La presidenta de Perú abre el debate sobre la pena de muerte mientras avanzan varias investigaciones contra ella
Dina Boluarte es acusada de desaparecer más de una semana para someterse a una cirugía estética
La sorpresa del año de Milei es la ausencia de un estallido social
Dina Boluarte reavivó el debate sobre la pena de muerte atribulada por investigaciones en su contra debido a la ausencia de 10 días por una cirugía a la nariz sin informar a nadie o el uso de su automóvil oficial dentro de una ... casa de verano mientras se buscaba al prófugo líder del partido en que fue elegida (Perú Libre), Vladimir Cerrón.
En un acto público, Boluarte pidió que se reavive el debate tras el asesinato a una niña de 12 años: «No podemos permitir que en las calles caminen tipos como estos…es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores».
Para aplicar esta medida, el Perú tendría que renunciar al Pacto de San José (o Convención Americana sobre Derechos Humanos) firmado en 1978 y en el que se prohíbe extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios y en segundo lugar, se indica que ningún país puede interpretar la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos. Además, desde que se promulgó la Constitución en 1979 y se confirmó en 1993, en el país andino solo se penaliza con pena de muerte la traición a la patria.
«Abrir el debate forma parte del crecimiento en una cultura democrática. Se abre el debate para la academia, los intelectuales, los políticos y los medios de prensa y veamos qué resulta de eso. La presidenta no ha hecho nada más que invitar al debate», dijo este jueves el Primer ministro, Gustavo Adrianzén. «Se debe abrir el debate para ver que se hace con los violadores de menores, según Adrianzen, porque añadió «hay situaciones abominables que gatillan la reflexión y la hacen imprescindible» «La presidenta no mandó un proyecto, no mandó una carta pidiendo que nos separemos del Pacto de San José», concluyó.
En tanto, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, refirió que no solo avala lo que pide Boluarte sino que «definitivamente avaló esta propuesta. Es necesario establecer un trabajo articulado entre todos los entes que están a cargo de la justicia. Desde el Ministerio del Interior podríamos incluir también la propuesta de aplicar penas más severas a los sicarios».
Según el analista de 'La república', Augusto Álvarez Rodrich, el anuncio del debate de la pena de muerte de la presidenta Dina Boluarte busca mejorar su popularidad que está en el 3 por ciento de aprobación: «Está demostrado que imponer estas medidas no va a acabar con la criminalidad, que haya más muerte no habrá solución a nada».
«Cada vez que los presidentes están en problemas políticos siempre sacan iniciativas que creen que mejoran la relación con la opinión pública», añadió.
Investigación por operación de nariz
La fiscal general, Delia Espinoza, a través del área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales anunció una nueva investigación a la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo por la cirugía a la nariz de la presidenta que causó que no haya informado de modo oficial de su ausencia.
El escritor francés, Honore de Balzac, decía «hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir». Quizás la presidenta Dina Boluarte debió leer este pensamiento de Balzac antes de realizarse una operación a la nariz en secreto y ausentarse durante 10 días en una clínica limeña sin informar al Congreso y a la opinión pública.
«Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta al Consejo de ministros y al Congreso, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un proceso quirúrgico al que fue sometida», indicó la Fiscalía en su cuenta de X.
«Basta de estar polarizando la sociedad, basta los rumores de la vacancia presidencial. El Perú aprendió que con ese resquebrajamiento de la democracia y del estado de derecho quien pierde es el Perú, quien pierde son las personas vulnerables», declaró la presidenta Boluarte durante el aniversario de la policía tras el anuncio de la nueva investigación por la fiscalía.
«Ya hemos tenido lecciones que en menos de 6 años tuvimos 5 presidentes diferentes. ¿Y ganamos con ello o perdimos?. De esa experiencia esta presidenta aprendió y por eso, que permanece firme, fuerte y con coraje para defender la democracia, para defender la institucionalidad defender el estado de derecho», expresó Boluarte al tiempo que añadió «no (debemos) estar siempre dando saltos al vacío con esas voces que vienen de esos grupos que les gusta estar en el poder sin haber ganado nunca una elección, a ellos les decimos que hagan lo que hagan, seguiremos trabajando por el desarrollo de la patria».
