¿Por qué es delito pedir democracia en Hong Kong?

Ese es el «delito» por el que han sido condenados 45 políticos de Hong Kong que, en julio de 2020, organizaron unas elecciones primarias en el bando demócrata. Su objetivo era presentar unas listas unidas y con el suficiente apoyo popular para vencer a los candidatos oficialistas en las elecciones parciales al Parlamento local, que fueron aplazadas con el pretexto de la pandemia del Covid.

Espoleada por las protestas de 2019 reclamando democracia y sufragio universal, que empezaron de forma pacífica y derivaron en una violenta guerrilla urbana, la oposición se veía con posibilidades de alcanzar por primera vez la mayoría en el Consejo Legislativo («Legco») de Hong Kong. Dicho control del Parlamento le permitiría bloquear al Gobierno local dependiente de Pekín, que por supuesto no iba a quedarse de brazos cruzados.

Alertado por esa 'Segunda Revuelta de los Paraguas' de 2019, que sumió a Hong Kong en el caos, el régimen chino impuso al año siguiente, en plenas restricciones por el Covid, una draconiana ley de seguridad nacional sin pasar por el Parlamento local. Para ello, se basaba en el Artículo 23 de la Ley Básica, la breve Constitución que rige en esta ciudad de siete millones de habitantes desde su devolución a China.

Tal y como establece ese Artículo 23, «la Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes propias para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno central, o el robo de secretos de Estado». Además, incluye «la prohibición de organizaciones políticas extranjeras o entes que lleven a cabo actividades políticas en la Región, así como prohibir que organizaciones políticas o entes de la Región establezcan lazos con las del extranjero».

La primera vez que las autoridades intentaron promulgar esta ley de seguridad nacional, en 2003, se encontraron con una fuerte oposición social que les hizo recular de inmediato. El 1 de julio de ese año, con motivo del sexto aniversario del traspaso de soberanía, medio millón de personas tomaron las calles para protestar contra la norma ordenada por Pekín por miedo a que recortara las libertades de Hong Kong, mayores que en China gracias al principio de 'un país, dos sistemas'.

Un año después de la revuelta de 2019, y con Xi Jinping en el poder en Pekín, la ley de seguridad nacional fue aprobada por unanimidad por los 162 diputados del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular, Parlamento orgánico del régimen chino, en vísperas del 23 aniversario de la devolución a Hong Kong. Además, se cumplía un año del asalto al Parlamento hongkonés por miles de manifestantes el 1 de julio de 2019, que encendió todas las alarmas del régimen por miedo a perder la ciudad.

Hasta catorce horas después, cuando fue promulgada casi a medianoche por el Boletín Oficial de Hong Kong e incluida en el Anexo III de su Ley Básica, no se conocieron las penas con que se castigaban los delitos que contemplaba: secesión, subversión, terrorismo e injerencia extranjera. Sus penas iban desde los tres de cárcel hasta la cadena perpetua.

Desde entonces, dicha ley de seguridad nacional no solo ha servido para obligar a disolver todos los partidos, sindicatos y organizaciones que reclamaban democracia, sino para arrestar y poner entre rejas a 291 personas. Entre ellas, destacan diputados y activistas como Joshua Wong y Jimmy Lai, magnate de medios de comunicación críticos con Pekín como el diario 'Apple', ya prohibido.

Además, en marzo de 2021, el régimen chino impuso una reforma electoral para vetar a la poca oposición política que quedaba en Hong Kong, reduciendo la votación directa y ampliando el número de diputados afines a Pekín en el Parlamento local, reservado «solo para patriotas».

Con esa mayoría 'patriota', el 'Legco' implementó el pasado 23 de marzo su propia Ordenanza de Seguridad Nacional, que amplía la ley impuesta por China en 2020 al cubrir 39 delitos que pueden ser tipificados como traición, insurrección, sabotaje, robo de secretos de Estado o espionaje e injerencia de organizaciones políticas extranjeras en Hong Kong. Los tres primeros prevén condenas de hasta cadena perpetua, mientras que la sedición está penada con hasta siete años de cárcel y la colusión con fuerzas extranjeras con diez.

Aunque el Gobierno de Hong Kong se ampara en que otros países tienen leyes de seguridad similares, esta ha sido muy criticada por ser muy «vaga y amplia». Eso le permite a los jueces, que además son elegidos por las autoridades, definir como secretos de Estado y espionaje «importantes decisiones políticas» y acusar de sabotaje y de poner en peligro la seguridad nacional por el mero hecho de «ser temerario». Y no solo se castiga la traición, sino también el hecho de no denunciarla.

Por eso, durante el último viaje de este corresponsal a Hong Kong en marzo, llamaba tanto la atención el enorme cartel ante la comisaría central de Wan Chai animando a los ciudadanos a 'Vigilar y denunciar' para prevenir el terrorismo.

So pena de ser acusado de sedición o subversión, «en Hong Kong ya no es posible ser demócrata ni promover la democracia en China porque se considera una de esas revoluciones de color que pueden ser perseguidas. Incluso pedir públicamente el boicot de las elecciones puede ser perseguido», advertía en abril en ABC el sinólogo francés Jean-Pierre Cabestan, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Baptista de Hong Kong y cuyo último libro es 'Facing China. The prospect for war and peace'. En su opinión, «el impacto en los medios también ha sido negativo y no se puede criticar al Partido Comunista en la esfera pública ni, por supuesto, conmemorar la masacre de Tiananmen. ¿Pero ha cambiado la gente su mentalidad? Creo que no. Hong Kong sigue siendo una ciudad anticomunista».

Además de instaurar juicios a puerta cerrada como en China, la nueva ley de seguridad nacional extiende a 16 días el periodo de detención de 48 horas hasta pasar a disposición judicial, restringe el acceso de los arrestados a sus abogados y permite al Gobierno local declarar fugitivo y cancelar el pasaporte de quien no se haya presentado ante los tribunales sin esperar los seis meses que antes hacían falta. La nueva norma también se aplicará a las «organizaciones en la sombra» con miembros de partidos disueltos y otorga al jefe ejecutivo de la ciudad potestad para «promulgar una legislación subsidiaria para salvaguardar la seguridad nacional» y «tratar con circunstancias imprevistas».

Tan solo dos días antes de la condena por 'subversión' a los políticos demócratas, el martes cayeron los seis primeros detenidos por la nueva Ordenanza de Seguridad Nacional. Su delito: difundir «contenido sedicioso» por publicar en Facebook los recuerdos de la activista Chow Hang-tung sobre las vigilias de la masacre de Tiananmen, de la que se cumplen 35 años el martes. En prisión desde 2021 y a la espera de otro juicio por «incitar a la subversión», Chow era la vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, que organizaba esas multitudinarias vigilias ya prohibidas.

«Hong Kong tiene un régimen autoritario ahora. Los pocos activistas que quedan son objetivo frecuente de la Policía y deben enfrentarse a interminables cargos penales y multas», alertaba en ABC Kenneth Chan, profesor también de Política en la Universidad Baptista y uno de los fundadores del Partido Cívico, disuelto tras la ley de seguridad nacional.

Como ya dejaba claro el cartelón de la comisaría de Wan Chai, Hong Kong ha pasado de «un país, dos sistemas» a 'vigilar y denunciar».