La inseguridad sustituye a la corrupción como principal disrupción política en Latinoamérica

En Ecuador el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en agosto de 2023, pocos días antes de la primera vuelta presidencial, posiblemente condicionó la elección de parte del electorado: sorprendentemente Daniel Noboa pasó a la segunda vuelta; alcanzada luego la presidencia, Noboa ha convertido la guerra contra los carteles de droga en una absoluta prioridad.

En Chile, el asesinato de tres carabineros un mes antes de las elecciones de mayo de 2023 para el Consejo Constitucional pudo influir en la inesperada mayoría alcanzada por el Partido Republicano, en un contexto de «conmoción» nacional, como lo definió el Senado. En Argentina, la muerte violenta de una niña de 11 años paralizó la campaña de las primarias de agosto, en las que algunos observadores creen que Javier Milei se vio primado por el debate social suscitado.

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Crímenes que alcanzan un gran impacto mediático ponen de relieve después otros homicidios y todo ello articula una mayor conciencia social y política sobre la inseguridad ciudadana. Aunque el índice de Gallup sobre Ley y Orden referido al año pasado precisa que en los últimos ejercicios Latinoamérica no es la región más violenta del mundo, por haberle superado África Subsahariana (gracias a ligeras mejoras en algunos países como en Venezuela y México, lo que relativiza mucho esa mejoría pues ambos países siguen siendo extremadamente violentos), sí evidencia el claro deterioro en varios lugares. Así, Ecuador ha pasado a ser el quinto país del mundo en el que más ciudadanos consideran inseguro caminar solos por la noche, y Chile se ha convertido en el sexto.

«Si la corrupción fue el gran problema que puso patas arriba la política latinoamericana en la década de 2010, los delitos violentos pueden desempeñar el mismo papel en la década de 2020 en muchos países», ha afirmado Brian Winter, editor de la revista del Consejo de las Américas, un think-tank estadounidense. En un reciente artículo destacó cómo a mediados del año pasado el 50% de los chilenos pensaban que el crimen era el principal problema del país, cuando justo antes de la pandemia el 54% de la población apuntaba en cambio a las pensiones y la jubilación. La inseguridad ha crecido en Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Costa Rica, países en los que hoy la violencia está entre las cuestiones dominantes de la agenda política.

También lo está en El Salvador, si bien por la razón opuesta. En el citado índice de Gallup, El Salvador es el país de Latinoamérica y el Caribe cuyos ciudadanos perciben más seguro, debido a la guerra abierta por el presidente Nayib Bukele contra las maras y que de momento parece estar ganando, por más que vulnerando ciertas garantías jurídicas. En un gobierno cada vez más autoritario posiblemente hay situaciones de corrupción denunciables, pero los ciudadanos dicen valorar más que otra cosa la libertad de movimiento que ganan en su vida gracias al retroceso de las maras. El eco que la gestión de Bukele está encontrando en políticos de otras naciones resalta lo prioritario de esta cuestión.

En la década de 2010 ciertamente la corrupción fue un elemento central en el debate político de muchos países. El «boom» del precio de las materias primas supuso ingentes ingresos para los estados, lo que propició la construcción de infraestructuras y el desvío de dinero hacia el bolsillo de muchos políticos en esas y otras operaciones. Fue el tiempo de las comisiones pagadas por la brasileña Odebrecht, la caída de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva, la prisión para expresidentes de Perú o la confrontación de la elite política de Guatemala contra comisión de la ONU que vigilaba la corrupción en el país.

En esta década la corrupción puede estar pasando a un segundo plano porque en una época de vacas flacas existen menos montos para la apropiación de los políticos, o simplemente porque se ha convertido en parte del paisaje político. Pero también puede estar influyendo la caída en la región de la adherencia democrática, como persistentemente constatan las encuestas del Latinobarómetro: menos interesados en restaurar el ideal democrático (por tanto, la trasparencia y la gestión honesta), los ciudadanos prefieren gobiernos fuertes que realmente resuelvan sus problemas, y uno de ellos –el mayor para muchos– es la inseguridad.