La ONU quiere pedir cuentas a Al Assad en la Corte Penal Internacional

Para poder abrir un nuevo capítulo en Siria, sería necesario que estos crímenes fuesen investigados y juzgados por los propios sirios, aunque también hay vías para que puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), según los investigadores del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para la Investigación de Crímenes en Siria de la ONU, creado por la Asamblea General de la ONU en 2016 y con sede en Ginebra. «La CPI no tiene jurisdicción sobre Siria porque no es miembro, pero hay vías para que pueda llevarse a ese tribunal», informaba el responsable de este organismo, Robert Petit.

Sin embargo, no es tan sencillo. En 2014 ya se intentó que La Haya pudiera hacerse cargo, pero Rusia y China vetaron esa iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU. «El proceso ha de ser liderado por Siria, si queremos contribuir a que haya una transición hacia una sociedad basada en el Estado de derecho», insistió Petit, que en ocho años de trabajo han recopilado 283 terabites de datos sobre crímenes cometidos durante la guerra civil y sigue recabando las nuevas informaciones disponibles tras la caída del régimen de Al Assad. «Obviamente ha habido pérdidas, pero es pronto para saber cuán significativas son», admite, en relación con las imágenes recientes de documentos lanzados por las ventanas de las prisiones y personas que huían con ordenadores y discos duros, pero subraya que una de las fuentes de información más importantes que se deben investigar cuanto antes son las fosas comunes que se cree hay en diversas partes del país. «Hablamos posiblemente de cientos de miles de cadáveres y se requieren muchos recursos para extraer muestras de ADN con el fin de identificar a los fallecidos y estudiar la causa de su muerte», señaló.

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Otra urgente vía de investigación son los millones que la familia Al Assad ha sacado del país. Petit no pierde la esperanza de que los sirios puedan recuperarlos. Miembros de la familia extendida de Al Assad habían comprado en 2019 al menos 18 apartamentos de lujo en Moscú, en un intento de mantener decenas de millones de dólares fuera de Siria durante la guerra civil. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso de 2022 calculaba que el patrimonio neto de la familia extendida de Al Assad oscilaba entre los mil y los dos mil millones y estimaba que «sus activos están repartidos y ocultos en numerosas cuentas, carteras inmobiliarias, corporaciones y paraísos fiscales en el extranjero». Tanto Bashar como su esposa, la exbanquera de inversión con pasaporte británico Asma, mantenían «estrechas relaciones de patrocinio con los principales actores económicos de Siria, utilizando sus empresas para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas y canalizar fondos al régimen». Asma tenía además «influencia sobre el comité económico que gestiona la actual crisis económica de Siria» y había tomado decisiones especulativas sobre «los subsidios a los alimentos y el combustible, el comercio y las cuestiones monetarias» de Siria.

Para organizar la investigación sobre el terreno, dice Petit, «hemos mostrado a Damasco el deseo de involucrarnos, de viajar a Siria para cumplir nuestra obligación, y estamos a la espera de una respuesta con el fin de desplegarnos si esa respuesta es positiva».