Ecuador vota este domingo si endurece las leyes para luchar contra el crimen organizado

Cerca de 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están habilitados para ir a las urnas y absolver once preguntas, cinco de las cuales implican enmiendas o reformas parciales a la Constitución.

La pregunta sobre extradición, que modifica el artículo 79 de la Constitución, es vista como una de las más relevantes, no solo porque apenas un año atrás los ecuatorianos respondieron que 'no' en la consulta que planteó el entonces presidente Guillermo Lasso, sino porque es considerada clave en la lucha contra el narcotráfico.

En las reformas a la Constitución se incluye la que pregunta sober si se está de acuerdo en permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, sin que exista de por medio una declaratoria de estado de excepción.

En el grupo de reformas se pregunta también sobre el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia; al igual que la que pide un pronunciamiento para que Ecuador reconozca el arbitraje internacional como método para para solucionar las controversias en inversiones, contratos y asuntos comerciales, prohibidos en la Carta Magna en vigencia.

La pregunta que más controversia ha causado plantea enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas y que es rechazada por los sectores sindicales que consideran propiciará la precarización laboral, mientras que los empresarios la defienden porque aseguran alentará la generación de empleo, en un país en el que siete de cada 10 personas en edad de trabajar no tienen un empleo adecuado.

Las seis preguntas de la consulta popular también buscan reforzar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, pero para ser puestas en vigor, de ganar el 'sí', deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional, para lo cual Daniel Noboa tendrá que enviar proyectos de ley individuales por cada una de las preguntas.

En la consulta popular se pregunta sobre el incremento de las penas para los delitos de terrorismo y su financiación, así como para el sicariato, la trata de personas, los secuestros y otros crímenes. Sectores de la academia y expertos han hecho reparos señalando si acaso no se trata de «populismo penal».

Otra pregunta averigua si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos y accesorios, de manera permanente en las rutas, caminos y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. La siguiente interrogante es si los presos deben cumplir la totalidad de la pena dentro del centro de rehabilitación social, sin la posibilidad de un régimen semi-abierto en los delitos de financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, secuestro, narcotráfico.

Otro tema se refiere a tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin afectar a las armas de uso de fuego permitidas para el uso civil. La siguiente interrogante consulta si las armas que han sido usadas en delitos puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, y sexta pregunta busca la aprobación de la gente para que el Estado pase a ser titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando la ley Orgánica de Extinción de Demonio.

Para garantizar la seguridad en un país que vive un conflicto armado interno, este domingo se movilizarán 80.000 efectivos de la fuerza pública y se espera que los ecuatorianos concurran de manera masiva, a pesar de que la campaña, en medio de la crisis diplomática con México y la eléctrica por la sequía, no ha despertado mayor entusiasmo.

También hay sectores que consideran que las preguntas no resuelven los temas de fondo, sino que Noboa quiere lograr apoyo con miras a participar en los comicios de 2025, ya que su mandato es por solo 18 meses para completar el período que interrumpió Guillermo Lasso al anticipar las elecciones.