Japón prepara sus fuerzas armadas para un futuro hostil

En la tierra del sol naciente impera desde 1957 la Constitución pacifista impuesta por Estados Unidos durante la ocupación. Por medio del artículo 9 de este documento fundacional, el país renuncia a ejercer el derecho soberano de la beligerancia. No cuenta, de hecho, con un Ejército per se, sino con unas Fuerzas de Autodefensa que en la práctica desempeñan la misma función, pero sometidas a sustanciales restricciones operativas y controversias sobre su legitimidad. Aun así, el 'Global Firepower Index' coloca a Japón como la quinta potencia militar del mundo.

Los sectores políticos más conservadores abogan desde hace décadas por remediar esta anomalía de un elemento constitutivo del Estado nación. Ahora, las circunstancias apremian. Ante un escenario geopolítico de hostilidades explícitas, Japón mantiene disputas territoriales con la belicosa Rusia –motivo por el cual ambos países todavía no han firmado un tratado de paz que concluya la Segunda Guerra Mundial–, viejas rencillas con la cada vez más agresiva China –cuyas tropas rodean estos días la isla de Taiwán en lo que pasará a la posteridad como la cuarta crisis del estrecho de Formosa– y enemistad con Corea del Norte –obstinada en potenciar su arsenal nuclear–. Este mapa de problemáticas vecindades impulsa la reapertura de un debate histórico.

La relación de fuerzas alrededor del mismo ha quedado fijada por los resultados de las elecciones legislativas a la cámara alta, la Cámara de Consejeros, celebradas a mediados del pasado mes de julio. En estos comicios, el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Fumio Kishida obtuvo una clara victoria que le coloca en posición de emprender la crucial porfía.

El PLD ostenta 119 (48%) de los 248 escaños del órgano parlamentario. Los 27 de su socio gubernamental, el budista conservador Komeito, más los 21 del populista Nippon Ishin, favorable a la reforma constitucional, elevan la suma a 167 (67%). Arroja un equilibrio similar la cámara baja, la Cámara de Representantes, donde la entente controla 333 de 465 escaños (71%). En ambos casos, justo por encima de los dos tercios, mayoría necesaria para iniciar el proceso. El horizonte temporal, además, brinda tres convenientes años sin elecciones.

«Desde el punto de vista de los números, [Kishida] cumple los requisitos para someter a referéndum una propuesta de revisión constitucional», apunta Yuko Nakano, investigadora del laboratorio de ideas CSIS. «Sin embargo, no será una tarea fácil, pues el bloque que apoya la reforma no es monolítico. Cada partido tiene una perspectiva diferente sobre las áreas a reformar. El PLD, por ejemplo, tendrá que negociar con Komeito, que no está muy interesado en cambiar la naturaleza pacifista de la Constitución».

Estos últimos comicios legislativos quedaron marcados por el atentado que acabó con la vida de Shinzo Abe. Su asesinato mientras participaba en un acto de campaña sacudió Japón. Este no solo era el primer ministro que durante más tiempo ostentó el cargo, también el líder político más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial y una voz todavía muy influyente, hasta el punto de que se rumoreaba con una posible tercera etapa al frente del país tras renunciar en dos ocasiones por motivos de salud.

La reforma constitucional representaba la máxima aspiración de un mandatario que trató de construir un Japón más centrado en el futuro que en el pasado. En 2014, con el beneplácito del por entonces presidente norteamericano Barack Obama, realizó una primera tentativa de reinterpretar el texto para conceder más autonomía a las Fuerzas de Autodefensa, sin alcanzar resultados concluyentes. En su discurso de despedida en agosto de 2020 hizo mención explícita a este empeño inconcluso. «Debo pedir perdón por dimitir sin resolver la reforma constitucional, lo que me causa un gran pesar».

Kishida, su discípulo más adelantado, hereda dos años después esta quimera y la oportunidad de llevarla por fin a término. «El legado de Abe consiste en la reforma constitucional y el aumento del presupuesto de Defensa, y eso es algo que después de lo sucedido no puede ignorar», señala Atsushi Tago, profesor de Política en la prestigiosa universidad tokiota de Waseda. Ante este imperativo, no obstante, las discrepancias entre ambos suponen una fuente de tensión. «Kishida es conocido por ser un liberal, mientras que Abe defendía una línea más dura».

Nunca resultaron estas tan evidentes como cuando a finales de febrero Abe propuso que, ante la situación en Ucrania, Japón podría considerar la posibilidad de albergar en su territorio armas nucleares estadounidenses «en un acuerdo similar a la OTAN»; palabras sin precedentes en el país de Hiroshima y Nagasaki. «Las discusiones sobre cómo el mundo se mantiene seguro no deberían ser tabú», argumentó el difunto.

Kishida, que ha desarrollado parte de su trayectoria política en la ciudad arrasada por 'Little Boy', repudió al día siguiente dicha opción como «inaceptable». Durante su mandato, aseguró, Japón mantendrá inalterables los 'Tres principios' de 1967, según los cuales el país se compromete a no poseer, producir o acoger armamento nuclear.

A pesar de esta desavenencia, Kishida comparte el dictamen general de su predecesor. «Las capacidades de defensa de Japón deben mejorar sustancialmente a la luz de los cambios actuales en la situación internacional», afirmó el primer ministro en una entrevista concedida en mayo al medio nipón 'Nikkei'. «Estamos revisando nuestros documentos de defensa, incluida la estrategia de seguridad nacional que se publicará a finales de año, y espero fortalecer radicalmente nuestras capacidades». Durante su participación en la cumbre de la OTAN –el primer mandatario japonés en hacerlo– que Madrid acogió el pasado mes de junio, incidió en un augurio recurrente: «El este de Asia es la Ucrania del mañana».

Durante esta última campaña electoral, Kishida adelantó sus planes de doblar el presupuesto militar a lo largo del próximo lustro, hasta alcanzar el 2% del PIB, e incluir una mención a las Fuerzas de Autodefensa en la Constitución para despejar toda duda respecto a su legalidad. Esta materia fragmenta en dos mitades a la sociedad nipona: según encuestas recientes, un 50% considera necesario revisar el artículo 9, mientras que el 48% se opone.

«Dividir el artículo 9 en dos quizá suene como una evaluación demasiado puntillosa, pero supone una distinción muy importante», explica Nakano. «Los datos de estos sondeos muestran que la mayoría de la población sigue apoyando una renuncia a la guerra [contenida en la frase inicial], pero consideran que el rol de las Fuerzas de Autodefensa debe ser delineado más claramente [en la proposición siguiente] para que puedan responder de manera ágil y efectiva ante las contingencias de un entorno de seguridad cambiante».

Así, con cautela y minuciosidad, Japón se prepara para un futuro hostil que, en apariencia, pertenecía al pasado.