El presidente de Corea del Sur retira la ley marcial por la rebelión popular y del Parlamento

La ley marcial iba a permitirle al presidente Yoon restringir las libertades básicas, como la de Prensa y de reunión, y prohibir los partidos políticos y las actividades de la Asamblea Nacional, así como recortar los poderes del Gobierno y de los tribunales. Precisamente, Yoon había tomado esta controvertida decisión después de que la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático, aprobara por la vía rápida un proyecto de ley de presupuesto que recortaba los gastos del Gobierno y presentara mociones de destitución contra el fiscal general y el auditor estatal.

Tras el anuncio, que pilló por sorpresa a los surcoreanos, una multitud se congregó para protestar ante el Parlamento. Con 170 de sus 300 escaños, el Partido Democrático llamó a sus diputados para revocar la medida porque tiene capacidad legal para hacerlo. Con el Ejército desplegado a sus puertas e intentando entrar, los 190 diputados presentes en la Asamblea Nacional votaron a favor de levantar la ley marcial. Entre ellos no solo figuraban parlamentarios de la oposición, sino también sus propios compañeros en la fuerza gobernante, el Partido del Poder Popular. Su líder, Han Dong-hoon, se sumó al rechazo a la medida impuesta por el presidente Yoon, afirmando que era «errónea» y que la iba a «bloquear» junto al resto de la sociedad.

Para cumplir sus órdenes, el presidente Yoon había nombrado como comandante de la ley marcial al jefe del Ejército, Park An-su, quien ordenó a sus tropas que rodearan el Parlamento pasada la medianoche para bloquear la actividad de los diputados allí congregados. Las imágenes que emitía la televisión reflejaban la confusión reinante y mostraban a una multitud ante las puertas de la Asamblea Nacional, donde algunos soldados intentaron entrar por las ventanas.

Un decreto emitido por el general Park An-su antes de la medianoche prohibió todas las actividades políticas, incluidas las protestas y las convocatorias de los distintos partidos. El decreto también puso a todos los medios de comunicación bajo el control de las autoridades y, en un gesto bastante preocupante, ordenó a los médicos en prácticas que regresaran a su puesto en un plazo de 48 horas, ya que muchos de ellos los habían abandonado hace meses. Por su parte, el Ejército y la Policía podían llevar a cabo redadas y detener a quienes violaran la ley marcial sin necesidad de una orden judicial.

Aunque el presidente Yoon prometía «normalizar el país» rápidamente, se encontró con un estallido de rechazo porque los surcoreanos no entendían una medida tan drástica, que los devolvía a la oscura época de la dictadura. Para justificarla, se basaba en que la oposición había presentado 22 mociones de destitución contra funcionarios del Gobierno desde su investidura en mayo de 2022, según informaba la agencia de noticias Yonhap. Solo desde la constitución de la XXII Asamblea Nacional en junio, la oposición había llevado a cabo diez intentos de destitución. Por ese motivo, acusó a las fuerzas rivales de generar una situación «sin precedentes» obstaculizando la labor del Ejecutivo.

Además, criticó el proyecto de ley de presupuesto reducido aprobado por la vía rápida por la oposición, asegurando que sus reducciones socavaban las funciones esenciales de su Gobierno, especialmente la seguridad pública. Yoon acusaba al Partido Democrático de utilizar proyectos de ley presupuestarios y mociones de destitución para proteger a su líder, Lee Jae-myung, quien a su vez se enfrenta a varios juicios.

Tras esta decisión del presidente Yoon, que seguramente cavará su tumba política y lo hundirá en la página más negra de la historia surcoreana, subyace un agrio enfrenamiento político y económico con la oposición. Gracias a su mayoría en el Parlamento, la oposición del Partido Demócrata aprobó la semana pasada en un comité especial una versión reducida del presupuesto nacional para el próximo año. Su monto final, de 677,4 billones de wones (452.000 millones de euros) supone una rebaja de 4,1 billones de wones (2.740 millones de euros) del presupuesto planeado inicialmente por el Gobierno.

Tal y como recoge Yonhap, los recortes presupuestarios se centraban en la totalidad de los fondos asignados para «actividades especiales» de la secretaría de la oficina presidencial y la oficina de seguridad nacional, así como a los de la fiscalía, la junta de auditoría y la policía. En medio de un tenso debate parlamentario, la oposición argumentaba que dichas agencias no habían justificados sus gastos en el pasado, pero el Gobierno y el Partido del Poder del Pueblo sostenían que debían ser confidenciales para garantizar su eficacia.

El anuncio de la ley marcial resultó especialmente traumático para un país como Corea del Sur, que vivió bajo una dictadura anticomunista de derechas desde su independencia de Japón tras su derrota en la II Guerra Mundial (1939-45) y la posterior separación de la península en la contienda civil que duró de 1950 a 1953. De hecho, la última vez que se decretó la ley marcial fue en 1980, tras el asesinato del dictador Park Chung-hee, quien gobernó el país con puño de hierro desde el golpe de Estado en 1961 hasta que el director de su propia Agencia de Inteligencia, Kim Jae-gyu, lo asesinó en octubre de 1979. Varios meses después, en mayo de 1980, las protestas por la democracia que demandaba la sociedad surcoreana desembocaron en la ley marcial y una represión militar que costó la vida a cerca de 2.000 personas en la masacre de Gwagnju.

Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, Corea del Sur se democratizó plenamente y ha vivido durante las últimas décadas un próspero crecimiento económico y avance social, con alternancia en el poder de sus fuerzas conservadoras y de izquierdas. Curiosamente, hay que remontarse al mandato de la presidenta Park Geun-hye, hija del dictador Park Chung-hee, para encontrar un estallido social similar al de ahora. Salvo las protestas contra sus escándalos de corrupción y amiguismo, que provocaron su destitución por el Parlamento en diciembre de 2016 y por el Tribunal Constitucional en 2017, Corea del Sur era un referente democrático en Asia y, sobre todo, una contraposición con el régimen comunista de Kim Jong-un en el Norte. Hasta que el presidente Yoon decidió imponer la ley marcial por sus enfrentamientos con la oposición en el Parlamento dando un autogolpe imposible de justificar.