El Grupo de Puebla apoya a Evo Morales, acusado de violar a una niña de 15 años
El foro de la izquierda latinoamericana, comprometido a «eliminar toda forma de violencia contra las mujeres», ignora los señalamientos hacia sus miembros
La marcha de Evo Morales en Bolivia termina con amenazas y enfrentamientos contra el presidente Luis Arce
El lema de «hermana, yo sí te creo», ampliamente defendido por los llamados sectores progresistas, no parece aplicarse del todo en Bolivia, uno de los bastiones de esas fuerzas políticas.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, de 64 años, está siendo investigado por ... la Fiscalía de su país a raíz de la supuesta violación de una menor hace ocho años, cuando aún estaba en el poder, y con quien presuntamente tuvo una hija, según reveló esta semana el ministro de Justicia, César Siles.
Lo llamativo es que en Bolivia actualmente gobierna el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque Morales está enfrentado con el actual presidente, Luis Arce, que ostenta el cargo desde 2020.
Tensión en Bolivia con la llegada a La Paz de la marcha de Evo Morales contra Arce
Las autoridades bolivianas acusan al expresidente de buscar acortar la gestión del actual mandatario y con esa estrategia ser habilitado para las elecciones de 2025
En una comparecencia pública, que recoge AFP, Siles declaró: «Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en la impunidad, y me refiero concretamente a una niña, violada a sus 15 años. Producto de esa violación, tuvo una hija, cuyo padre, según un certificado de nacimiento, es el señor Evo Morales Ayma. Existe un proceso abierto que está en curso de investigación».
A pesar de estas pesquisas, que no son las primeras de este tipo, la élite de la izquierda iberoamericana ha defendido al expresidente a través del Grupo de Puebla, organización sucesora del Foro de São Paulo. En un comunicado, alega ese grupo que acusaciones similares han surgido en el pasado, sin que prosperaran en los tribunales.
El grupo denuncia una campaña de 'lawfare', o uso político de la justicia, expresando su «profunda preocupación por la campaña de 'lawfare' que se está desarrollando contra Evo Morales». Asimismo, instan los integrantes del grupo al Gobierno de Arce a no permitir que las autoridades judiciales participen en esta «operación de daño reputacional».
En realidad, Arce solicitó que el caso sea declarado bajo secreto de sumario, alegando que involucra a una menor y que debe protegerse la integridad de la familia. Según un comunicado del viceministerio de Comunicación, Arce afirmó: «Este es un tema que requiere una investigación adecuada. Para proteger a la menor y su familia, solicitamos que se declare en reserva. No se debe politizar un asunto tan delicado».
Se da la circunstancia de que Arce, al igual que Morales, es miembro del Grupo de Puebla, que reúne a líderes «progresistas con vocación de cambio», según sus estatutos. Entre los miembros también se incluyen figuras como Adriana Lastra del PSOE, Irene Montero de Podemos, Baltasar Garzón y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En su Manifiesto Progresista de 2021, el Grupo de Puebla se comprometió a «eliminar todas las formas de invisibilización, violencia, opresión y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes».
El viernes, Morales fue preguntado sobre estas acusaciones en una comparecencia en Cochabamba, a lo que respondió: «¿Cuántos hijos tienes tú? Lucho [Luis Arce] dice que no hay que meterse con la familia, la familia es sagrada». Según recoge el diario El Deber, no negó tajantemente los hechos, aunque en redes sociales alegó que ya había sido exonerado de acusaciones similares en el pasado. El mandatario se ha recluido en Cochabamba tras la orden de arresto.
El 2 de octubre, una fiscal, Sandra Gutiérrez, denunció haber sido destituida tras solicitar la detención del expresidente en relación con este caso. Los hechos que se investigan incluyen la partida de nacimiento de una niña emitida en 2018, en la cual Evo Morales figura como padre, y la relación con una mujer llamada Cindy S.V.P., quien tenía 15 años cuando quedó embarazada.
Una jueza de Santa Cruz aceptó un recurso presentado por los abogados de Morales que dejó temporalmente sin efecto la orden de detención. Según denunció la fiscal Gutiérrez, fue destituida por instrucciones del fiscal general Juan Lanchipa.
Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, apoyó a Arce en las elecciones de 2020. Sólo después de la victoria de este pudo volver a su país, al anularse una causa en su contra por las acusaciones de fraude en las elecciones de 2019. Ahora, Morales y Arce están enfrentados por el liderazgo del MAS y la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2025.
El informe de derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano de este año recoge que la ley en Bolivia prohíbe el uso de niños para explotación sexual, incluido el tráfico sexual, y tales actos son castigados con penas de prisión de 15 a 20 años; sin embargo, asegura el informe correspondiente, «no se cumple la ley y en estas actividades siguen siendo un problema grave».
La edad de consentimiento sexual en Bolivia es de 18 años. La pena por sexo, aunque sea consentido, con un adolescente de 14 a 17 años es de tres a seis años de prisión. La pena por tener relaciones sexuales con un niño menor de 14 años es de 20 a 25 años de prisión.
Aparte de este caso, tampoco han creído los integrantes del Grupo de Puebla las acusaciones de dos mujeres suecas contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Este huyó de la justicia de ese país, que le requería para interrogarlo, tras una denuncia por agresión sexual. Se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde le dio asilo el que en aquella época era presidente, Rafael Correa.
En 2010, una mujer acusó a Assange de haber mantenido relaciones sexuales con ella mientras dormía, sin su consentimiento, y sin el uso de protección, lo que en Suecia se considera violación. Otra mujer lo acusó de haberse comportado de manera agresiva en varios encuentros, incluyendo no respetar sus deseos de no tener relaciones sexuales sin protección.
Estas acusaciones llevaron a una orden de arresto internacional emitida por Suecia. Assange siempre ha negado estas acusaciones, afirmando que estaban motivadas políticamente por su trabajo en WikiLeaks, y que EE.UU. estaba tras él.
Las investigaciones en Suecia se cerraron en 2019 sin cargos formales debido al paso del tiempo y las dificultades para continuar con el caso. EE.UU. presentó cargos de espionaje en su contra en 2019, ampliados en 2020, y él se declaró culpable este año de un solo cargo, lo que le permitió salir en libertad.
Este viernes, el Grupo de Puebla, del que Correa es miembro, dijo que al asilar a Assange, el ecuatoriano «se convirtió en un referente de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa». En un comunicado, el Grupo de Puebla elogió a Correa por «la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión», y condenó «los intentos de persecución política, como los sufridos por Julian Assange».
Las dos mujeres en Suecia no pudieron obtener una respuesta de la justicia a sus denuncias. Assange fue liberado en Australia, y recientemente la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa le calificó de «preso político» por su refugio en Londres y posterior ingreso en prisión preventiva.
No son pocos los integrantes del Grupo de Puebla que en otros casos han manifestado la necesidad de creer a las denuncias sobre casos de agresión o abuso de este tipo. Por ejemplo, Irene Montero, exministra de Igualdad de España y eurodiputada de Podemos, adoptó el lema «Yo sí te creo» como parte de su discurso en favor de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Montero impulsó la llamada «Ley del solo sí es sí», una reforma legal aprobada en 2022 que redefinió los delitos sexuales en España, estableciendo que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito es considerado una agresión punible.
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