El laborista Starmer, al estilo de Trump: dispara las deportaciones y detenciones de inmigrantes en el Reino Unido
El actual Gobierno aumenta las expulsiones un 25% y los arrestos un 38%, mientras difunde en las redes sociales vídeos para mostrar su mano dura
«Para reconstruir la confianza del público en el sistema de inmigración, debemos demostrar que las normas se respetan y se aplican», dice la ministra del Interior
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Después de las impactantes imágenes que llegaron desde el Estados Unidos de Donald Trump, que muestran imágenes de personas migrantes esposadas de pies y manos mientras son deportadas, ahora el Reino Unido presenta su propia versión de las deportaciones masivas, bajo el gobierno del ... laborista Keir Starmer. En una maniobra inesperada para algunos, pero predecible para otros, el primer ministro ha optado por una política de inmigración severa, en línea con sus predecesores conservadores.
El Ministerio del Interior británico, de hecho, se sumó al guion estadounidense con la publicación en redes sociales, por primera vez, de imágenes de vuelos de deportación con el fin de proyectar una postura firme sobre la defensa de las fronteras del país. «Para reconstruir la confianza del público en el sistema de inmigración, debemos demostrar que las normas se respetan y se aplican», declaró la ministra del Interior, Yvette Cooper, justificando el endurecimiento de las medidas.
Desde la llegada de Starmer al poder el 5 de julio de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, el Reino Unido ha llevado a cabo 5.074 deportaciones forzosas, sin opción de salida voluntaria, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el año anterior.
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Entre los deportados, 2.925 eran delincuentes extranjeros, es decir, migrantes con antecedentes penales o condenas en el Reino Unido. Sin embargo, el total de retornados es mucho mayor: 18.987, incluyendo solicitantes de asilo rechazados, criminales e inmigrantes en situación irregular. La diferencia con las deportaciones forzosas es que dentro de esta cifra, muchas personas pueden haber salido voluntariamente con incentivos del Gobierno, de hasta 3.000 libras esterlinas para reasentarse en su país de origen.
Esta cifra es la más alta desde 2018 y se suma a los cuatro mayores vuelos de deportación en la historia del Reino Unido, que han transportado a más de 850 personas a distintos destinos en África, Asia, Europa y América del Sur. Además, el Gobierno ha organizado un total de 39 vuelos chárter en los últimos siete meses, una cifra sin precedentes en los últimos años.
El endurecimiento de la política migratoria no se ha limitado a las deportaciones. Desde julio, se han llevado a cabo 5.424 operativos de cumplimiento migratorio, como inspecciones en lugares de trabajo o espacios públicos para identificar personas en situación migratoria irregular, que se saldaron con 3.930 arrestos, un incremento del 38% en comparación con el año anterior. Tan sólo en enero de 2025 se registraron 609 detenciones de trabajadores indocumentadas, la cifra mensual más alta desde que comenzaron a recopilarse datos en 2019.
El control se ha extendido a los negocios sospechosos de emplear inmigrantes irregulares, con 828 redadas en enero, un aumento significativo respecto a las 556 del mismo mes en 2024 y las 171 de 2019. En algunas de estas intervenciones fueron confirmadas condiciones de explotación laboral, con migrantes viviendo en espacios hacinados, trabajando jornadas extenuantes por salarios ínfimos y siendo sometidos a condiciones inhumanas.
El aumento en las deportaciones y las redadas responde a una estrategia política bien calculada. Las encuestas recientes indican que el Partido Laborista podría perder escaños clave en favor de Reform UK, la formación de Nigel Farage, si no adopta una postura más dura en materia de inmigración. De hecho, un grupo de 40 diputados laboristas del llamado «Muro Rojo» ha instado al Gobierno a endurecer su discurso para frenar la amenaza electoral de Reform UK, que ha capitalizado el descontento popular con el sistema de asilo.
Ante esto, Angela Eagle, responsable de Seguridad Fronteriza y Asilo, defendió la decisión de publicar imágenes de las redadas: «Es importante que mostremos lo que estamos haciendo y enviemos un mensaje claro a quienes han sido engañados sobre las oportunidades en el Reino Unido. Quienes llegan de manera irregular terminan en trabajos precarios, con condiciones deplorables y siendo explotados por redes criminales. Esto no es compasión, es explotación».
La difusión de estas imágenes ha desatado un acalorado debate. Mientras que sectores conservadores y nacionalistas ven en ellas una muestra de responsabilidad gubernamental, los grupos de derechos humanos y políticos progresistas han condenado la estrategia.
Carla Denyer, colíder del Partido Verde, criticó duramente la medida: «Este Gobierno laborista ha alcanzado nuevas cotas de crueldad con su plan de exhibir imágenes de personas detenidas y deportadas. Es indignante que Starmer esté imitando la retórica de Reform UK».
La organización Liberty ha advertido que estas políticas criminalizan aún más la inmigración y socavan los derechos humanos. «El Gobierno está utilizando tácticas de propaganda para justificar medidas represivas que sólo exacerban la explotación y el sufrimiento de los más vulnerables», denunciaron en un comunicado.
Por su parte, la ministra Cooper ha insistido en la necesidad de estas medidas. «Durante demasiado tiempo, los empleadores han podido contratar y explotar a inmigrantes ilegales sin consecuencias. No sólo es una injusticia para los trabajadores, sino que también debilita nuestra economía y fomenta la inmigración irregular», declaró ante el Parlamento.
Cooper también destacó que el Reino Unido ha lanzado una campaña en redes sociales en Vietnam y Albania para disuadir a la gente de viajar ilegalmente a territorio británico. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes: en los últimos siete días, 259 personas han cruzado el Canal de la Mancha en botes, poniendo en evidencia que el problema de la migración irregular está lejos de resolverse.
El Gobierno también ha impulsado el proyecto de ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, que actualmente se debate en la Cámara de los Comunes. Entre sus propuestas se encuentra la introducción de penas de hasta 14 años de prisión para quienes vendan o manejen partes de embarcaciones utilizadas en cruces ilegales y de hasta cinco años para aquellos que pongan en peligro la vida de otros en el mar. Además, se otorgarán a la policía y a las agencias de aplicación de la ley nuevos poderes para incautar y examinar dispositivos electrónicos sospechosos de contener información sobre el crimen organizado de tráfico de personas.
Organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de Rescate han acogido con satisfacción la intención del Gobierno de reformar el sistema de asilo, pero han instado a que se establezcan rutas seguras para los refugiados que huyen de conflictos y persecuciones.
La tensión dentro del propio Partido Laborista también es palpable, con miembros más progresistas criticando la dureza de estas políticas. «Esto no es lo que prometimos a nuestros votantes», expresó de forma anónima un parlamentario laborista a un medio local. «Nos dijeron que habría un sistema más humano, pero lo que estamos viendo es la continuación de la política tory con otro rostro».
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