El Gobierno de Meloni aprueba un decreto para blindar sus centros de inmigrantes en Albania

Por «países seguros» se entiende aquellos en los que sus ciudadanos no necesitan especiales medidas de protección, no están en peligro y, por tanto, donde podrían ser repatriados los inmigrantes irregulares llegados Italia. En una rueda de prensa tras el consejo de ministros, el de Justicia, el exmagistrado Carlo Nordio, explicó: «Hemos llegado a esta situación después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que no se ha entendido bien: la sentencia es muy compleja y detallada y además está escrita en francés, que probablemente no fue bien entendido ni bien leído por los magistrados italianos». Meloni tiene previsto ofrecer este martes una rueda de prensa para aclarar los pormenores del decreto ley con el que espera salvar su polémico plan para retener a los inmigrantes irregulares en el centro que Italia ha construido en Albania.

La estrategia de Meloni había sido frenada el pasado viernes por la Justicia italiana, lo que supuso un duro golpe. La primera ministra se ha topado en su plan de Albania con tres frentes: la magistratura, la oposición, el Papa Francisco y los obispos. «Los inmigrantes no son paquetes que se lanzan de un lado a otro -advierte el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francesco Savino-. Pedimos respeto a las personas». El Tribunal de inmigración de Roma ordenó el pasado viernes que el primer grupo de inmigrantes enviado al centro de Albania debía regresar a Italia. El grupo inicialmente estaba compuesto por diez ciudadanos de Bangladés y seis de Egipto, dos de los países que Italia consideraba «seguros» y, por tanto, era posible rechazar su petición de asilo y repatriarlos.

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Ángel Gómez Fuentes | Corresponsal en Roma

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Con la decisión del Tribunal de Roma se inició un feroz enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces, que se calentó aún más cuando un magistrado del Tribunal Supremo, Marco Patarnello, envió un correo electrónico a sus colegas de la asociación Magistratura Democrática, afirmando que «la primera ministra es más peligrosa que Berlusconi», porque «Meloni no tiene investigaciones judiciales en su contra y por lo tanto no actúa por intereses personales, sino por visiones políticas y eso la hace mucho más fuerte». Según el vicepresidente del Gobierno, Mateo Salvini, el magistrado Patarnello, autor de la carta, «ya no debería estar en su lugar».

Con la aprobación del decreto ley, el Gobierno italiano establece un marco jurídico para que ya no sean los jueces quienes deban interpretar si un país es 'seguro o no', pues ese papel corresponde al Ejecutivo y al Parlamento. Pero, seguramente, la batalla continuará. No es descartable que hasta 2026, fecha impuesta por el Parlamento Europeo para que se comience a aplicar el Pacto de Migración y Asilo, los jueces italianos sigan aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los países «seguros», porque las normas del derecho europeo están por encima de las nacionales.

Ahora, el decreto ley aprobado por el Ejecutivo debe ser firmado por el presidente de la República, Sergio Mattarella, que podría hacer algunas consideraciones que el Gobierno debería tener en cuenta. De momento, ya ha hecho una advertencia pública para que haya respeto y diálogo entre las instituciones, invitando a ejercitar «las habilidades de mediación y síntesis». «Hay momentos en la vida de toda institución -señaló el jefe del Estado- en los que no es posible limitarse a afirmar la propia visión de las cosas, profundizando diferencias y contrastes. Necesitamos saber cómo ejercitar las habilidades de mediación y síntesis», sentenció Mattarella.

Mientras tanto, con el enfrentamiento entre el Gobierno y la magistratura, el problema de la inmigración se ha colocado en el sexto puesto entre las prioridades de los italianos, mientras anteriormente parecía olvidado, gracias al descenso de los desembarcos, que han disminuido el 60% en este año en relación con 2023. Meloni cree que la batalla de la inmigración y su respuesta de golpe por golpe a la magistratura le puede favorecer ante la opinión pública.

Con la medida aprobada este lunes, el duro enfrentamiento entre el Gobierno Meloni y la magistratura podría continuar, según los medios italianos. El líder de la Liga, Matteo Salvini, está calentando cada día más el clima de tensión sobre la inmigración con una campaña personal contra los jueces.

Salvini se presentó el viernes ante en el Tribunal de Palermo, donde la Fiscalía pide contra él seis años de cárcel, acusándolo de secuestro y abuso de poder por haber retenido, en 2019, a los 147 inmigrantes a bordo del barco humanitario español Open Arms, en condiciones insostenibles. Para el acto final de este proceso, con la intervención de su abogada Giulia Bongiorno, Salvini se presentó con 200 seguidores, incluyendo parlamentarios de la Liga y cinco ministros. «Me declaro culpable de haber defendido a Italia». Los medios lo interpretaron como un gesto para intimidar a los jueces.

Cualquier tema sobre inmigración es bueno para su propaganda política. Por ejemplo, un suceso reciente, el abatimiento a tiros por un Policía de un inmigrante de Mali en evidente estado de agitación y que iba armado con un cuchillo. Frente a esta escena, Salvini dijo: «Con todo respeto, a ese inmigrante no lo echaremos de menos», suscitando durísimas críticas de la oposición, que lo acusa de fomentar el odio.

En ese clima se registra una creciente polarización en la sociedad, mientras las fuerzas políticas endurecen su enfrentamiento, sin escuchar las recomendaciones del presidente Mattarella para afrontar los graves problemas con mediación y diálogo.