La primera, no la última, embestida judicial contra el expresidente Trump

La investigación que le trae hoy a los juzgados de lo penal de Manhattan es un asunto sórdido con consecuencias legales: el pago para silenciar a una actriz porno, Stormy Daniels, poco antes de las elecciones de 2016. Es probable que muchos cargos tengan que ver con delitos de poca índole, como la falsificación de documentos financieros -para esconder un pago embarazoso-, pero que se le acuse de algún otro delito de mayor gravedad si esos pagos tienen que ver con, por ejemplo, la violación de las leyes de financiación electoral.

Muchos, incluso algunos enemigos declarados de Trump, hubieran preferido que no fuera este episodio -un asunto turbio y con una justificación legal que no está clara- lo que le hubiera supuesto la imputación, sino algo con más entidad.

Al expresidente le persiguen investigaciones de mucho mayor calado, relacionadas con su papel en la campaña para dar la vuelta a los resultados en las elecciones de 2020, las que perdió frente a Joe Biden, y en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de sus seguidores. Ambas se ventila en la jurisdicción federal, al igual que una tercera investigación, relacionada con la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia de Florida, después de abandonar la Casa Blanca.

Pese a que la atención y los titulares se los lleva el caso relacionado con Stormy Daniels, los otros casos siguen avanzando y podrían acabar siendo un problema mayor para el expresidente. En las últimas semanas, los jueces han exigido que testifiquen dentro de las investigaciones de la fiscalía para posibles imputaciones a personas muy cercanas a Trump, como Stephen Miller, una de sus manos derechas en la Casa Blanca; Robert O'Brien, que fue su asesor de seguridad nacional como presidente; o Mike Pence, su vicepresidente.