Destituido también el presidente en funciones de Corea del Sur por una moción de censura

La moción había sido presentada el jueves después de que el presidente en funciones se negara a confirmar el nombramiento de tres jueces aprobado por la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría. Además, la oposición le acusa de ser cómplice en el autogolpe del presidente Yoon, ya que Han es el primer ministro del Gobierno.

Para deponer a un presidente, como ocurrió en el caso de Yoon Suk-yeol el día 14, hacen falta dos tercios de los 300 escaños del Parlamento, es decir 200. Pero, en el caso del presidente en funciones, que accedió a dicho cargo desde su puesto como primer ministro por la destitución de Yoon, ha bastado con la mayoría simple de 151 votos que se requiere para cesar a los demás miembros del Gobierno. Aunque la fuerza gobernante, el Partido del Poder Popular (PPP), había pedido que la moción de censura de Han Duck-soo se tratara como la de un presidente elegido en las urnas, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, lo rechazó. Airados, los diputados del partido gobernante rodearon su tribuna para protestar y pedirle la nulidad de la votación. Al tratarse de un hecho sin precedentes, el PPP va a pedir su revisión legal.

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Mientras se resuelve la cuestión, el presidente en funciones queda apartado del cargo y sus obligaciones las asume el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, quien también ejerce como viceprimer ministro para asuntos económicos. Esta nueva destitución agrava aún más la crisis política en Corea del Sur por la ley marcial que declaró el presidente Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre, contra la que se rebelaron el Parlamento y una masiva movilización ciudadana.

«Respeto la decisión de la Asamblea Nacional y, para no añadir nada más a la confusión e incertidumbre, mis obligaciones serán suspendidas de acuerdo con las leyes pertinentes y esperaré a la oportuna y sabia conclusión del Tribunal Constitucional», señaló en un comunicado el destituido presidente en funciones. Ahora, tanto su cese como el del presidente Yoon deben ser revisados por el Tribunal Constitucional, que empezó este viernes sus deliberaciones sobre la destitución de este último por intentar imponer la ley marcial. Su primera vista oral tendrá lugar el 3 de enero.

Precisamente, el nombramiento de tres de sus nueve magistrados, cuyas plazas están vacantes, ha motivado la moción de censura contra el presidente en funciones, Han Duck-soo. Aunque la oposición había aprobado el jueves su designación gracias a su mayoría en el Parlamento, Han se negó a ratificarlos por considerar que, como presidente en funciones, no tenía potestad para tomar decisiones en cuestiones constitucionales.

Al margen de estas razones, su decisión ahonda en el vacío de poder que sufre Corea del Sur, que está dañando su economía y ha llevado a su moneda nacional, el won, a sufrir su menor cotización ante el dólar de los últimos 16 años.

De forma paralela a la revisión de la destitución del presidente Yoon por parte del Tribunal Constitucional, la Oficina para la Investigación de la Corrupción de Altos Cargos lo ha citado a declarar el domingo a las diez de la mañana (dos de la madrugada, hora peninsular en España). Los investigadores quieren interrogarlo por, presuntamente, incitar a la insurrección y abuso de poder con su declaración de la ley marcial, que justificó acusando a la oposición de estar al vecino régimen comunista de Corea del Norte. Esta es la tercera citación que se le envía a Yoon después de que no haya asistido a las dos anteriores, la última el día de Navidad. Por lo general, si un investigado desobedece las tres citaciones, se ordena su arresto.

Para terminar de empeorar la situación, la Policía ha intentado registrar este viernes una casa segura donde el presidente Yoon se habría reunido con sus más estrechos colaboradores antes de declarar la ley marcial. Su propósito era incautarse de las grabaciones de las cámaras de video para identificar a las personas que estuvieron con Yoon la noche en que trató de imponer tan controvertida medida, que liquidaba las libertades democráticas y devolvía a Corea del Sur a los oscuros tiempos de la dictadura militar. Pero, después de tres horas de espera, la seguridad presidencial ha impedido el acceso a los agentes y les ha negado las grabaciones, lo que añade aún más tensión a la crisis no cerrada de Corea del Sur.