El presidente Boric declarará como imputado en el caso por la fallida compra de la casa de Salvador Allende

El mandatario debe testificar ante el fiscal regional Centro Norte de Santiago, Patricio Cooper, quien investiga la ilegalidad de la transacción que involucra a la senadora socialista Isabel Allende Bussi y a la exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, hija y nieta del exgobernante, respectivamente.

Fue en 2023 cuando Boric postuló comprar la residencia donde vivió Salvador Allende y donde lo hace actualmente su hija, para incluirla en el patrimonio nacional y transformarla en museo. Junto a esta adquisición se compraría también la casa de Patricio Aylwin.

Noticia Relacionada

Compra fallida de la casa de Salvador Allende

María J. Errázuriz

La propiedad pertenece en parte a la actual ministra de Defensa y nieta del antiguo dignatario, Maya Fernández

Sin embargo, tras firmarse la escritura de compraventa, la oposición hizo ver la inconstitucionalidad del acto por cuanto las autoridades en ejercicio no pueden celebrar contratos con el Estado. A partir de aquello se iniciaron una serie de acciones destinadas a que tanto la senadora como la ministra cesaran en sus cargos como lo establece la ley.

Este lunes, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, concurrió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para aclarar su participación en el acto. Al respecto, la autoridad señaló que si bien su institución visó el decreto presidencial que establecía la autorización para la compra en más de 900 millones de pesos (unos 200.000 euros), el presidente no firmó un segundo decreto, igual de necesario, que aprobaba tal negocio.

«Este segundo decreto no consta que se hubiera dictado, pedía ser aprobado mediante el segundo acto administrativo correspondiente. El decreto concluye la Contraloría en sí mismo, no contraviene ninguna disposición ni legal ni constitucional», precisó Pérez.

Casi al mismo tiempo, la Cámara rechazó este miércoles la acusación constitucional presentada por Chile Vamos en contra de Maya Fernández que buscaba su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años debido a que estando al frente del Ministerio de Defensa incumplió la Constitución y las leyes. La sala rechazó por 70 votos contra 64 a favor el libelo, lo que alivió a la exministra.

Sin embargo, ésta y su tía aún deben enfrentar otro proceso que busca su destitución ante el Tribunal Constitucional (TC), que en el caso de Fernández no aplica porque el presidente Boric le solicitó la renuncia al cargo hace dos semanas.

Isabel Allende, en tanto, argumentó ante el TC que el negocio no se concretó porque la escritura no fue inscrita ante el Conservador de Bienes Raíces y, además, el Congreso aprobó la operación al visar el presupuesto para el año 2024 que contenía una glosa específica para la misma.

La decisión de Boric, que significó la salida de Fernández del Gabinete, se materializó luego de conocerse que el acuerdo entre el Ministerio de Bienes Nacionales, encargado de la compraventa, consideraba que la casa, una vez convertida en museo, debía ser entregada en comodato a la Fundación Allende, institución gestionada por la familia.

Asimismo, uno de los testigos en la causa judicial declaró que el Estado ofreció, inicialmente, por el inmueble 833 millones de pesos, pero tras una reclamación de las vendedoras el precio se elevó en 100 millones más.

El fiscal Cooper, quien lleva el caso, señaló hace dos semanas que «invitaría» al presidente a declarar porque la legislación le permite hacerlo de manera presencial o por oficio. En todo caso, aclaró que lo haría en calidad de imputado porque la querella por fraude y malversación de fondos públicos presentada por el abogado republicano Raimundo Palamara está dirigida contra él, la senadora y las exministras de Defensa y Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien fue destituida tras estallar la polémica.

Boric ha manifestado que tal residencia debiera convertirse en museo, pero reconoció que «había una inhabilidad y eso debió haberse tenido a la vista«.