Perú, inestabilidad sin colapso

Ya en el anterior ciclo, al presidente Kuczynski, elegido en las presidenciales de 2016, le sustituyó su vicepresidente (Vizcarra), luego el presidente del Congreso (Merino) e incluso después un sustituto de este (Sagasti). Y ahora podría estarse en camino de repetir la secuencia: Castillo, elegido en 2021 y cesado en diciembre de 2022 por su intento de autogolpe, fue sustituido por la vicepresidenta Boluarte, quien desde entonces ha estado en una constante cuerda floja; cuestionada durante los disturbios sociales que siguieron a la destitución de Castillo y que causaron unos sesenta muertos, hoy atraviesa su momento más complejo.

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Perú parece estar en un bucle. Por un lado, asuntos de corrupción, despachados políticamente en medio de polarización y crisis de liderazgos políticos, desalojan la presidencia; por otro, hay resistencia de los mandatarios provisionales, pero también de los partidos, a propiciar nuevas elecciones.

A esto último probablemente contribuía el contexto normativo. La ley que prohibía la reelección de los parlamentarios, votada en 2018 como medio para luchar contra la corrupción, tenía atenazado el sistema: pocos políticos están dispuestos acortar su mandato si van a quedar en el paro, por lo que, en este nuevo ciclo, el adelanto electoral no se ha abierto camino en el Congreso y no se ha podido forzar a Boluarte a convocar las elecciones que venía demandando la ciudadanía en los sondeos.

El mes pasado la posibilidad de reelección parlamentaria fue reintroducida, junto con la restauración del Senado, que había sido eliminado en la Constitución fujimorista de 1999. Esta restitución aporta más opciones de contrapesos institucionales, al tiempo que ofrece más puestos de trabajo para los políticos que temen perder su silla. De modo que esta doble reforma tendría que desbloquear el sistema político. Llega, no obstante, en un momento en el que Boluarte ya había encontrado cierto acomodo, apoyada en los partidos de derecha y distanciada de la izquierda a la que pertenecía.

El futuro de Boluarte depende ahora no ya del temor de los políticos a perder su asiento, sino de los cálculos de ganancias o pérdidas electorales que haga esa derecha, entre las que se encuentra Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. La celebración en noviembre en Perú de la cumbre del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico constituye un objetivo de país y la conveniencia de que se desarrolle en un clima de solidez institucional puede formar parte de la ecuación decisoria.

En realidad, Perú está dando bandazos para salir del bucle. La reforma mencionada fue aprobada el 6 de marzo con el apoyo de 91 de los 130 congresistas, a pesar de que en un referéndum de 2018 el 90% de los votantes rechazaron tanto la reelección de los parlamentarios como la reinstauración del Senado. Se trata de iniciativas, en cualquier caso, que pueden ayudar a una mayor calidad democrática, como la introducción decidida en 2019 de primarias abiertas para las candidaturas de los partidos políticos (que se aplicarán en las próximas presidenciales) y de limitar el gasto de las campañas electorales (ya aplicado en las elecciones de 2021).

Económicamente, el país aguanta esa inestabilidad sin llegar a un colapso. En 2023 hubo un retroceso del PIB del 0,6%, pero los economistas consideran que, si bien la situación general no es satisfactoria, la recesión fue coyuntural, pues la convulsión social y política coincidió con elementos climatológicos especialmente adversos. El Fondo Monetario Internacional prevé para este año un aumento del PIB del 2,7%, con bajos niveles de déficit y deuda, aunque con un desempleo del 7,4%.