Niños policía para combatir el crimen en México

Sin embargo, la realidad detrás de la noticia es más compleja y abarca diversos intereses. La primera noticia sobre niños que se convertían en policías comunitarios en municipios de la montaña baja de Guerrero fue en enero del 2020. El origen de la información es el Consejo Nahua, pueblo indígena que cumple funciones administrativas en localidades de dicha zona con formato de gobiernos autónomos, esto es, por fuera de las normas electorales mexicanas, algo frecuente también en los estados de Chiapas y Oaxaca.

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En los últimos cuatro años hubo novedades similares sobre niños policías (siempre en el mes de enero) pero nunca se conoció de un menor herido o caído en el combate al crimen. «Los niños no están en riesgo, nunca han participado en combate, cumplen funciones de vigilancia en el pueblo y hacen trabajo comunitario porque no pueden ir a la escuela por la inseguridad en la zona», explica a ABC Salvador Vargas, miembro del municipio Ayahualtempa y tío de uno de los flamantes policías comunitarios.

Vargas explica que el ingreso de los menores a la llamada policía comunitaria es el mejor sistema para evitar que se incorporen al narcotráfico y descarta que, a pesar de que portan armas, estén en riesgo.

«Las imágenes difundidas son una ficción, un montaje para llamar la atención al Gobierno federal para que refuerce la seguridad en la zona», explica a esta redacción Juan Martín Pérez, coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia. Pérez señala además que el reclutamiento irregular de personas para labores de seguridad no está tipificado como delito en México con lo cual los responsables de la policía comunitaria tampoco afrontan riesgos judiciales.

Ayahualtempa se encuentra en una zona de la montaña de Guerrero de muy difícil acceso y donde desde hace décadas ha proliferado la actividad guerrillera a través de diversos grupos. La geografía es muy propicia para esos fines. Llegar desde Chilpancingo, la capital de Guerrero, hasta Ayahualtempa puede llevar siete horas.

En 2017 esta región se conoció en la prensa de la Ciudad de México porque Salvador Rangel –exobispo católico de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa– advirtió: «La amapola que se siembra en la sierra y en la montaña del estado de Guerrero se saca la goma de opio, corre y llega a su destino. ¿Quién la lleva? ¿Quién la protege? Y ¿por qué permiten que salga? Lo que quiere decir que hay muchas autoridades coludidas en este negocio».

Rangel comenzaba a advertir sobre un drama que crecería con el paso de los años: el conflicto entre grupos guerrilleros y grupos dedicados al narcotráfico por el negocio de la siembra de amapola, crucial para la producción y el tráfico de heroína.

Ezequiel Flores, excorresponsal del semanario 'Proceso' en Guerrero y ahora activista después de haber sido desplazado por la violencia en dicho estado, menciona a ABC que en enero del 2019 –un año antes de la primera aparición de los niños policías–, se registró un enfrentamiento donde elementos de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF), adheridos al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), mataron a más de una decena de miembros del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

«Estas organizaciones que se enfrentaron a Los Ardillos son las que luego promueven las noticias de los niños ingresando como policías comunitarios, lo hacen como llamada de atención al Gobierno», dice Flores.

Los grupos indígenas libran una batalla permanente contra Los Ardillos que ya se han convertido en uno de los principales grupos criminales de Guerrero. El año pasado tuvo lugar un escándalo cuando la alcaldesa de Chilpancingo, perteneciente al oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), apareció en un restaurante desayunando con jefes de dicha banda.

Desde el gobierno estatal de Guerrero, que también pertenece a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, señalan a ABC, bajo condición de anonimato, que además de enfrentarse por la siembra de amapola, indígenas, guerrilleros y narcos también pelean por cobrar «contribuciones» a las empresas mineras que operan en Guerrero. Según este esquema, las empresas aportan recursos a los diversos grupos y a cambio puede operar con relativa estabilidad.

Guerrero es desde siempre una potencia en el rubro de la minería de oro y plata. Operan allí compañías mexicanas pero también extranjeras, como la canadiense Torex Gold, que administra la principal mina de oro en el estado.

Mario Moreno, excandidato a gobernador de Guerrero en 2021 por el PRI, dice a este periódico que detrás de la guerra entre Los Ardillos, la guerrilla y los pueblos indígenas existe una situación de ingobernabilidad: «La autoridad de Morena está completamente rebasada en materia de seguridad y las imágenes de los niños policías son solo la punta del iceberg de una entidad descontrolada».

El gobierno estatal de Guerrero, en manos de Evelyn Salgado, cuestionó fuertemente las imágenes de los policías comunitarios y prometió iniciar investigaciones. López Obrador también las condenó, ya desde su primera difusión en 2020. Pero la violencia en Guerrero no da señales de ceder.

Este fin de semana la Embajada de Estados Unidos en esta capital pidió a sus connacionales no viajar a dicho estado, que es el tercero más violento del país según cifras oficiales. También es el segundo con más pobreza, con el 66,5% de habitantes en esta condición. El año pasado tuvieron lugar allí 1.688 asesinatos. Un promedio de cuatro muertes diarias.

En los últimos días de 2023, según denuncian desde el Consejo Nahua, una familia entera desapareció en la zona de la montaña baja. Le atribuyen el acto a Los Ardillos y, según entienden desde el Gobierno estatal, este hecho fue el que detonó las imágenes de los niños policías de la semana pasada.

Los Ardillos tienen su origen en los primeros años de la década del 2000, cuando se dedicaban a delitos como el secuestro y el llamado «cobro de piso»: pedirles una mensualidad a los comerciantes para dejarlos operar.

Uno de sus fundadores fue Celso Ortega Rosas, alias La Ardilla, quien había sido policía rural, y que al dejar sus actividades de guardia de seguridad se dedicó a la siembra de amapola en Quechultenango.

Ortega Rosas fue detenido en 2008 por el asesinato de dos agentes policiales, pero logró salir de prisión en 2011 y ese mismo año murió. En los siguientes diez años su organización se convertiría en la principal generadora de violencia en Guerrero.

En 2019 llegaría el pico del enfrentamiento con guerrilleros y comunidades indígenas de la región de la montaña baja dejando decenas de muertos y desaparecidos. Una historia de sangre y fuego cuyo epílogo, tan visible como sobrecogedor, fue la aparición de los niños con sus armas y sus entrenamientos policiales en la prensa nacional.

«Nuestros papás nos dijeron que ya no hay que seguir estudiando porque nos iban a agarrar los delincuentes. Ya entramos (a la autodefensa) y no tenemos otra salida», le dijo en 2021 uno de los policías comunitarios –que se identificó como Chayo–, a France 24. «Estoy dispuesto a entregar mi vida por mi pueblo, por mi familia, si fuera necesario», agregó.