Guantánamo resurge como cárcel permanente para los indocumentados

En una jugada que evoca los días más sombríos de la base, Guantánamo podría convertirse otra vez en una prisión sin fin, en una sombra que se extiende sobre la frontera y la política migratoria de Estados Unidos.

Detener a indocumentados en Guantánamo no es una idea nueva. En los años 90, la base naval ya se convirtió en un limbo jurídico para cientos de haitianos que huían de la represión en su país tras el golpe de Estado de 1991. Interceptados en el mar, fueron confinados en una prisión de esa base sin garantías de asilo y, en muchos casos, sin acceso a tratamiento médico adecuado, según denunció entonces Amnistía Internacional.

Entre ellos, más de 270 solicitantes seropositivos quedaron atrapados en un campamento improvisado, sin derecho a ingresar a Estados Unidos y con recursos médicos mínimos. Era el pico de la epidemia de sida, y una buena parte de ellos murieron antes de que se decidiera sobre sus solicitudes.

Aquello ocurrió durante la Administración de George Bush padre, y en 1994, Bill Clinton, su sucesor, ordenó que refugiados haitianos y cubanos interceptados en el mar fueran retenidos en la base, elevando la población inmigrante allí a 45.000 personas en un solo año. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado el uso continuo de la instalación para encarcelar a solicitantes de asilo en condiciones carcelarias y sin acceso al exterior.

Aislados y sin garantías de protección o amparo, muchos han permanecido allí por años, a la espera de que un tercer país acepte recibirlos.

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David Alandete | Corresponsal en Washington

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El llamado Centro de Operaciones para Inmigrantes en la base es el mismo que, en los noventa, se transformó en un limbo jurídico para haitianos y cubanos. Un informe reciente de la organización Asistencia Internacional al Refugiado denuncia que las personas interceptadas en el mar son retenidas allí en condiciones «carcelarias» y sin acceso a asistencia legal o médica. Aseguran, además, que hay hacinamiento, problemas de higiene y poca transparencia sobre el tiempo que van a permanecer encerrados.

En Washington, las autoridades rechazan estas acusaciones y aseguran que el campamento cuenta con servicios médicos y recreativos suficientes, permitiendo a los inmigrantes realizar compras o incluso trabajar dentro de la base. Muchos de los detenidos provienen de situaciones de persecución política o violencia en sus países, y regresar implicaría volver a ponerse en peligro. Sobre todo, los cubanos, que huyen de la isla y ya no cuentan con la opción de que Estados Unidos les conceda la residencia inmediata, como sucedía hasta 2017.

El informe también revela testimonios de familias que pasaron meses e incluso años recluidas en Guantánamo sin recibir un proceso formal de asilo. «Estas personas se enfrentan a la disyuntiva de esperar indefinidamente para ser reasentadas en un lugar seguro o regresar a un sitio donde corren el riesgo de persecución», dijo José Miranda, abogado de una de las familias cubanas allí retenidas.

Ese centro de detención está en el margen opuesto de la bahía en la que se encuentra lo que, a veces, es una de las cárceles más famosas del mundo, el penal de máxima seguridad para los detenidos de las guerras en Irak y Afganistán. Según el recuento más reciente, del 6 de enero, en el penal Guantánamo solo quedan 15 detenidos, de un total de 779 que pasaron por la base desde que se inauguró el centro. A lo largo de los años, muchos han sido repatriados o transferidos a terceros países, incluido España.

El grupo más numeroso inicialmente estaba formado por afganos, seguido de saudíes, yemeníes y pakistaníes. La mayoría de estos prisioneros fueron catalogados en algún momento como «combatientes enemigos». A pesar de múltiples procesos de liberación y transferencia, varios de los detenidos pasaron años sin cargos formales y algunos continúan en esta situación.

