El futuro de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en manos de sus aliados del Congreso

El próximo 3 de abril, se presentará el gabinete de ministros presidido por Gustavo Adrianzén a pedir el voto de investidura y se espera que los partidos Fuerza Popular de Keiko Sofía Fujimori; Alianza por el progreso de César Acuña y Renovación Popular de Rafael López Aliaga voten por su aprobación lo que anticipa el voto ante la moción de destitución presentado por las bancadas de partido de izquierda.

La crisis del 'Rolexgate' se inició el pasado 14 de marzo cuando el medio digital 'La encerrona' publicó que la presidenta Dina Boluarte usaba un reloj de alta gama de marca Rolex y que no lo había declarado como parte de sus bienes. Con el paso de los días, se reveló que tenía tres Rolex, una pulsera Cartier de 58 mil dólares, y se estima, según una pesquisa del diario 'La república', las joyas de Boluarte tienen un valor de 450 mil euros.

El 18 de marzo, el fiscal Hernán Mendoza le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito y solicitó el allanamiento a la presidenta Boluarte con el fin de incautar los relojes pero al obtener una negativa de parte de la defensa de Boluarte. El allanamiento tuvo lugar el viernes santo y se encontraron los documentos del Rolex que, según la casa matriz que los vende en Perú, no fueron comprados por ella.

El abogado de la presidenta Boluarte, Mateo Castañeda, solicitó adelantar la vista ante la Fiscalía que está prevista para el próximo viernes 5 de abril.

Al respecto, el secretario de Proética, Samuel Rotta, le dijo a ABC que la presidenta Boluarte, «debió dar una respuesta clara al país, explicando cuál el origen de estos bienes de lujo, dando una explicación razonable de por qué no los había consignado en sus declaraciones patrimoniales y sometiéndose a las responsabilidades que esa omisión acarrease».

Para Rotta, se abrió la puerta para la investigación penal a un presidente en funciones desde la gestión de Pedro Castillo. «Era de esperarse que la sucesora de Castillo actuara con la mayor diligencia posible para evitar verse enfrentada a sospechas, aunque sea mínimas, que pudieran conllevar a que se activasen los mecanismos legales con que cuentan los fiscales para profundizar en las pesquisas, como los allanamientos del fin de semana», al tiempo que agregó, «como la más alta autoridad del Estado, además, se hubiera esperado que brindase todas las facilidades para prevenir una imagen tan chocante como romper la puerta de su domicilio».

«Al margen de la investigación fiscal sigue en el ambiente la pregunta por el origen de los relojes y la presidenta Boluarte, por respeto a la opinión pública, debiera brindarla sin rodeos. En una situación ideal, el presidente del consejo de ministros [Gustavo Adrianzen] podría haber encausado a la presidenta a responder en ese sentido en vez de abonar a teorías de conspiración o a pasar por el agua tibia de la vida personal asuntos que resultan de interés público», finalizó Rotta.

Desde 2016 ningún presidente en Perú ha terminado su mandato de cinco años lo que ha causado que la economía deje de crecer, se incremente la migración de los jóvenes y que aumente la decepción de los peruanos ante la democracia que ha visto pasar seis presidentes en medio de crisis que se conjuran con la destitución de los jefes de estado.