El mundo se estanca en la lucha contra la corrupción en el sector público

«Nos hemos equivocado. La violación de los derechos civiles y políticos no es tan importante», asegura el exfiscal anticorrupción Carlos Castresana. «Es mucho más grave la violación de los derechos económicos, sociales y culturales porque es en ese ámbito donde se demuestra que la corrupción, en última instancia, mata a las personas».

Castresana habla durante una conferencia sobre el lavado de dinero y la recuperación de activos en casos de corrupción venezolana, un evento enmarcado en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que tuvo lugar esta semana en Casa de América, en Madrid.

El magistrado hoy se desempeña como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur y es con este país —el más joven del mundo— que ejemplifica los perjuicios de la corrupción. Un caso, según el experto, similar a la descomposición del Estado venezolano.

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Ludmila Vinogradoff | Corresponsal en CARACAS

Sudán del Sur, que era parte de Sudán, se independizó en 2011. Desde entonces no ha habido elecciones en el país. Tanto el Gobierno como el Parlamento e incluso la Constitución son provisionales. El proceso transicional tenía que haber culminado en 2022, pero ha sido prorrogado en varias oportunidades y, por ahora, se prevé su final en 2026.

En estos trece años, el poder de facto se ha gastado «la escalofriante cantidad de 44 billones de dólares» señala Castresana, enfatizando el hecho de que Sudán del Sur —abundante en petróleo— es un país con el tamaño de Francia y una población que no supera los diez millones de habitantes. «Según los estándares de las Naciones Unidas debería ser un país extremadamente próspero; si no al nivel de Luxemburgo, desde luego por encima del promedio de la Unión Europea. Sin embargo es un país en el que la inmensa mayoría de la población sigue viviendo en la miseria».

Lo insólito, según el experto, es que Sudán del Sur, con todo el dinero gastado, se encuentra penúltimo en el Índice de desarrollo humano de la ONU, apenas por encima de Somalia. En el recién nacido país la renta per cápita es elevada, «pero de poco le sirve tener una renta per cápita muy alta a un niño que se muere de hambre», insiste Castresana. En el país africano «no ha habido ninguna voluntad política, no hay ningún procedimiento de rendición de cuentas, no existe algo que pudiéramos considerar un Poder Judicial y, por supuesto, no se ha invertido lo necesario en el desarrollo. La crisis económica es continua y el petróleo está sistemáticamente explotado por la élite que controla el país, y esto es quizá lo que más interesa para comparar con Venezuela».

Hay dos millones de refugiados sudaneses —el 20% de los habitantes—, «que se marcharon en 2013 y que no han vuelto porque no hay nadie que esté interesado en hacerlos volver y que garantice su seguridad. Otros dos millones viven desplazados internamente, alejados de las zonas de conflicto. Y a pesar de esa enorme cantidad de dinero, el 82,3% del país vive en la extrema pobreza», señala Castresana. «La cobertura médica es la segunda peor del mundo», señala Castresana.«Las muertes por embarazo están en el primer lugar. El 75% de las muertes infantiles se deben a enfermedades curables, y muere el 10% de los niños antes de haber cumplido los cinco años. La escolarización en primaria alcanza el 37%, en secundaria apenas 5%».

Gran parte del dinero recaudado, que nunca llega a ingresar a las arcas públicas, se desvía a los países vecinos, principalmente a Uganda y Kenia, «donde hay mercados más o menos dinámicos en los que sí merece la pena invertirlo y donde se puede esconder con facilidad y que luego termina siendo blanqueado en países como Reino Unido. Lavados de activos que nunca llegan a ser investigados, a pesar de existir instrumentos legales para hacerlo», asegura el experto. «No conozco un solo caso en el que se hayan recuperado activos del Estado sursudanés desviados por la corrupción».

La corrupción es un mal que nunca va a desaparecer, afirma Castresana. «Es tan antigua como la avaricia. Y la única manera que hemos encontrado para combatir este fenómeno es la transparencia. Incluso si somos capaces de conseguir que cada euro que entra en las arcas públicas transite de manera transparente, desde que sale del bolsillo de un contribuyente hasta que sale en forma de un servicio público, seguirá habiendo casos de enriquecimiento, pero serán casos esporádicos». El verdadero problema, según Castresana, ocurre cuando la corrupción se vuelve endémica, parte del sistema político y económico, y esas conductas desviadas, debido a la falta de transparencia, se vuelven la regla en vez de ser la excepción.

A raíz de lo que está descubriendo en África, y después de lo que ha sido testigo en América Latina en su labor anticorrupción, Castresana sostiene que quien viola los derechos civiles —como el de la libertad de expresión o la participación política— en realidad pretende «saquear el país sin ser molestado. De manera que la violación de los derechos económicos y sociales son los que realmente están al final de ese camino». El objetivo de la censura es facilitar una vía libre para saquear el país, «y saqueando el país es que se muere la gente», porque «la muerte del 10% de los infantes sursudaneses es una tragedia que tiene números, los mismos que deberían estar dedicándose a la sanidad, pero que se están desviando»