Así quedaría la nueva Constitución que los chilenos tendrán que refrendar en diciembre
El texto, terminado de redactar, parece destinado nuevamente al fracaso porque las encuestas recogen más de un 55% por la opción rechazo
«Hay una oportunidad de construir una nueva Constitución en Chile no desde la rabia, ni la revancha, ni la refundación»
Un texto conservador y maximalista, que para la izquierda es un retroceso respecto de la Constitución del 80, será el que sea votado en referéndum el próximo 17 de diciembre.
Con más de dos semanas de anticipación, el Consejo Constitucional (CC) aprobó este lunes el proyecto que entregarán al presidente Gabriel Boric a primera hora del martes 7 de noviembre.
De esta manera está llegando a su fin el segundo proceso constituyente que un acuerdo político transversal puso en marcha después de que el primero fracasara en septiembre de 2022. Solo falta que el lunes 30 el pleno apruebe por 3/5 el texto como un todo cuestión que, por la mayoría opositora del CC, es un mero trámite.
El texto final tiene un marcado sello republicano, partido con la mayor representación en el CC, y registra importantes modificaciones al anteproyecto elaborado por los 24 expertos debido a que el centroderecha y la derecha radical poseían todos los quórums necesarios.
Los intentos por consensuar los cambios más controvertidos entre los dos bloques no prosperaron ni en el interior de la Comisión de Expertos (CE), ni tampoco en la Comisión Mixta (CM), última instancia que intentó aunar criterios.
La votación en bloque del Partido Republicano (PR) con Vamos Chile, que se quebró muy pocas veces durante la discusión del proyecto, tuvo una respuesta similar de parte de la izquierda, que tampoco estuvo dispuesta a disgregarse.
Pese a la intervención de las directivas de los partidos políticos que impulsaron este proceso, la CE no logró convencer a los republicanos de la necesidad de no insistir en ciertas temáticas que a juicio de los juristas eran materia de ley. De ahí que el texto regresara al pleno del CC a mediados de octubre con un total de 210 enmiendas, de las cuales 154 fueron aprobadas y 24 rechazadas.
Aquellas materias en la que no se alcanzó el quórum suficiente para aprobar (3/5) o rechazar (2/3) debieron pasar a una CM integrada por 12 consejeros y expertos, de ellos 7 de oposición y 5 del oficialismo. Finalmente, las normas emanadas de este grupo fueron aprobadas por el pleno este lunes.
El 7 de noviembre el presidente deberá convocar a un plebiscito en el cual deberán votar obligatoriamente 15 millones y medio de chilenos
La intención del CC era entregar antes de fines de octubre el texto a Boric, pero fuentes del consejo indicaron que La Moneda se negó a recibirlo antes del 7 de noviembre a las 8:30 am. Ese día el presidente deberá convocar a un plebiscito en el cual deberán votar obligatoriamente 15 millones y medio de chilenos.
Asimismo, en un intento por dilatar su despacho total y el inicio de la campaña, en estos días el Partido Comunista haría una reclamación a la Comisión de Admisibilidad arguyendo que algunas normas no se atienen a las 12 Bases Constitucionales dictadas por el Congreso y que establecieron los límites del trabajo del CC.
Enmiendas controvertidas
El pleno del CC aprobó solo un tercio del anteproyecto de los expertos sin realizar ninguna modificación, por lo que el documento sufrió importantes cambios debido al peso de los consejeros republicanos y a su deseo de dejar asegurados en la Carta Magna ciertos temas cruciales para ellos.
Si bien, el proyecto final no es refundacional ni tan identitario como el propuesto por la fallida Convención Constitucional en 2022, lo que se votará en diciembre tiene el sello conservador. Además, las llamadas Bases Constitucionales también evitaron que los consejeros promovieran ideas como un Estado plurinacional, la eliminación del Senado o el establecimiento de dos sistemas judiciales (nacional e indígena) como estaba contenido en el proyecto rechazado el año pasado.
