Los desaparecidos, la herida que Chile no cierra 50 años después

A 50 años del golpe de Estado, Chile no ha logrado cerrar las heridas y la sociedad se ha polarizado más con motivo de la fecha. En el recorrido, quienes nunca han dejado de alzar la voz pidiendo verdad y justicia son los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que reclaman al Estado y a las Fuerzas Armadas información para saber cómo murieron y dónde están sus seres queridos.

Hoy hay 1.162 chilenos que aún no han sido encontrados, pese a algunas iniciativas emprendidas tras la instauración de la democracia, como fueron la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig) en la era de Patricio Aylwin, la Mesa de Diálogo con Eduardo Frei y la Comisión de Prisión Política y Tortura (comisión Valech) con Ricardo Lagos.

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Y frente a esos esfuerzos no hay ni una voz disonante entre los familiares. El Estado y sus gobiernos los han abandonado, han actuado con indiferencia posibilitando la impunidad y, respecto de las Fuerzas Armadas, simplemente no creen que no posean información.

Boric anunció hace dos semanas un Plan Nacional de Búsqueda (PNB) de víctimas de desaparición forzada y, luego, una serie de iniciativas legislativas, como levantar el secreto al informe Valech. Si bien las agrupaciones de derechos humanos tienen más confianza, mantienen su reticencia porque dicen haber sido miles de veces defraudados.

La última de ellas, a comienzo de 2023, cuando se descubrió que el Servicio Médico Legal (SML) tiene en sus instalaciones más de 300 restos sin identificar, y peor aún, no ha realizado ni una acción respecto de las 89 cajas que contienen partes de otros cuerpos encontradas por el juez Juan Guzmán, el primero en procesar a Augusto Pinochet al volver de Londres. El magistrado, ante la ineficacia de ese servicio, entregó las cajas en custodia al departamento de medicina legal de la Universidad de Chile en 2001. Tras ser encontradas por sorpresa tras una inundación, las enviaron, en 2019, a la morgue, donde no han sido periciadas.

Alicia Lira, cuyo esposo fue ejecutado por agentes del Estado en septiembre de 1986 en represalia por el atentado contra Pinochet, asegura a ABC que el actual Gobierno es el primero en escucharlos, apuntando falta de empatía en los otros, incluidos los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, hace ver que en este camino han muerto muchas madres, hermanas y esposas, y por eso urge encontrar los cuerpos: «Las víctimas merecen el descanso eterno y los familiares vivir su duelo, porque no encontrarlos es otra tortura permanente».

En este aniversario, explica que las organizaciones de derechos humanos se sienten violentadas porque ninguno de los civiles que instigaron el golpe y después participaron del Gobierno ha sido sancionado ni penal ni política o socialmente. Otra de las acciones pendientes es el despacho, por el Congreso, del proyecto de ley para degradar a los exuniformados condenados por la Justicia, quitándoles el grado y su pensión, algo dilatado más de nueve años.

Las portavoces de estas organizaciones reconocen la nueva voluntad del Estado para buscar a los desaparecidos y ven encarnado ese compromiso en el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien asumió como desafío personal el llevarlo adelante. El tema le toca directamente por cuanto su abuela materna tiene dos hermanos desaparecidos en Paine, lugar de donde provienen casi la mayoría de las cajas custodiadas por la Universidad de Chile durante 18 años.

Cordero ha señalado que es evidente que el Estado ha cometido «omisiones y negligencias» en el tema de los derechos humanos, pero, sobre todo, que siendo evidente que funcionarios del Estado cometieron esos crímenes, es el Estado quien tiene la obligación hacerse cargo. Ha sido tan empático que ha comentado que algunos familiares ni siquiera tienen una fotografía de la víctima, lo que se puede resolver con la entrega por parte del Registro Civil de la que estaba en su cédula de identidad.

Para Alicia Lira, el plan tendrá algún resultado si se logra que las Fuerzas Armadas y la Policía rompan el pacto de silencio que mantienen los autores de los crímenes, cuestión sobre la Natalia Chanfreau, hija de un detenido desaparecido en julio de 1974, dice así: «Deben ser forzados a cooperar». Lira y Chanfreau no dan por cierta la versión entregada por las Fuerzas Armadas de que no poseen información o que fue destruida. Aunque no hacen fe de ellas por experiencias pasadas, apuntan a que aún viven exuniformados que saben qué pasó y deben hablar antes de morir.

«El PNB es tardío y no queremos palabras al viento», reclama Natalia. La portavoz de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) indica a este diario que el plan no cumplirá su objetivo si no hay presupuesto, tecnología y especialistas. «Esta deuda no es solo con nosotros, es con toda la sociedad que, en su conjunto, vive con desaparecidos, torturados y exiliados», insiste.

El rostro de la desconfianza es Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su padre, dirigente comunista, fue secuestrado en noviembre de 1975 y desapareció. En la Mesa de Diálogo, el Ejército lo incluyó en un listado de cuerpos lanzados al mar. En 2001, tras la delación de un exagente de la Fuerza Aérea, su cuerpo fue hallado íntegramente en un recinto militar. Cuenta que algunas agrupaciones se reunieron con la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, y que ella les informó de que las Fuerzas Armadas insisten en no tener información. «Creo que ella les cree, pero yo salí muy decepcionada».

Igual de decepcionada está con Bachelet, que, en estos días, ha afirmado que ordenó cerrar la cárcel Punta Peuco, donde hay solo exuniformados, pero no le hicieron caso. «No le creo, se lo pedimos infinidad de veces y lo intentó 24 horas antes de dejar el poder.», afirma Rivera.