El recluso más famoso es el ideólogo de los atentados del 11-S. Khalid Sheikh Mohammed fue detenido en 2003 y trasladado poco después a instalaciones de la CIA, antes de su envío a esa prisión de Guantánamo. Se le atribuye haber planeado detalles clave de los ataques, incluida la formación de pilotos para estrellar aviones comerciales contra objetivos en suelo estadounidense.

Su proceso judicial en la base naval de Guantánamo se ha prolongado por más de dos décadas, con múltiples audiencias y retrasos. Uno de los momentos más significativos tuvo lugar a principios de este mismo año, cuando estaba previsto que admitiera su culpabilidad como parte de un acuerdo que lo libraría de la pena de muerte. Sin embargo, una corte federal de apelaciones ordenó detener temporalmente ese proceso. La Casa Blanca, con Biden, se oponía a ese acuerdo y quería, junto con las familias de las víctimas, que el caso fuera a juicio.

La posibilidad de transferir a Mohammed a otro lugar ha surgido en distintas ocasiones a lo largo de los años, sobre todo durante los debates acerca del cierre de la prisión de Guantánamo. Sin embargo, las negociaciones casi siempre han chocado con objeciones por razones de seguridad nacional, presión de la opinión pública y la gravedad de los cargos que enfrenta. Bajo Barack Obama se intentó trasladarlo a Nueva York, lo que provocó una revuelta. Trump lo impidió en su primer mandato y, de hecho, firmó un decreto en el que ordenaba que el penal permaneciera operativo 'sine die'.

Más de dos décadas después, las víctimas y familiares de los atentados del 11-S siguen esperando el desenlace de un juicio marcado por controversias, acusaciones de tortura y continuos aplazamientos legales.

El penal de Guantánamo está en una suerte de limbo legal, pero físicamente está en Cuba, a pesar de las protestas, airadas, de la dictadura castrista, que exige su retorno.

La bahía de Guantánamo en sí se convirtió en un punto estratégico para Estados Unidos a raíz de la guerra con España en 1898. Tras la derrota de España y el Tratado de París, Cuba quedó entonces bajo una influencia considerable de Estados Unidos, lo que sentó las bases para futuras relaciones y acuerdos en la región.

En 1903 se firmó un acuerdo de arrendamiento que otorgó a Estados Unidos el derecho a utilizar la bahía de Guantánamo como base naval. Este tratado permitió a Estados Unidos consolidar su presencia militar en el Caribe y asegurar un punto de apoyo estratégico para sus operaciones en la región. El alquiler es a perpetuidad, y es de unos 4.500 dólares (4.300 euros), que Cuba nunca cobra.

Dentro de la base, administrada por la Armada, hay aeropuertos, tiendas, restaurantes de comida rápida, soleadas playas y aun se conservan aquellas famosas jaulas a las que llegaron los primeros detenidos de la guerra contra el terrorismo, encapuchados y maniatados, con sus uniformes anaranjados, antes de ser internados en la cárcel militar, Camp Delta.

Amnistía Internacional lo denunció en 2005 como «un gulag americano». La Administración Bush respondió que era una necesidad para internar a los peores terroristas. Trump se hace eco ahora de esa misma retórica, reafirmando que Guantánamo sigue siendo un instrumento indispensable para la seguridad nacional.

Barack Obama intentó cerrar la cárcel. Joe Biden también. Ahora Trump se ha asegurado de que haya allí más detenidos. La llegada de 30.000 indocumentados dobla la capacidad de detención de todo Estados Unidos. Además es ciertamente una gran advertencia, un método excelente de disuasión: cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, y darse en este país a una vida de delincuencia bien puede significar pasar el resto de los días en Guantánamo.

Y como el propio presidente de Estados Unidos dijo esta semana en la misma Casa Blanca: «Desde luego, es un sitio del que va a ser muy difícil que se escapen, muy difícil».

Los primeros vuelos a la base naval comenzarán, según la Casa Blanca, esta misma semana que entra.