Uno de los padres de los niños desparecidos en Ecuador: «Estoy destrozado y aterrorizado»

El dolor de los padres de los cuatro menores desaparecidos que claman por su retorno a casa ha llenado de angustia al Ecuador, que cerrará 2024 con este hecho inconcebible, después de que el año comenzara con una declaración de conflicto armado interno en respuesta al ataque por parte de un grupo de crimen organizado a un canal de televisión en Guayaquil.

El secretismo en los primeros días tras la desaparición y las contradicciones de las autoridades nacionales han provocado indignación general al descubrirse, poco a poco, nuevos hechos que configuran que se trataría de una desaparición forzada, tal como lo declaró la jueza constitucional Tanya Loor, al aceptar un 'habeas corpus' planteado por los familiares de los menores.

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Thalía Flores | Corresponsal en Quito

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En un inicio, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, atribuyó la desaparición de los menores a grupos de delincuentes, y solo cuando se difundieron en las redes sociales vídeos de las cámaras de vigilancia en los que se observa que hombres vestidos de militares detienen a los menores cerca de un centro comercial, los embarcan en una camioneta de uso castrense y les golpean en el suelo, el relato fue matizado.

Entonces, se dijo que fueron detenidos por las patrulladas militares tras haber sido alertados de que estaban robando, pero las familias afirman que salieron de casa a jugar fútbol, ya que se trata de chicos deportistas. «De los once niños, cuatro no pudieron correr y son los que están desaparecidos», ha relatado la madre de dos de los menores, quién esa misma noche habría recibido una llamada informando que sus hijos «estaban en Taura, golpeados y desnudos». En Taura, a 42 kilómetros de Guayaquil, está ubicada una de las bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El fiscal encargado del caso, que en un inicio fue denunciado como secuestro, Christian Fárez, declaró que no hay evidencias que sustenten el presunto robo, y que, de haber sido así, quienes los detuvieron tenían que haberlos puesto bajo órdenes de las autoridades competentes, y no lo hicieron. Casi de inmediato, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, alertado por las organizaciones de derechos humanos de Ecuador, dictó medidas cautelares urgentes, y el representante de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se comprometió a monitorear el proceso.

El país está pendiente de todas las diligencias y hallazgos en torno a este caso y, en Quito y Guayaquil, la gente se ha movilizado para exigir en las calles que se esclarezca el suceso que tiene a Ecuador conmocionado.

El pasado 24 de diciembre, cuando se encontraron restos humanos cerca de la Base Aérea de Taura, un silencio de temor sobrevoló el ambiente; y cuando se conoció que los cuerpos habían sido incinerados el coraje se abrió paso, aunque los primeros informes forenses no han logrado proporcionar información concluyente respecto a si se trata de los menores desaparecidos, ya que la identificación es compleja porque los cuerpos están calcinados; de allí que se ha recurrido a exámenes de ADN que tardarán semanas en dar resultados.

Justamente, este viernes los padres de los niños desaparecidos acudieron al laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, en Guayaquil, para entregar muestras de ADN a fin de confirmar si los cuerpos carbonizados, hallados en la zona de Taura, se corresponden con los de los menores desaparecidos.