3 puntos de popularidad
La presidenta Dina Boluarte cumple 2 años en el poder y el balance es más agrio que dulce: tiene 3 puntos de popularidad, un récord histórico desde que se miden las encuestas de popularidad a mediados de los años ochenta; y por ende, no puede darse baños de popularidad para evitar que le vuelva a suceder lo que le pasó en Ayacucho cuando una mujer -que perdió a su hijo en las protestas contra su gobierno- le haló del pelo. Además, según los analistas se ha forjado una imagen frívola entre los peruanos por el uso de objetos de lujo que hace que le vincule más a trabajar por su imagen que por el bien del país.
Con esta investigación abierta por la Fiscalía, Dina Boluarte suma ocho investigaciones en su contra durante el ejercicio de su mandato. Según la ley peruana será procesada al dejar el cargo el 28 de julio del 2026. El otro modo de dejar el poder en Perú es a través de la destitución en el Congreso donde debe sumar 87 votos de 130 congresistas por «incapacidad moral permanente», un hecho improbable porque Dina Boluarte es apoyada por los partidos en el Congreso que dirigen los líderes políticos; Keiko Sofía Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón.
Habla Otárola
La confirmación de la operación a la nariz de Boluarte y la ausencia en el cargo la realizó ante el Congreso, el ex amigo de la presidenta y ex primer ministro, Alberto Otárola: «Del 29 de junio al 9 de julio pasó por un procedimiento quirúrgico, estuve en contacto con el suscrito y atenta al devenir de la administración pública. Conocía de la intervención quirúrgica (a la nariz) pero no sabía de los detalles».
«No vi ningún certificado médico de la presidenta por la operación», añadió Otárola, al tiempo que agregó que «el día que se produjo la operación, yo tuve una comunicación al día siguiente con la señora presidenta, se notaba por la voz que había sido intervenida evidentemente de las fosas nasales, y a partir de ese momento tuve una comunicación fluida con ella, y se reincorporó luego de una semana y media a los consejos de ministros presenciales».
Del 1ro al 9 de julio no hubo ninguna actividad pública en la agenda oficial de la mandataria Boluarte. La confirmación de Alberto Otarola de la operación de la presidenta Dina Boluarte acaba así con un secreto a voces que recorría las redacciones periodísticas desde el año pasado y que fue publicado en los últimos meses por el semanario político «En sus trece».
La investigación de la Fiscal general, Delia Espinoza, por la ausencia en la operación se suma a las investigaciones que se le siguen a Boluarte por la muerte de 49 personas en las protestas al asumir el gobierno en el 2022; por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en el 'Rolexgate', donde se le acusa de recibir relojes y joyas de lujo de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de mejoras en el presupuesto de su región y por los gastos de la campaña a la presidencia conocida como el caso de los «Dinámicos del centro».
«Es una bajeza»
El primer ministro, Gustavo Adrianzen, señaló que «es una bajeza referirse a los procesos quirúrgicos a las que una persona se haya sometido, porque la confidencialidad forma parte del derecho a la salud de las personas y garantiza que toda la información médica de una persona sea secreta».
«Es un asunto que promueven los desestabilizadores que tiene como finalidad que la prensa distraiga su atención», indicó Adrianzen.
Para el abogado, Luciano López, Dina Boluarte «cometió una infracción constitucional» y «hubo una autoinculpación» del entonces Primer ministro, Alberto Otárola al confirmar la operación de Boluarte.
«Según el artículo 115 de la constitución se tiene que informar al Congreso de la razón de la ausencia de la presidenta. Para mi hubo infracción constitucional de ella, del ex primer ministro, Alberto Otaróla y de todos los ministros de la época», agregó López.
El 7 de diciembre del 2022, Boluarte sucedió a Pedro Castillo tras ser destituido por un autogolpe que hizo para hacerse de todos los poderes y que duró menos de dos horas. En los últimos meses, Boluarte ha enfrentado denuncias de la prensa por los regalos que lució en las muñecas: relojes y joyas de lujo, que causaron que su casa sea allanada en el pasado «viernes santo». La hipótesis de la fiscalía indica que los bienes de lujo fueron entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de mayor presupuesto en su región. El caso se conoce como el «Rolexgate».
También investigan a Boluarte por el caso «cofre»: nombre con el que se conoce al vehículo presidencial que supuestamente ayudó en la fuga del jefe del partido político «Perú Libre», Vladimir Cerrón, quien escapó de la policía en el verano pasado. Para más inri, su hermano y brazo derecho, Nicanor Boluarte es prófugo de la justicia. La semana pasada, le dictaron detención preventiva de 36 meses por un caso en el que se le acusa de ser parte de una organización criminal que nombró funcionarios en el gobierno de su hermana a cambio de prebendas.
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