El Perú de Dina Boluarte: un año de caos, corrupción y recesión

Apenas llegó al poder desde el trampolín que supuso estar al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el mismo Ejecutivo de Pedro Castillo, la nueva presidenta hizo pública su intención de completar el mandato de su antiguo jefe y permanecer en el cargo hasta 2026. De inmediato estalló una sucesión de violentas protestas en el sur del país y en la misma ciudad de Lima, que causaron 60 muertos. Entre los fallecidos, 49 fueron a causa de la represión estatal; la comunidad internacional ha demandado al Gobierno de Boluarte mayor celeridad en las respuestas a las investigaciones abiertas por la Fiscalía contra ella; su primer ministro, Alberto Otárola, y los jefes policiales y militares de entonces.

Si bien Boluarte se retractó de quedarse en el cargo y anunció el adelanto de elecciones -junto al apoyo del Congreso- en 2024, dicha promesa quedó atrás y su Gobierno suscribió una alianza 'de facto' con los partidos políticos que están en el Legislativo y que dirigen Keiko Sofía Fujimori, Vladimir Cerrón (el líder del partido que llevó al poder a Pedro Castillo), Rafael López Aliaga, César Acuña y José Luna.

El rasgo que une a la alianza en el poder es que todos sus responsables tienen cuentas que responder ante la Justicia. Le acaban de abrir el juicio por lavado de activos a Keiko Sofía Fujimori; Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia por robo del erario público; el también alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, César Acuña y José Luna son investigados por el delito de lavado de activos.

Esta alianza destituyó a la fiscal suprema, Zoraida Avalos; eligió al nuevo Defensor del Pueblo, Josue Gutiérrez, que ha sido abogado de Vladimir Cerrón; y además, buscaban remover a la Junta Nacional de Justicia que investigaba a la fiscal general, Patricia Benavides, tras destituir a la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana juez, Enma Benavides, por liberar narcotraficantes a cambio de dinero. Los embrollos por corruptelas en Perú tienden al infinito.

Puesta al descubierto, la atribulada fiscal general destituyó a la fiscal Marita Barreto, que desveló cómo sus asesores negociaban con el Congreso. Después, en una conferencia de emergencia, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y jefes policiales y militares. En respuesta, Boluarte dijo que la fiscal Benavides buscaba desviar la atención y que la denuncia contra ella era una «deleznable maniobra política».

«Es una buena noticia poder probar aquello en que se cree. Esta semana, la fiscal Marita Barreto y su equipo de fiscales y policías le han hecho un regalo inmenso al país: pasar de la creencia a la evidencia. La conducta del Congreso de la República ha quedado probada: venden sus votos», dijo la periodista y directora del programa 'A pensar más', Rosa María Palacios. «El caso de la Fiscalía de la nación y sus protervos fines demuestra que un congresista puede intercambiar su voto por impunidad. Si puede hacer eso, ¿por qué no canjear su voto favoreciendo negocios ilícitos?», agregó Palacios.

Tras la revelación que reventó como bomba de relojería en la Fiscalía se realizó una marcha en Lima donde se pidió «Que se vayan todos». Entre los manifestantes estuvo la congresista y exministra de educación, Flor Pablo, que declaró a ABC que «las movilizaciones tienen que continuar para que se detenga a la coalición que solo busca quedarse en el poder; ha salido a la luz una red de corrupción donde está la fiscal de la nación, el Congreso y el Gobierno. Debemos despertar y recuperar la democracia». «Desde que llegó al poder, lo que ha tenido que hacer la presidenta Boluarte es sobrevivir, y para ello ha caído en pactos nocivos (en el Congreso). Por un hecho de amor debe renunciar y adelantar las elecciones», dijo Flor Pablo.

«El balance del Gobierno de Boluarte es malo. Comenzó en medio de una convulsión social con un número de muertos injustificable en democracia; hasta ahora su Gobierno no ha dado respuesta a esas graves imputaciones que son violaciones a los derechos humanos», señaló a ABC el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

«Es el momento más conflictivo de nuestra historia republicana, seis presidentes en 7 años, un altísimo número de ministros de Estado y una permanente crisis política. Es una alianza siniestra del Gobierno y el Congreso, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, en el que terminaran sentados Keiko y Cerrón en la mesa directiva del Congreso», indicó Cateriano, al tiempo que agregó que «la presidenta Boluarte se comprometió a adelantar las elecciones, el Parlamento aprobó esta reforma, pero la presidenta no honró su palabra ni tampoco el Congreso con quien tiene una cohabitación política».

El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, explicó a este diario que el mayor error que cometió Boluarte fue «no adelantar las elecciones y, debido a esa irresponsabilidad, se ha ahondado la crisis». «Es un Gobierno con vocación autoritaria y desconectado de los reclamos inmediatos de los peruanos. Si los muertos en las protestas no fueron motivo para que renuncie y se adelanten las elecciones, no encuentro otro tema más importante que la vida humana», concluyó.

Dina Boluarte llega a su primer año de gobierno con una popularidad del 10 por 100, con denuncias de ataques a los derechos humanos en su contra, falta de un partido político... Debido a la llegada de la emergencia climática que causará el fenómeno del Niño en el 2024, junto a la recesión, se esperan tiempos turbulentos.