Los cuerpos yacen en las calles del Catatumbo

Ambos grupos rebeldes buscan hacerse con el control de la región, que concentra 30.000 hectáreas de hoja de coca, y lo convierte en uno de los cultivos más importantes del país. De esta manera apuestan al control del negocio de las drogas.

Esta zona fronteriza con Venezuela ha sido históricamente un territorio en disputa por los grupos armados ilegales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo este hecho marca un punto crítico y sin precedentes para Colombia desde 1997, cuando unas 110 personas murieron por consecuencia de la violencia armada.

Aquella vez se reportaron en total 263 víctimas y una cifra de más de 250.000 desplazados de diferentes partes del país. 28 años más tarde, Colombia sufre de nuevo un duro golpe de la guerrilla, con una sangrienta embestida que se ha saldado con al menos 100 muertos y el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas hacia municipios vecinos, especialmente Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander. A esta localidad han llegado unos 21.000 desplazados que huyen del horror.

Para la defensora Iris Marín, la crisis en el Catatumbo era previsible por las alertas que emitieron de forma temprana, y reconoce que la magnitud de los desplazados desbordó a las autoridades y a las comunidades afectadas. La titular del organismo público que defiende y protege los derechos humanos no descarta que este pueda convertirse en el mayor éxodo que tendrá Colombia.

Algunos de los desplazados que esperan por una ayuda en Cúcuta mostraron a este diario las imágenes que recibían a través de WhatsApp. Las fotos de civiles muertos que yacían en el suelo del Catatumbo dan cuenta de la magnitud de la violencia que ha ido escalando en los últimos días. «Mi hija está afectada», dijo Lucía, quien ha preferido ocultar su nombre para protegerse a ella y a los familiares que permanecen en la zona en conflicto.

En el móvil buscaba la imagen que recibió de su hija. La fotografía en cuestión era de un hombre muerto en una esquina, a pocos metros de su casa. «Mi hija lo conocía; y sin más lo asesinaron. Mi hija ahora cada vez que oye cualquier sonido la pobre tiembla y se asusta», dice entre lamentos la mujer de 45 años, que se dedicaba a limpiar casas antes de que llegara la ola violenta a la región montañosa, ubicada al noreste del país andino.

Lucía siguió buscando en su galería. Se detuvo en las imágenes de varios hombres con disparos en la cabeza. Verlo de nuevo la estremeció. «Esto no es justo. Nosotros queremos vivir en paz. No hemos hecho nada malo. Esto mismo pasó en 2002». De la situación que hace referencia es la masacre que ocurrió entre el 3 y el 6 de diciembre de ese año, cuando paramilitares asesinaron a seis comerciantes que se negaron a pagar extorsiones y generó zozobra en la población. Para ese momento estaban en expansión los grupos paramilitares y se reportaban secuestros, el más trascendental fue el de la senadora Ingrid Betancourt.

Los vecinos del Catatumbo han abandonado sus hogares ante la presencia de los grupos armados ilegales desde hace más de 15 días. «A las personas las asesinan a cualquier hora. En la mañana. En la noche. A hombres y a mujeres también. Se meten (los miembros del ELN) a las casas y se llevan a las personas a otros lugares y los asesinan», describió José, otro desplazado de 50 años que se guardó su nombre. «Ellos creen que estamos con las Farc y por eso nos quieren matar», subrayó.

«En las calles puedes encontrar cadáveres. Muchos de ellos en estado de descomposición y la guerrilla no deja que se levanten esos cuerpos». José, que es un trabajador del campo, tiene voz tímida, y el miedo se estampa en la conversación que sostiene con ABC. José se refirió también a tres hombres que conocía y a los que le cegaron la vida. «Esa es la orden. Y uno la respeta. Los familiares quieren sepultar a sus muertos, despedirlos. Si ya los mataron, que al menos permitan que los recojan sus seres queridos».

La preocupación de la población y de las organizaciones que promueven la paz es que el conflicto escale aún más después de que el presidente colombiano Gustavo Petro le declaró la guerra a estos grupos armados y suspendió las negociaciones con el ELN, echando por tierra su política de paz.

Especialistas en conflictos ven con preocupación el surgimiento de una nueva confrontación armada entre los guerrilleros y la fuerza pública del país. La traducción a este evento sería más desplazamiento forzoso, más muertes y más víctimas de las registradas hasta ahora. Para Petro, el ELN puede mutar y convertirse en una organización «narcoarmada».

No se sabe a ciencia cierta qué motivó a estos grupos rebeldes a iniciar la masacre hacia los pobladores de la zona que tiene más de 200.000 habitantes. Algunos medios locales han señalado que pudo haber sido la pérdida de un cargamento de cocaína y el posible asesinato de un jefe financiero del ELN.

El Gobierno colombiano decretó el 20 de enero el estado de conmoción interior tras el recrudecimiento del conflicto armado. En un mensaje a la nación, el mandatario acusó a la guerrilla de efectuar «crímenes de guerra» y de «perder la inteligencia». Considera que la «revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia», pero dejó claro que el ELN «ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá».