Petro califica de golpe de Estado la investigación sobre su campaña presidencial

La acusación del CNE se refiere a la violación del tope de financiación –superando el límite en unos 1.300.000 euros–, y se extiende también a Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de campaña; Lucy Aidé Mogollón Alfonso como tesorera; y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.

Pocos minutos después de responder concretamente a los puntos principales de la acusación del CNE, Petro hizo un llamamiento «a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia».

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Además, anunció que llevaría el caso a las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos –algo que ya hizo ayer el Gobierno– y convocó al cuerpo diplomático para exponer sus argumentos y trazar así lo que para muchos es un nuevo renglón de la narrativa de golpe blando que ha venido denunciando desde hace varios meses.

Después de conocerse el comunicado del CNE, juristas afines al Gobierno y detractores, así como analistas y políticos de diversas tendencias, cuestionaron no solo que este órgano administrativo desconociera el fuero que tiene el presidente, extralimitándose en sus funciones al vincularlo, sino por qué lo hacía, generando un huracán político que pone mayor presión sobre las tensas relaciones entre el Gobierno y las diversas instancias democráticas del país.

En las redes sociales, además, el anunció movilizó a las bodegas, a seguidores y opositores, quienes se tranzaron en amenazas de un nuevo Bogotazo -que recuerda el fatídico 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, y el levantamiento popular derivó en el aumento de la violencia partidista en todo el país-, lo que también hizo que senadores y figuras reconocidas pidieran serenidad y una mirada más realista sobre el supuesto golpe blando que el mandatario denuncia y el real alcance y proceso judicial que se pueda desprender para el presidente.

Hay consenso en que constitucionalmente es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la instancia que podría juzgar al presidente, y no corresponde al CNE –tribunal conformado por delegados de los partidos políticos e históricamente alineado con esos intereses– atribuirse funciones semejantes. El penalista Iván Cancino, en algunos temas detractor del mandatario, advirtió que «con inmenso respeto, pero con estupor veo como se viola la constitución. El CNE no puede investigar o formular pliego de cargos contra Petro mientras sea presidente».

Una afirmación que muchos otros juristas respaldaron y que dio también Alba Lucía Velásquez, una de las dos magistradas que votó en contra (siete lo hicieron a favor). «Desde un principio he sostenido que nosotros como CNE no somos la autoridad competente para investigar al señor presidente y consideró que la resolución va a estar dirigida a investigar al señor presidente».

En ese sentido se pronunció el senador Humberto de la Calle, al decir que si bien «hay unanimidad en que el fuero impide al CNE destituir al presidente» y en que puede investigar todas las campañas, «lo no resuelto es: ¿investigar la campaña es investigar al presidente? Cuando baje la marea veremos que la propia ley decidió establecer una solidaridad de responsabilidad entre el candidato y los directivos de la campaña. Lo procedente es que el CNE envíe a la Cámara copia de las menciones al presidente» y, de ser el caso, que se le investigue y curse el proceso.

Por su parte, Paloma Valencia, senadora por el opositor Centro Democrático, prefirió no enfrascarse con la improcedencia del CNE, para pasar a lo que muchos detractores del Gobierno y analistas piden: «Esto no afecta el fuero presidencial, pero sí es un paso hacia la justicia. Es clave que la Fiscalía deje de dilatar las investigaciones sobre los posibles delitos en la financiación de la campaña». En cambio, la vicepresidente Francia Márquez, como otros miembros del Gobierno, discrepó de esta visión y señaló que el CNE «deja en riesgo la estabilidad del primer Gobierno progresista».

Ahora lo que sigue es un camino largo e intrincado, pero cargado de tensión política pues, a diferencia de investigaciones similares a las campañas presidenciales de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, a ellos el CNE nunca les vinculó directamente. Eso es precisamente lo que le da a Petro un nuevo escenario para alegar que este es el resultado de una persecución y usar esta denominada salida en falso de un CNE muy politizado, como muchos lo acusan de ser, como una tabla más de apoyo para su alegato de golpe de Estado blando, lo que le conviene política y electoralmente pensando en la permanencia del Pacto Histórico en 2026.

Las primera puntadas del reforzado tono del presidente Petro -y de lo que será un debate cada día más agresivo y degradado en la política nacional- se sintió al mediodía del miércoles cuando, en una emisora radial el mandatario se refirió a los magistrados que presentaron la apertura de investigación: «Política tradicional, por eso personajes tan nefastos. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe».