López Obrador obedece a EE.UU. y ordena desalojar campamentos de inmigrantes en la frontera

Los hechos contrastan con lo informado por el presidente mexicano sobre el encuentro con Blinken. El jueves López Obrador dijo que el secretario de Estado no le había pedido medidas concretas y que Estados Unidos buscaba avanzar en la agenda de promoción y desarrollo de Centroamérica para evitar que las personas deban migrar en busca de mejores oportunidades. «Fue más que nada cooperación para el desarrollo y migración. Ahora más que nunca es indispensable una política de buena vecindad», dijo el presidente mexicano en su conferencia diaria.

Sin embargo, ya desde ese mismo jueves oficiales mexicanos retiraron casas de campaña en las afueras de Matamoros, al norte de México, y, según dijeron activistas de los derechos humanos a la prensa, al menos 40 extranjeros fueron detenidos para su deportación. Se trata de personas que esperaban respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. En dicho campamento han llegado a vivir hasta 1600 migrantes.

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«Estas redadas no se habían visto, todo sucedió mientras los migrantes dormían. Creemos que son parte de los acuerdos del Gobierno mexicano con el de Estados Unidos», mencionó la activista Gladys Cañas. También señaló que los detenidos fueron trasladados a Reynosa para tramitar su deportación. En su mayoría eran venezolanos.

Este tipo de campamentos se multiplican en diversos puntos de la frontera. Los ocupantes, por lo general, consiguen empleos temporales en el día y en la noche acuden al refugio, donde se encuentran sus familiares. En paralelo, buscan llevar adelante sus trámites migratorios ya sea en Estados Unidos o, en su defecto, en México.

A diferencia de otras redadas menores, en esta ocasión la autoridad mexicana desplegó maquinaria pesada y excavadoras para remover el campamento y luego dijeron a los medios que solo había tiendas de campaña vacías y que se trataba de una medida de limpieza a metros del Río Bravo que separa a México de Estados Unidos.

Según explicó a la agencia Associated Press, Segismundo Doguín, jefe del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas -el estado donde se ubica Matamoros-, negó que se tratara de un desalojo. «Lo que estamos haciendo es que carpa que vemos vacía, carpa que estamos quitando... pues ya se están empezando a ir los migrantes».

No se trata de la primera maniobra de este tipo por parte de la autoridad mexicana. Hace un mes en la Ciudad de México también fueron removidos campamentos migrantes. Estos fueron montados debido a la saturación de los albergues que operan organizaciones no gubernamentales y diversas iglesias.

De hecho, en esta capital, a sólo unas calles del Palacio Nacional, donde López Obrador recibió a los enviados de la Casa Blanca, está uno de los muchos asentamientos de este tipo.

La avanzada sobre los campamentos es la primera y la más visibles de las medidas a las que se comprometió el Gobierno mexicano en la reunión con Blinken. Según pudo conocer ABC de fuentes de la Cancillería mexicana, habrá acciones más enérgicas que dificulten el tránsito de los migrantes hacia una frontera a la cual cada día llegan entre 8000 y 10.000 personas.

Los funcionarios estadounidenses fueron enfáticos en que no se pueden repetir postales como las de esta semana que permitían ver una caravana migrante partiendo desde Chiapas hacia el norte del país y la autoridad mexicana sin poner el menor obstáculo.

El Gobierno de Joe Biden requiere blindar su frontera sur para que en el Congreso los republicanos aprueben más recursos para la guerra en Ucrania. Esta semana se envió la última remesa disponible por 250 millones de dólares en concepto de armamento y equipos.

En el encuentro con Blinken participaron el secretario de la Defensa Nacional de México, el general Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Estos oficiales manejan la seguridad interna del país y viajarán a Washington en enero lo cual da cuenta en parte de los compromisos asumidos por López Obrador ante el secretario de Estado.

El Gobierno mexicano no tuvo demasiadas alternativas. Sus industrias y empresas se vieron afectadas la semana pasada por el cierre temporal de dos cruces ferroviarios con Texas, llevado a cabo con el argumento de que se tuvo que reasignar a agentes de la patrulla fronteriza para hacer frente al elevado número de cruces migratorios.

Otro paso fronterizo permanecía cerrado en Lukeville, Arizona, y las operaciones quedaron suspendidas parcialmente en San Diego y Nogales, también en Arizona. Las pérdidas estimadas por el empresariado mexicano llegan a los 100 millones de dólares diarios.

Si bien estos cierres están prohibidos en la normativa del tratado comercial de América del Norte, EE.UU. se ampara en el derecho de resguardar su seguridad nacional. Este es el gran mecanismo de presión que Washington tiene sobre López Obrador: el de ocasionarle un daño comercial. México le exporta anualmente a Estados Unidos bienes y servicios por un valor que ronda los 380.000 millones de dólares.

No se trata de una fórmula nueva. Donald Trump presionó a López Obrador en 2019 con un esquema similar para que México blindara su frontera sur con Centroamérica. Si México no cooperaba, el presidente republicano aplicaría tarifas extraordinarias al comercio bilateral. Así se lo advirtió en Ciudad de México Jared Kushner, yerno de Trump y en ese entonces asesor de la Casa Blanca, a López Obrador. Y el presidente mexicano tuvo que ceder.