tras la dimisión de Carlos Dívar, cuando el vocal Fernando de Rosa asumió la presidencia del CGPJ y Juan Antonio Xiol la del TS.

La situación actual es más farragosa porque en este caso no hay vicepresidente que pudiera ocupar el puesto de Lesmes hasta que el CGPJ se renueve: Ángel Juanes fue su segundo durante los primeros años de mandato del Consejo, pero ya está jubilado y la duda que se planteaba era si, en su ausencia, había que buscar un sustituto para CGPJ y Supremo a la vez o si, por contra, tenían que ser dos, uno para el Alto Tribunal y otro para el órgano de gobierno de los jueces. Esta segunda opción es la que defienden varios vocales del Consejo y por la que piensan pelear en el Pleno del próximo jueves. Defenderán así que el presidente del órgano sea el vocal de más edad del CGPJ, el progresista Rafa Mozo.

Son precisamente magistrados de este bloque -Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Roser Bach y el propio Mozo- quienes han introducido en el orden del día de ese Pleno un punto referido a la «valoración y, en su caso, decisiones que legalmente procedan, del Pleno tras el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial».

Entienden estos vocales que debatir sobre el sucesor de Lesmes es una decisión que les corresponde a ellos, que el informe que el presidente encargó carece de valor jurídico alguno y que la elección del sucesor de Lesmes no es en sí un nombramiento, sino una decisión del Pleno que no se les puede arrebatar.

En el centro del debate, el malestar que supuso para un gran número de vocales que Lesmes les ignorara y sometiera un asunto que compete al Consejo -su sustitución- al conocimiento de la Sala de Gobierno del Supremo antes que a la del Pleno del Consejo, cuyos vocales, por cierto, se enteraron el domingo de su dimisión por la prensa.

Y es que el apoyo de los magistrados del Alto Tribunal a Lesmes desde que éste amenazó con su dimisión ha sido incondicional. Ayer mismo manifestaban su «más profundo pesar y el de todos lo magistrados del Tribunal Supremo por la situación sin precedentes en la experiencia constitucional de España».

«El incumplimiento ya por casi cuatro años por el Congreso de los Diputados y por el Senado de su obligación de designar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (...) y la imposibilidad de que mientras tanto este último efectúe nombramientos discrecionales, no sólo están llevando en particular al Tribunal Supremo a una situación límite, sino que están suponiendo, además la deslegitimación del propio Consejo General del Poder Judicial, perjudican la imagen del Poder Judicial y afectan gravemente a la misma Constitución», señala el acuerdo, en el que se insta, además a poner fin a «este desastre institucional».

Precisamente en el Pleno del jueves está previsto que también se vea el estado de las negociaciones para la renovación de los magistrados del TC, un asunto queLesmesquería haber dejado resuelto y que no pudo conseguir por falta de apoyos. El ya expresidente del Supremo estaba dispuesto a ofrecer su voto y el del también conservador Wenceslao Olea a los ocho progresistas si conseguían dos más del bloque conservador que permitieran sacar adelante los nombramientos con mayoría de tres quintos, es decir, doce votos. Ahora, a raíz del acuerdo sellado entre Gobierno y PP, la renovación del TC y la del propio CGPJ podrían abordarse a la vez.