Denuncian la presencia de francotiradores asediando la Embajada argentina en Caracas

«Este asedio constituye una flagrante violación de las garantías de seguridad y protección que deben ser otorgadas a los asilados», denunció la OEA en un comunicado. «La presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como la interrupción del ingreso de alimentos y agua, representan un peligro inminente para la vida e integridad de los asilados».

El martes, Machado había denunciado que las casas contiguas a la embajada habían sido allanadas por las fuerzas de seguridad del chavismo para impedir que los vecinos pudiesen socorrer a los refugiados, a quienes les cortaron el suministro de luz y agua.

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Guadalupe Piñeiro Michel

Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Omar González, Fernando Martínez y Magalli Meda —miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado— se asilaron en la residencia argentina el 21 de marzo después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciara en una rueda de prensa que emitiría órdenes de detención contra ellos, como las que ya había ejecutado contra otros opositores el día anterior.

En ese entonces, faltaban todavía cuatro meses para las elecciones presidenciales del 28 de julio, así que los activistas tuvieron que organizarse para continuar trabajando en la campaña electoral sin salir de la sede.

El argentino Gabriel Volpi, subjefe de misión de la Embajada argentina, fue quien recibió a los opositores y se encargó de mediar la protección que les fue otorgada por el Gobierno de Javier Milei. Pero después de dos meses, Volpi abandonó la residencia para jubilarse, como estaba previsto, y los refugiados se quedaron solos.

Después del pucherazo en el que, sin presentar pruebas, Maduro fue proclamado vencedor, Milei fue uno de los primeros en tachar de fraude las elecciones. Como respuesta, el régimen dio 72 horas a los diplomáticos argentinos -junto a los de otros seis países que cuestionaron los resultados- para abandonar el país, y, debido a la ruptura diplomática, Brasil asumió la representación del país sureño en Venezuela y la protección de su sede diplomática.

En la reunión de la OEA, un total de 14 países solicitaron a las autoridades venezolanas un salvoconducto que permita a los asilados salir del país de manera segura. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Paraguay exigieron al chavismo que emita de forma «inmediata» estos salvoconductos y reafirmaran su «compromiso» con «la protección de los Derechos Humanos», «la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas», y «el pleno respeto al derecho de asilo diplomático».

Iniciativa a la que también se ha sumado el Gobierno de Estados Unidos, que ha denunciado el «continuado acoso» contra ellos. «Pedimos a Maduro y sus representantes que dejen de emitir órdenes de arresto motivadas políticamente contra miembros de la oposición democrática y que garantizan un salvoconducto para los refugiados en la Embajada argentina», ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien ha recalcado que «este continuo acoso pone en peligro la seguridad de la misión y la de las personas que puedan estar buscando refugio temporal». Así, ha manifestado que «Estados Unidos se toma muy en serio la obligación bajo el Derecho Internacional de respetar los derechos de las misiones diplomáticas» y ha reiterado la condena «en los términos más firmes» sobre la «continuada negativa» de las autoridades para entregar salvoconductos a estas personas.