En esta ocasión se declara a Chile como un país unitario e indivisible, así como un Estado social y democrático de derecho. Se consagra la libertad de elección en los sistemas de salud, previsión y educación y se resguarda la propiedad individual de los fondos de prensiones. También se reconoce la libertad de conciencia, la paridad equilibrada y no igualitaria de salida (60/40 de cada género), se establece la libertad sindical y se limita la huelga solo a la negociación colectiva. Asimismo, se reduce el número de diputados, pasando la Cámara de 155 miembros a solo 138.
Una de las mayores novedades es el profundo cambio al sistema político por cuanto se establece un umbral del 5% de la votación nacional o la elección de 8 parlamentarios para existir como colectividad y ocupar un escaño en el Congreso, lo que terminará con la fragmentación del sistema. El parlamentario que renuncie a su partido perderá el sillón y se consagraron las órdenes de partido.
Las materias más controvertidas fueron analizadas en la CM, pero debido a que no se vislumbraban posibilidades de acuerdo entre ambos bloques, esta instancia despachó el asunto rápidamente. Es así como quedaron en el texto la eliminación del pago de contribuciones (impuestos) para la primera vivienda, aunque se puede excluir de este beneficio, por ley, a las casas de mayor valor y a los propietarios de altos ingresos. Se dispuso la expulsión inmediata de migrantes ilegales con algunas restricciones y se estableció que «la ley protege la vida de quien está por nacer», norma que el oficialismo asegura retrotraerá la actual ley de aborto en tres causales.
Se definieron los fundamentos para decretar estado de sitio, descartándose la grave amenaza terrorista y se prohibió la reelección perpetua de autoridades como senadores, diputados, alcaldes y gobernadores. Los gobernantes podrán ser relectos una sola vez y no en un mandato consecutivo.
Los partidos toman posiciones
En Chile Vamos hay absoluta claridad sobre el apoyo al texto elaborado. Aunque la posición aún no se oficializa, ya lo adelantan en Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evopoli, cuyas directivas conformaron el comando de campaña. En tanto, el candidato presidencial José Antonio Kast ya encabeza la campaña del PR para conseguir el mismo objetivo e intentar reilusionar a la ciudadanía con el proceso que, además de serle indiferente, parece destinado nuevamente al fracaso porque las encuestas recogen más de un 55% por la opción rechazo.
El excandidato presidencial Sebastián Sichel aseguró que iba a votar «a favor» pese a Kast, mientras que Franco Parisi dijo que se pasó «de una propuesta de constitución que era entre chavista, Evo Morales y un desastre, a algo un poquito más entendible y llevadero hacia adelante». Y el exmandatario Sebastián Piñera dijo que «un eventual rechazo nos deja en una situación muy negativa de inestabilidad e incertidumbre».
La izquierda se inclina mayoritariamente por el rechazo, aunque sus dirigentes han aclarado que la decisión se tomará de manera conjunta entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad después de que el proyecto se le entregue a Boric. En la Democracia Cristiana también se evalúa sumarse a esta opción pues, en voz de su líder Alberto Undurraga, se advierten retrocesos importantes en materia de derechos personales y sociales.
Aun así, el PC ya inició su campaña por la alternativa «en contra» pese a que ello significa que, de ganar esta alternativa, seguirá vigente la constitución de Pinochet. Su presidente Lautaro Carmona trató de justificar la defensa, hoy, la Carta Magna del 80, señalando que ésta ya no es el texto de la dictadura por cuanto ha sido múltiples veces modificada.
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La centroizquierda también está en reflexión, especialmente aquella que en la campaña de 2022 llamó a votar rechazo; los máximos dirigentes de Demócratas, la senadora Ximena Rincón (ex DC) y de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, se mostraron inclinados a apoyarlo.
Los sectores empresariales también se han manifestado. El presidente de la mayor patronal, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, ya llamó a votar a favor y fue secundado por los líderes de las sociedades nacional de Agricultura (SNA) y Minería (Sonami).
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