Diez millones de sin papeles: la crisis que atormenta a Harris antes de las elecciones en EE.UU.

Es el caso de Carolina Mejía, una mujer de 36 años de Honduras, que ha cruzado todo México a pie y en tren con su hija de 16 años y su hijo de seis. Ha sido un calvario plagado de peligros —amenazas, extorsiones, riesgo de secuestro—, pero ninguno comparable a seguir en Honduras. Allí, intentaron violar a su hija, su madre falleció del padecimiento y Carolina quedó sola con sus hijos. «Yo a mi país no puedo volver», explica. «Mi hija se desmayaba en el camino; pensé que la perdía».

Carolina ha intentado pedir asilo en Estados Unidos dos veces, tratando de cruzar la terrible concertina y el infranqueable muro. Exhausta y temiendo por sus hijos, se entregó a los agentes de frontera, pero le han negado ese derecho debido a las políticas aplicadas desde junio, que permiten devoluciones inmediatas a México. Debe esperar en Ciudad Juárez, uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres, capital mundial de los feminicidios. Para ganar algo de dinero, deja a sus hijos por la noche y se va sola, tras una hora de trayecto en autobús, a limpiar un hospital. El viaje, para una mujer sola, es uno de los más arriesgados del mundo.

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La gran misión de Kamala Harris tiene un resultado trágico. Durante tres años y medio de mandato demócrata, han entrado 10 millones de personas indocumentadas en un caos en el que el crimen organizado —la mara salvadoreña, el narco mexicano, el Tren de Aragua venezolano— también ha penetrado en el país, según denuncian los gobernadores de estados fronterizos. Y luego está la cifra que la Casa Blanca activamente oculta: intentando entrar en EE.UU., en ese cruce mortal que Carolina y sus hijos han intentado, han fallecido 2.700 personas, ahogadas, deshidratadas o asesinadas por los coyotes (traficantes) si se convierten en un lastre.

Para muchos, incluso ese riesgo vale la pena. Es el caso de Esmar Sandrea, un venezolano de 35 años que está desde principios de año en Juárez con su mujer y sus dos hijos, un niño y una niña. No pueden salir del albergue en el que se refugian, desde el que se ve el muro, la promesa de EE.UU. a solo unos cientos de metros, imposibles de recorrer. Salir a las calles de esta ciudad es arriesgarse al secuestro y la extorsión. La trata de personas es ahora el negocio más lucrativo del crimen organizado, mucho más que la droga.

Aun así, no pueden volver a Venezuela. «Allí tu vida corre peligro. Te expones a ir preso, a ser torturado, y no estamos dispuestos a eso», cuenta Sandrea, que se presentó a concejal en su estado de Táchira con un partido opositor, y recuerda que desde entonces al hambre y la carestía se sumó la persecución política del chavismo. En Juárez, «aunque estás libre, estás en cautiverio, por los altos índices de criminalidad». La familia vive en un limbo, sin entender por qué EE.UU. no los acoge, cuando desde Washington se acusa a Nicolás Maduro de dictador y violador reincidente de derechos humanos, varias veces imputado y sancionado. «No pedimos nada extraordinario, solo lo que debería tener cualquier ser humano: el privilegio de la seguridad, el privilegio de la alimentación, el privilegio de que los niños vayan a un colegio, que no tengas miedo de salir a la calle porque te van a quitar la vida», dice Sandrea en el albergue donde vive. En un cuarto hay colchones rodeados de enseres, donde duermen una veintena de personas. El olor a desagüe inunda toda la casa, que se abrasa bajo el calor del desierto.

En Washington, la diplomacia y la política migratoria parecen seguir caminos radicalmente distintos, tanto ahora como en la era de Donald Trump. Estos inmigrantes han abandonado sus países tras las denuncias de fraude electoral y las graves acusaciones de represión formuladas por la Casa Blanca contra Maduro y su red de poder.

Pero, desde junio, al acercarse la campaña electoral de EE.UU., han visto cómo se les cierran las puertas. Hasta entonces, uno podía entregarse y pedir asilo. Durante la pandemia, miles fueron expulsados por razones sanitarias. Biden prolongó esa medida heredada de Trump, justificándola como filtro migratorio. En mayo de 2023 se levantaron esas restricciones, y las entradas de los sin papeles aumentaron hasta marcar un récord en diciembre, con 370.000 inmigrantes detenidos por entrar sin permiso, de los cuales 62.000 eran venezolanos, 25.000 cubanos y 77.000 centroamericanos.

Los demócratas implementaron un nuevo plan en junio. Como resultado de la gestión de Kamala Harris, se permite un máximo de 2.500 solicitudes de asilo diarias; el resto son expulsados a México, donde deben esperar indefinidamente. Cada día, un sorteo determina quiénes pueden acceder a las autoridades migratorias de EE.UU.; los demás no tienen opción alguna, y la gravedad de cada caso no se evalúa.

«Nos tienen aquí en México, donde no nos tratan bien. Solo por ser hondureños nos ven inferiores», dice Víctor Celaya, de 38 años, quien vive con su esposa en un albergue cristiano. Tuvo que huir de su país en 24 horas, tras quedar atrapado en una guerra entre maras. Después de caminar 3.500 kilómetros, llegó a Ciudad Juárez, donde ni siquiera puede salir a la calle. «Salí una vez a buscar trabajo y nos siguieron para extorsionarnos. Estar en la calle ya es un riesgo», afirma.

Cerca de su refugio, en una barriada junto al Río Grande y el muro, hay casas donde, según se comenta en Juárez, el narco retiene a secuestrados: personas humildes como estos migrantes desesperados, quienes arriesgan todo por alcanzar un sueño al otro lado de la frontera.