«Excarcelación fraudulenta»: el régimen cubano libera solo a 200 presos políticos de los 553 prometidos

«Una vez más, el régimen cubano ha jugado con la perversión que ejercita desde tiempos inmemoriales contra las familias de manifestantes y de defensores de derechos humanos», declaró Prisoners Defenders (PD) al publicar el «primer análisis integral de los presos políticos excarcelados en Cuba». La oenegé catalogó este proceso como una «excarcelación fraudulenta».

Según el informe, entre el 15 y el 20 de enero (apenas un caso fue registrado el 30 de enero) solo 200 de un total de 1.161 prisioneros políticos fueron excarcelados, y el régimen habría completando los restantes (hasta 553) «con una cantidad aún indeterminada de delincuentes comunes que han salido excarcelados (…) con las mismas supuestas medidas 'de gracia' que los presos políticos excarcelados en Cuba».

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Camila Acosta | Corresponsal en La Habana

Este proceso careció de transparencia por parte de las autoridades, las ong como PD consultaron los resultados con las familias y los presos políticos excarcelados, lo cual les permitió sentenciar que la negociación de la «liberación de presos políticos» ha sido «una farsa teatral aún más grave de lo que ya ha sido debido a las condiciones en las que los excarcelados han salido de prisión, incompatibles con cualquier derecho humano fundamental, pero también destruiría aún más cualquier tipo de credibilidad sobre el régimen hasta para los más incautos y desconocedores de su naturaleza».

PD se refiere a que el 94% de los 200 presos excarcelados en Cuba habían cumplido más de la mitad de su condena y tendrían derecho al régimen abierto, la libertad condicional o la libertad inmediata.

Por otro lado, ninguno recibió la libertad incondicional, sino que seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas bajo dos tipos de subsidio: «libertad condicional» y «licencia extrapenal», por lo que permanece la amenaza de volver a prisión y, además, deben cumplir una serie de requisitos como: no moverse de su ciudad de residencia, trabajar en centros estatales asignados por la Seguridad del Estado, no expresar ni publicar sus opiniones en redes sociales o demostrar públicamente actitudes críticas con el gobierno, no dar declaraciones a la prensa independiente o extranjera, no comunicarse con organizaciones de derechos humanos, también deben comparecer regularmente ante las autoridades y podrán ser citados como parte de un seguimiento policial.

Por tal motivo, Javier Larrondo, presidente de PD, considera que se trata de «un régimen carcelario domiciliar de facto», y «las condiciones draconianas son sin duda una burla al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica, y la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a los más de 1.801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de diciembre pasado, en apenas 3 años y seis meses».

Larrondo recuerda igualmente que permanecen tras las rejas unos 736 reos políticos y de conciencia, todos bajo condiciones inhumanas y degradantes, y sometidos a constantes torturas físicas y psicológicas.

Por su parte, además de la total falta de transparencia en el proceso, las autoridades cubanas no han emitido declaración alguna al respecto pese a la pausa en las excarcelaciones que siguió tras la toma de posesión de Donald Trump y de que este revocara la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Aunque trascendió que se trataba de una negociación entre La Habana y Washington, el primero nunca reconoció que se trataba de un canje, sino de una promesa al Vaticano como parte de sus «estrechas y fluidas relaciones».

La desesperación ha aumentado en cientos de familias de presos políticos en la isla, quienes mantienen las esperanzas de recibirlos en casa antes de que estos extingan íntegramente sus sanciones, algunas de ellas de hasta 15 años de privación de libertad solo por manifestarse pacíficamente.