El caso que desafía la política migratoria británica: una familia palestina logra asilo con un programa para ucranianos
Starmer rechaza el fallo del juez y argumenta que «no existe una ruta de reasentamiento para Gaza», por tanto, seguirán «impugnando cualquier reclamación futura que no cumpla con nuestras reglas»
Los refugiados en el Reino Unido podrán quedarse, pero sin posibilidad de solicitar la ciudadanía bajo las nuevas reglas migratorias
El estruendo de la explosión marcó un antes y un después. En cuestión de segundos, la casa de una familia palestina en Gaza quedó reducida a escombros. De un segundo al otro todo cambió y, con sus hijos en peligro y sin perspectivas de una ... vida segura en el campo de desplazados en el que acabaron, recurrieron a una vía inesperada: solicitar que se les concediera el asilo a través de un programa de reasentamiento diseñado por el Gobierno británico para refugiados ucranianos. Su esperanza estaba puesta en el hermano del padre, que reside en el Reino Unido desde 2007 y posee la ciudadanía británica, y con quien buscaban reunirse para reconstruir sus vidas.
Ahora, un juez de inmigración del Reino Unido ha desatado una controversia política al permitir que esta familia, compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos, se establezca en el país. La decisión, tomada por el juez Hugo Norton-Taylor, se basó en la protección del derecho a la vida familiar consagrado en el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR). Sin embargo, la resolución ha sido objeto de críticas, incluidas las del primer ministro Keir Starmer, quien afirmó esta semana que el fallo fue incorrecto. «No estoy de acuerdo con la decisión. Es la decisión equivocada», declaró Starmer en el Parlamento el miércoles tras ser interpelado por la líder conservadora Kemi Badenoch.
La familia, cuyos nombres han sido protegidos por razones de seguridad, presentó una solicitud para entrar en el Reino Unido en enero de 2024 a través del programa diseñado para acoger a refugiados ucranianos tras la invasión rusa de 2022. Alegaron que su situación era tan «urgente y compasiva» que debería ser considerada incluso fuera de los requisitos estrictos del programa.
El Ministerio del Interior rechazó inicialmente su solicitud en mayo de ese año, argumentando que no cumplía con las normas del programa y que el Parlamento había determinado explícitamente qué nacionalidades podían beneficiarse de las vías de reasentamiento. La familia apeló la decisión ante un tribunal de inmigración de primera instancia, que confirmó el rechazo en septiembre del mismo año. Sin embargo, la situación dio un giro el pasado enero, cuando el juez Hugo Norton-Taylor dictaminó que la negativa inicial de Interior violaba el derecho a la vida familiar, protegido por el ECHR.
En su fallo, Norton-Taylor señaló que «el rechazo de la reclamación de derechos humanos colectivos no equilibra de manera justa los intereses de los apelantes y los del público». Subrayó que la situación en Gaza era «excepcionalmente peligrosa y desesperada» y que los hijos menores, de siete y nueve años, estaban «a diario en riesgo alto de muerte o lesiones graves». Enfatizó que era «en su mejor interés» y de forma «abrumadora» poder reunirse con su familia en un entorno seguro. «Sobre una base acumulativa, el peso que atribuimos a las consideraciones que favorecen a los apelantes demuestra que tienen una reclamación muy sólida. En otras palabras, hay circunstancias muy convincentes o excepcionales», afirmó el juez. Uno de sus argumentos es que la inexistencia de un programa de reasentamiento no implica que las personas tengan prohibido entrar en el Reino Unido por vías humanitarias. De hecho, en el fallo subrayó que «la ausencia de un programa de reasentamiento era irrelevante» para la decisión tomada.
La decisión generó una fuerte reacción del Gobierno y de la oposición, y desde Downing Street se anunció que se revisará la legislación para evitar que casos similares puedan repetirse en el futuro. «El Ministerio del Interior impugnó enérgicamente el caso en dos tribunales y la decisión final no sienta un precedente», declaró un portavoz del ministerio. «No existe una ruta de reasentamiento para Gaza y seguiremos impugnando cualquier reclamación futura que no cumpla con nuestras reglas», advirtió.
El propio Starmer, abogado de formación y especialista en derechos humanos, reforzó la postura del Gobierno al indicar que la política migratoria debe ser determinada por el Parlamento y el Ejecutivo, y no por los tribunales. «El principio es claro: debe ser el Parlamento quien haga las reglas de inmigración y el Gobierno quien determine la política», afirmó. También adelantó que su partido trabajará para cerrar cualquier «laguna legal» que haya permitido la entrada de la familia palestina bajo un programa destinado a ciudadanos ucranianos.
El fallo del juez Norton-Taylor se enfrenta a un debate más amplio sobre el equilibrio entre los derechos humanos y la soberanía del Reino Unido en materia de inmigración. La aplicación del Artículo 8 de la ECHR en este caso ha sido vista como una interpretación amplia de los derechos familiares, lo que ha llevado a algunos críticos a advertir sobre el «efecto dominó» que podría generar. Desde Interior se argumentó que permitir esta apelación podría incentivar solicitudes similares de otras partes del mundo en situación de conflicto, mientras que la conservadora Badenoch declaró que «hay millones de personas en todo el mundo en situaciones terribles. No podemos ayudarlas a todas, y ciertamente no podemos traerlas a todas aquí».
El Gobierno aún no ha especificado cómo abordará la revisión legal, pero se espera que en las próximas semanas se anuncien medidas para restringir la aplicación del Artículo 8 en decisiones migratorias y, en palabras de Starmer, poner fin «al vacío legal que necesitamos cerrar en este caso en particular». Mientras tanto, la familia palestina ya ha sido admitida en territorio británico y ha comenzado el proceso de asentamiento junto a su pariente.
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