Nicaragua y la «dictadura del siglo XXI»

El caso de Nicaragua ha sido siempre extremo. Fue lugar de ocupación militar de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX (1912-1933), cuando el hegemón del norte trataba a sus vecinos como repúblicas bananeras (ningún otro país ha tenido un presidente estadounidense, como sucedió aquí a mediados del XIX). Luego sufrió la emblemática dictadura de los Somoza (1937-1979), una de las más largas, que empalmó con el tiempo de las dictaduras militares que se generalizaron durante la Guerra Fría.

Combatida por una de tantas guerrillas que se extendieron por Latinoamérica, a la dictadura le sucedió la revolución sandinista (1980-1990), siendo Nicaragua la única nación, además de Cuba, donde triunfó el marxismo. Cuando la democracia llegó al continente, se abrió paso en Nicaragua también de modo dramático: contra todo pronóstico el FSLN perdió las elecciones que había aceptado convocar y respetó los resultados. El país tuvo entonces quince años de una alternancia política que simbolizaba bien la nueva era democrática en toda la región, también en sus deficiencias, las cuales permitieron el regreso del sandinista Daniel Ortega al poder en 2007, muy lejos del 50% de los votos.

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Nuevamente es ahora Nicaragua exponente exagerado del viento que sopla en muchos lugares del mundo. Ortega ha abanderado el retorno de las dictaduras a Latinoamérica, esta vez con formalismos democráticos, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás. También Venezuela ha derivado en lo mismo. Dijeron ser el «socialismo del siglo XXI», pero han acabado siendo la «dictadura del siglo XXI»: se mantiene el andamiaje democrático, con sus distintos poderes y la celebración de elecciones, pero es una cáscara hueca; dentro solo hay un único elemento que lo envuelve todo: la baba del tirano.

En Nicaragua el proceso es especialmente esperpéntico. En su juventud, Ortega combatió contra la familia Somoza; en su madurez, él mismo ha instaurado un nepotismo familiar. Primero incluyó a su esposa, Rosario Murillo, en la candidatura de vicepresidenta, y ahora a esta ya no le basta con ese título: el cambio constitucional aprobado a finales de noviembre establece que los dos cónyuges serán copresidentes. Además, podrán designar vicepresidentes sin aval popular o parlamentario; para el cargo presumiblemente podrían nombrar a alguno de sus hijos.

La reforma deroga 38 artículos y de los 198 restantes reforma o sustituye 143. En realidad, es un cambio de Constitución, pero sin la convocatoria de una Asamblea Constituyente que la redacte y debata; basta que el nuevo texto tenga una segunda aprobación parlamentaria en la próxima legislatura, tan «exprés» como la de ahora.

Los artículos 133-135 establecen y regulan la copresidencia, como un modo de asegurar la jefatura del estado para Murillo en caso de que Ortega fallezca. Esto revela que Ortega no está dispuesto a propiciar el relevo sin más, a pesar de sus sospechados problemas de salud, y que Murillo sigue contando con cierta oposición dentro del sandinismo. Por su parte, el artículo 132 deja todo el poder en manos de la presidencia bicéfala, pues esta «coordina» a los órganos legislativo, judicial, electoral y de control.

El nuevo texto eleva la bandera del FSLN a símbolo nacional junto a la bandera tradicional (el Gobierno sandinista ya la venía utilizando; ahora habrá una obligación formal de su uso) y establece el cuerpo de Policía Voluntaria, dando igualmente reconocimiento oficial a la integración de las bandas violentas sandinistas que desde 2018 han estado participando en la represión social (en las protestas de ese año murieron 533 personas). Para su persecución de la Iglesia Católica, Ortega contará con una nueva cláusula, que reclama que las entidades religiosas, como ya ha ocurrido con las oenegés, estén «libres de todo control extranjero», lo que podría utilizarse contra el Vaticano.