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La Justicia peruana amplía a tres años la prisión preventiva contra el expresidente Castillo por corrupción

El exmandatario ya está cumpliendo 18 meses de por presunta rebelión tras anunciar el 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción

Las protestas en Perú se cobran ya 62 vidas y la ONU pide una investigación

El expresidente peruano, Pedro Castillo EFE
Paola Ugaz

Paola Ugaz

Corresponsal en Lima

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El fallo de 3 años contra el expresidente Pedro Castillo es por liderar una red de corrupción en su Gobierno donde se recibían prebendas a cambio de obras junto a los exministros de Transportes, Juan Silva, que está prófugo; y de Vivienda, Geiner Alvarado. Es la segunda orden de prisión preventiva contra Castillo que cumple una sentencia de 18 meses por el fallido autogolpe del pasado 7 de diciembre

«Existe peligro de fuga porque el ex presidente Pedro Castillo tiene arraigo domiciliario, tiene facilidades para viajar al exterior en la eventualidad de encontrarse en libertad, porque se avizora la imposición de una pena grave», dijo el juez Juan Carlos Checkley tras confirmar el fallo contra el jefe de Estado, que seguirá recluido hasta marzo del 2026.

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es acusado de liderar una organización criminal y es procesado por la Fiscalía por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, por los que ha solicitado 32 años de cárcel.

Durante la lectura del fallo, Checkley indicó que los arraigos laboral y familiar de Castillo no son de calidad y su conducta «desvirtúa» cualquier posibilidad de colaboración con la Justicia y que, por el contrario, el expresidente busca «borrar pruebas, rehuir a la justicia, y procuró asilarse en la embajada de México».

El magistrado hizo un recuento de hechos, entre los que enumero que Castillo asustó testigos, eliminó pruebas incriminatorias, realizó actos de desprestigio, hostilización y amedrentamiento a operadores de justicia, que incluye a la Fiscal general, Patricia Benavides.

La defensa de Castillo ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se anule su primera prisión preventiva por rebelión al realizar el autogolpe donde buscó sin éxito hacerse de todos los poderes acompañado de la ex primera ministra Betsy Chávez y el ex primer ministro Anibal Torres.

Según una investigación del diario 'La república', el expresidente Castillo buscó comprar el software de espionaje israelí Pegasus junto al empresario español, Jorge Hernández Fernández y el capitán de corbeta en retiro, Carlos Barba Daza, con el fin de investigar a sus opositores, a la fiscal general, Patricia Benavides, entre otros. El empresario conocido como 'el español' que está detenido por presunto espionaje viajo a Panama junto a Barba a una feria de tecnología, pero la venta no realizó porque solo se realiza a gobiernos. Este caso abre un nuevo filón de investigaciones contra el expresidente Castillo, preso junto al expresidente Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) en el penal Barbadillo, al este de Lima..

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