Scholz cierra con la derecha un gran pacto de Estado en Alemania contra la inmigración ilegal

Antes de que la ley haya sido aprobada esta mañana (miércoles) por el Consejo de Ministros, el canciller pidió ayer a través de una carta al líder de la posición que apruebe su contenido. «Es importante que el Gobierno federal, los Bundeslander y la oposición participen conjuntamente en una reducción significativa de la migración irregular a Alemania», dice la misiva, con la que Scholz espera dar una gran respuesta de Estado a una realidad que desborda a la administración alemana.

Se estima la llegada de 300.000 refugiados en 2023, además del millón y medio de ucranianos que han buscado protección en este país. «Los ciudadanos de nuestro país esperan, con razón, que el número de personas que acuden a nosotros sin ninguna perspectiva de derecho a quedarse disminuya rápida y significativamente», ha justificado Scholz, que también ha consensuado las medidas en el marco de la Conferencia de Presidentes Regionales.

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La medida más destacada de la nueva ley es la ampliación del tiempo de detención preventiva, antes de la deportación, desde los actuales 10 a los 28 días. Las deportaciones de las llamadas «personas toleradas», que no tienen derecho a asilo pero demuestran problemas de salud, amenaza aguda en su país de origen o porque un estado se niega acogerlas, ya no serán anunciadas. En la búsqueda de deportables, se permitirá a la Policía entrar en domicilios diferentes al declarado por la persona en cuestión y, en caso de que la persona no disponga de pasaporte o documentación de identidad, se permitirá a la Policía evaluar su teléfono móvil para establecer su identidad.

Se prevén inspecciones sin previo aviso por parte de la Policía de inmigración y los miembros de organizaciones criminales, así como los traficantes de personas, podrán ser deportados de manera automática. Hasta el momento, si un traficante de personas era detenido en la frontera, mientras intentaba introducir ilegalmente a inmigrantes en el país, tenía la posibilidad de solicitar asilo y entrar en el proceso legal que ello conlleva mientras el Estado alemán le pagaba la vivienda, facturas básicas, sanidad, aprendizaje del idioma y dinero de bolsillo. Optaba incluso a políticas re reunificación familiar. Lo que no permite esta nueva ley son las deportaciones sin previo aviso de familias con niños menores de doce años.

Una vez salida del consejo de ministros, la Ley será sometida a votación en el Bundestag. Es posible todavía la introducción de enmiendas por parte de la CDU, como un artículo que determine que el antisemitismo penalmente relevante sea motivo legal para la deportación o que se amplíe la lista de países considerados seguros.

La oposición pone el foco en los «centros de tránsito», en lo que se examinan en primera instancia las perspectivas de permanencia, situados en las fronteras alemanas, y también en la seguridad de las fronteras exteriores de la UE. El exministro de Sanidad Jens Spahn ha declarado que es ahí donde los inmigrantes ilegales deben ser detenidos «si es necesario por la fuerza».

La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, que ha explicado los detalles de la Ley en rueda de prensa, ha calificado de «necesario» el proyecto de ley, para agilizar las deportaciones y con el fin de cumplir con la «responsabilidad humanitaria» hacia quienes necesitan protección. «Aquellos que no tienen derecho a quedarse deben abandonar nuestro país», ha dicho, abriendo la veda de una «lucha máxima contra el contrabando brutal, despiadado y sin escrúpulos» de inmigrantes.

Se aumentan las penas mínimas y máximas para el tráfico de personas y se estima que serán necesarios 50.000 trabajadores adicionales para llevar a cabo las medidas que establece la ley. Aunque uno de los miembros de la coalición de gobierno, Los Verdes, han expresado críticas al proyecto, la ministra ha zanjado que «esta no es una decisión de Faeser, es una decisión del Gobierno Federal».