El 'mes loco' que convulsionó al sistema democrático de EE.UU.

A sus 78 años, Trump ha iniciado una transformación interna y un reordenamiento del liderazgo global de Estados Unidos que, si triunfa y las cortes se lo permiten, reescribirá las reglas del poder en Washington, redefinirá la relación con sus aliados internacionales y consolidará una presidencia con más influencia que nunca sobre la burocracia, la economía y la política global.

Trump no solo busca gobernar, sino refundar el sistema, desafiando cada límite institucional que se interponga en su camino. Sin oposición demócrata, pues su partido controla todo el Capitolio, solo las cortes quedan como último impedimento, el gran test de su verdadero poder presidencial. El mismo presidente ha declarado que muchas de estas medidas acabarán en los juzgados, y tal vez la Corte Suprema, de mayoría conservadora, sea la que deba decidir dónde están sus límites.

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David Alandete | Corresponsal en Washington

Durante este primer mes en la Casa Blanca, Trump ha gobernado a golpe de decreto: órdenes ejecutivas, proclamaciones y memorandos. Los ha firmado en todos los escenarios posibles: en un mitin, a bordo de su avión, en su mansión de Florida y en múltiples dependencias de la Casa Blanca. De estas, 33 órdenes han estado dirigidas a la reorganización del Gobierno federal, 15 han afectado a la economía y 9 han abordado la inmigración.

En el ámbito de la seguridad nacional, Trump ha emitido 8 órdenes, mientras que en política exterior y energía ha impulsado 7 medidas en cada sector. En educación, ha firmado 5 órdenes y en sanidad, 4.

Entre las más destacadas están la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, la imposición de aranceles a importaciones de México, Canadá y China, el retiro de Estados Unidos de varias organizaciones internacionales y la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk.

Entre otras medidas, ha restablecido restricciones a refugiados y ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional. También ha eliminado programas de diversidad, equidad e inclusión en agencias federales.

Trump ha dado un vuelco a las alianzas tradicionales y ha apostado por una diplomacia de fuerza. Ha enfriado las relaciones con la Unión Europea, ha presionado de nuevo a la OTAN por el gasto en defensa y ha anunciado la retirada de Estados Unidos de organismos internacionales clave como la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alegando que Washington no financiará instituciones que, según él, «no defienden los intereses de los estadounidenses».

Su primer invitado a la Casa Blanca fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante quien Trump formuló el insólito plan de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza tras el desplazamiento forzado de los palestinos. Después recibió al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y al de India, Narendra Modi.

Su conversación más importante, sin embargo, tuvo lugar el 29 de enero y fue por teléfono, durante 90 minutos, con el ruso Vladimir Putin. De ese contacto emergieron las negociaciones de paz en Arabia Saudí en las que Trump marginó a los ucranianos, antes de acusar a Volodímir Zelenski de ser un dictador y de haber provocado la invasión rusa.

El 1 de febrero de 2025, Trump anunció la imposición de aranceles del 25% sobre todas las importaciones provenientes de México y Canadá. Sin embargo, tras negociaciones, estos aranceles fueron pospuestos hasta el 4 de marzo para permitir más conversaciones en materia de control migratorio y lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente, el 10 de febrero, la Administración Trump reinstauró un arancel del 25% sobre todas las importaciones de acero y aumentó del 10% al 25% los aranceles al aluminio, afectando a todos los países, incluidas Canadá y México. Estas medidas entrarán en vigor el 12 de marzo de 2025.

En relación con la Unión Europea, el 13 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para implementar «aranceles recíprocos». Esta política busca igualar los gravámenes que otros países imponen a los productos estadounidenses, considerando incluso impuestos como el IVA europeo como si fueran aranceles. Por ejemplo, si un país europeo aplica un IVA del 21% a productos importados, Estados Unidos impondría un arancel equivalente del 21% a las importaciones de ese país.

Además, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% o más a las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, con un posible anuncio oficial el 2 de abril de 2025. Estas medidas buscan incentivar a las empresas a trasladar su producción a Estados Unidos y reducir el déficit comercial.

Washington, capital federal, ha sentido como pocos otros lugares el impacto del regreso de Trump. Esta es una ciudad dominada por funcionarios. Los despidos se están produciendo a cientos, si no miles, cada día. Y de eso se encarga Elon Musk.

Elon Musk ha asumido un rol inédito en el Gobierno de Trump. No es su vicepresidente, ni su jefe de gabinete, ni siquiera miembro de su consejo de ministros, sino el encargado del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), un puesto sin salario. Su tarea ha sido declarar la guerra a la burocracia.

Desde el establecimiento de ese departamento, Musk ha implementado medidas drásticas que han provocado el despido de miles de empleados federales y el cierre de agencias completas. Uno de los casos más destacados es el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Tras una orden ejecutiva que congeló casi toda la ayuda exterior, más de 1.000 empleados y contratistas de USAID fueron despedidos o suspendidos. El sitio web oficial de la agencia fue desactivado, y el personal fue expulsado de la sede en Washington.

Musk calificó a USAID como una «organización criminal» y afirmó que fomentaba la corrupción y el desvío de fondos, justificando así su clausura.

Además de USAID, otras agencias y departamentos han sido objeto de recortes significativos bajo la dirección de DOGE. Se han cancelado más de 1.100 contratos federales, con un ahorro declarado de 8.500 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra representa solo una mínima fracción del gasto anual en contrataciones federales, y la falta de detalles ha generado escepticismo entre los demócratas sobre la veracidad de los ahorros reportados.

Lo más llamativo es que ahora, Musk y Trump se disponen a efectuar cortes en el Pentágono, que concentra el mayor gasto público en Estados Unidos. Se esperan ahorros de al menos el 8%, en lo que podría ser la mayor reestructuración del gasto militar en décadas. La Casa Blanca ha dejado claro que el objetivo es «optimizar recursos», pero sectores dentro del propio Departamento de Defensa advierten que estos recortes podrían debilitar la capacidad operativa del ejército en un momento de crecientes tensiones internacionales.

En su primer mes de mandato, Trump ha ejecutado un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos, acelerando las detenciones de indocumentados y la deportación de miles de inmigrantes. Las redadas y arrestos han aumentado significativamente, mientras la Administración explora medidas más agresivas para reducir la migración irregular.

Aunque Trump había prometido que las detenciones se centrarían en individuos con antecedentes criminales, datos oficiales revelan que más del 41% de los arrestados en las primeras dos semanas de febrero no tenían condenas ni cargos pendientes. En total, desde su toma de posesión, se han registrado más de 41.000 detenciones.

La operación ha incluido 44 vuelos de repatriación en las dos primeras semanas del Gobierno de Trump, ocho de ellos operados por el ejército. La Casa Blanca ha insistido en que estas deportaciones forman parte de un «plan de seguridad nacional» destinado a reducir la presencia de inmigrantes sin documentos en el país.

En un movimiento inesperado, Trump envió a su asesor especial, Ric Grenell, a reunirse con Nicolás Maduro en Caracas para negociar la aceptación de vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos. Como resultado, miles de venezolanos han perdido el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias.

Además, la Administración ha comenzado a trasladar a inmigrantes detenidos a la base naval de Guantánamo, donde se planea una expansión de su capacidad de internamiento hasta 30.000 camas. Paralelamente, países como Costa Rica y El Salvador han llegado a acuerdos con Washington para recibir inmigrantes en centros de detención financiados por Estados Unidos.

Según el coordinador de la política fronteriza, Tom Homan, el número de detenciones de personas indocumentadas que han entrado desde México ha bajado de un pico de 11.000 diarios con Biden a unos 220 actualmente.