Orbán retira con un decreto la protección a miles de refugiados ucranianos, que se quedarán en la calle

El Gobierno defiende la nueva normativa argumentando que los ucranianos han tenido tiempo suficiente para integrarse y ha desaparecido la necesidad general de protección. El decreto establece que sólo permanecerán en el sistema estatal de ayuda a los refugiados los ucranianos cuya última residencia en su país estuviera en una zona que esté «directamente afectada por operaciones militares».

En adelante, el Estado húngaro asumirá directamente la prestación de ayuda y quedarán excluidas del sistema todas las ONG que participan en él, con excepción de la católica Malteser International. Los refugios privados ya han comenzado a desalojar a los ucranianos, según informa la organización Migration Aid.

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Rosalía Sánchez | Corresponsal en Berlín

Una de las primeras evacuaciones ha tenido lugar en Kocs, al norte de Budapest, donde unos 120 ucranianos han debido abandonar la casa de huéspedes en la que se alojaban forzados por una misión policial. La mayoría eran mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpatia, donde hay una gran minoría húngara. «Estamos en una situación desesperada porque no tenemos adónde ir», ha lamentado Marina Amit, madre de cinco hijos, que huyó a Hungría el año pasado. Según sus propias declaraciones, teme que si regresa, su hijo de 17 años pueda ser reclutado por el ejército ucraniano.

El procedimiento que ha dejado a María y a sus hijos sin techo se basa en el decreto que entró en vigor el miércoles, aunque fue firmado por el primer ministro Orbán el pasado mes de junio. El decreto restringe el apoyo a los refugiados de Ucrania que provienen de 13 regiones ucranianas, aproximadamente la mitad, que pasan a ser denominadas «zonas seguras». El representante del Gobierno, Norbert Pal, ha defendido la decisión como «razonable y apropiada». Dos años y medio después del estallido de la guerra en Ucrania, aquellos «que querían recuperarse en Hungría han tenido ya muchas oportunidades para hacerlo y ahora deben adaptarse a la vida normal trabajar», ha declarado al periódico progubernamental 'Magyar Nemzet', en una entrevista en la que insta a los ucranianos a integrarse en el mercado laboral para mantenerse por sí mismos.

Según estimaciones de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, entre 2.000 y 3.000 ucranianos en Hungría perderán su alojamiento patrocinado por el Estado como consecuencia de este decreto, que tendrá también un impacto perjudicial en la escolarización de los niños. «Se pone en peligro el progreso positivo de la integración logrado hasta ahora», protesta ACNUR, que solicita a Budapest que reconsidere su política.

Pero el decreto forma parte de la estrategia política de Viktor Orbán y es muy poco probable que ahora dé marcha atrás. Es el únicojefe de gobierno de la UE que sigue manteniendo estrechas relaciones con Moscú y que rechaza los envíos de armas al país vecino.

Hungría ha acogido a muchos menos refugiados de guerra ucranianos que otros países de la región, unos 46.000 según ACNUR, y Orbán se sirve ahora de ellos como elemento de presión contra el gobierno ucraniano, con el que mantiene una agria disputa energética. Hungría acusa a Ucrania de «chantaje» y de poner en peligro su seguridad energética, por las sanciones ucranianas que impiden a Lukoil, la segunda mayor petrolera rusa, transportar petróleo crudo a través del oleoducto Druzhba desde junio.

Hungría y Eslovaquia quedaron exentas de las sanciones petroleras rusas de la UE en 2022, que siguen representando al menos el 65% de los suministros a la refinería húngara de petróleo Mol y su filial eslovaca Slovnaft, a fecha de mayo de 2024. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha llamado a su homólogo ruso, Sergey Lavrov, para discutir las opciones.

La Comisión Europea concluyó que no había una «amenaza inmediata» para Hungría y Eslovaquia en un análisis preliminar, después de que Budapest se pusiera en contacto con Bruselas en busca de ayuda, y Ucrania se limita a rechazar las acusaciones, señalando que el tránsito de petróleo ruso a través de Druzbha no ha disminuido. Hungría y Eslovaquia amenazan con represalias a menos que Ucrania levante las sanciones, incluida la suspensión de las importaciones de diésel y electricidad.

El gobierno húngaro informa que ha acogido a más de 1,3 millones de refugiados ucranianos, mientras que el Comité Helsinki, una ONG de derechos humanos, afirma que la mayoría han abandonado ya el país y que sólo unos 44.000 ucranianos han pedido finalmente algún tipo de asilo en Hungría.