Reino Unido anuncia 2.200 millones más para defensa y recortes en funcionarios y ayudas sociales

En un contexto marcado por el débil crecimiento económico, la presión inflacionaria aún persistente y la incertidumbre internacional, Reeves admitió que el margen fiscal del Gobierno se ha estrechado desde el presupuesto de otoño. El deterioro de los ingresos fiscales y el aumento de los costes de endeudamiento, agudizados por aumento de «la incertidumbre global», que los analistas interpretan como una alusión al giro geopolítico provocado por el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, han obligado al Ejecutivo laborista a recalibrar su estrategia.

«Tenemos que actuar con rapidez en un mundo cambiante», justificó la ministra al anunciar una inversión adicional de 2.200 millones de libras en el Ministerio de Defensa para el próximo ejercicio, que, dijo, servirá para impulsar tecnologías como drones e inteligencia artificial, reforzar la industria militar en regiones como Glasgow, Derby o Newport, y proteger empleos vinculados a la construcción de submarinos nucleares en Barrow o a puertos navales como Portsmouth y Plymouth. «Queremos convertir al Reino Unido en una superpotencia industrial de defensa», proclamó Reeves, dejando claro que el rearme es, además de una cuestión de seguridad, una palanca de crecimiento económico.

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El gasto en defensa alcanzará así el 2,5% del PIB, financiado en parte mediante importantes recortes en la ayuda al desarrollo internacional. También se anunció la eliminación de NHS England, el organismo que supervisa y planifica los servicios del sistema público de salud en Inglaterra, cuyas funciones volverán al control directo del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y reducir los costes burocráticos. Reeves habló de un Estado «más ágil y eficiente», y se comprometió a reducir el coste de funcionamiento del gobierno en un 15%, es decir, unos 2.000 millones de libras, para finales de la década.

Esta reducción incluye un plan de recortes en la administración pública, que afectará directamente al personal. El llamado «fondo de transformación» de 3.250 millones servirá para financiar salidas voluntarias de funcionarios e implementar herramientas de inteligencia artificial en diversos servicios para reducir costes a largo plazo. En total, se prevé un ahorro operativo adicional de 3.500 millones de libras hasta el 2029.

Pese a esta apuesta por la eficiencia, Reeves aseguró que el gasto público crecerá por encima de la inflación y que los servicios esenciales estarán «plenamente protegidos». También insistió en que las nuevas inversiones no rompen las estrictas reglas fiscales autoimpuestas por el Ejecutivo. «He restaurado el margen fiscal del Gobierno», afirmó, señalando que, gracias a sus ajustes, el presupuesto pasará de un déficit proyectado de 4.100 millones a un superávit de 9.900 millones en el período 2029-2030.

En cuanto al crecimiento, las previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) son menos alentadoras que las de hace unos meses: se espera que el PIB crezca solo un 1% en 2025, aunque la proyección mejora levemente hasta un 1,9% en 2026. La inflación, que alcanzó el 11% bajo los conservadores, se espera que vuelva al objetivo del 2% en 2027. Reeves sostuvo que sus reformas en materia de planificación urbanística, pensiones y desregulación contribuirán al crecimiento sin coste fiscal, e incluso anunció que la construcción de viviendas alcanzará niveles no vistos en cuatro décadas.

Una de las partes más controvertidas del discurso fue la referente al gasto en bienestar social. Reeves confirmó que se recortará el elemento de salud en el Universal Credit, una prestación que unifica varios subsidios en un solo pago mensual para personas con bajos ingresos o en situación de desempleo, para nuevos solicitantes, y que se congelarán ciertas prestaciones. «Más de mil personas al día están accediendo a pagos por discapacidad», dijo. «Es un desperdicio de su potencial y de su futuro». Aunque estas palabras fueron duramente criticadas por organizaciones benéficas y algunos diputados laboristas, la ministra se mostró inflexible: «El Partido Laborista es el partido del trabajo. Estos cambios son necesarios para ayudar a los más vulnerables y facilitar que más personas vuelvan al empleo». Para ellos, se destinarán mil millones a programas de inserción laboral y 400 millones a mejorar los servicios de empleo.

Los conservadores, por boca de la contraparte de Reeves, Mel Stride, respondieron con dureza. Acusaron a Reeves de presentar un «presupuesto de emergencia» disfrazado de declaración económica. «Nos prometió estabilidad, pero ha recortado las previsiones de crecimiento a la mitad. Ha incrementado impuestos y ha debilitado nuestra economía», dijo Stride. También la culpó del aumento de la deuda y del repunte del desempleo que vaticina la OBR.

«El Reino Unido era el país con mayor crecimiento del G7 y ahora las previsiones se han reducido a la mitad como consecuencia directa de sus decisiones», denunció, y advirtió que «los hogares y las empresas pagarán el precio de su gestión. Bajo este gobierno, la carga fiscal alcanzará el nivel más alto de la historia de nuestro país». «Los ciudadanos somos hoy más pobres y estamos más debilitados. Reeves ha tomado todas las decisiones equivocadas», aseveró Stride.

Reeves, sin embargo, reivindicó su plan. «No hay atajos hacia el crecimiento económico» que «requiere decisiones a largo plazo y esfuerzo», declaró. Y concluyó recalcando que «el mundo está cambiando. Podemos verlo. Podemos sentirlo» y «nuestra tarea es actuar con decisión para asegurar el futuro».