Consuelo Porras, la fiscal repudiada por el pueblo de Guatemala

Tras pasar a la segunda vuelta, las embestidas del Ministerio Público se dirigieron a su partido, el movimiento Semilla, cuya cancelación fue finalmente suspendida, al menos hasta el próximo 31 de octubre que acaba lo que se considera periodo electoral. Después, tras la victoria de Arévalo el pasado 20 de agosto, la Fiscalía allanó las dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta en cuatro ocasiones, llevándose varias cajas con votos, así como actas de los resultados, certificados como válidos por el TSE el pasado 28 de agosto.

Según la Fiscalía, la investigación liderada por Rafael Curruchiche es la respuesta a varias denuncias que cuestionan los resultados en unos comicios en los que Arévalo se impuso a Sandra Torres. Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, es quien ha estado detrás de la demanda de cancelación de Semilla. Nombrado por Porras en 2021, fue acusado de obstruir investigaciones en contra de Giammattei, y, como la fiscal general, está incluido en la Lista Engel de EE.UU., que reúne a las personalidades consideradas corruptas y antidemocráticas.

Arévalo también ha alzado la voz acusando a Porras de estar llevando a cabo un golpe de Estado. «Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», ha afirmado el presidente electo reclamando la renuncia de Porras.

Consuelo Porras, elegida fiscal general en 2018, durante el Gobierno de Jimmy Morales, fue la encargada de cerrar, en 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de referencia en la región en la lucha contra la corrupción, que investigó al propio Morales y a su familia. La fiscal también se ocupó de perseguir a su antecesora en el cargo, Thelma Aldana, a la que acusó de «malversación de fondos». Aldana tuvo que exiliarse en EE.UU. Porras se encargó también de desmantelar la Fiscalía de Derechos Humanos, que había perseguido a los militares acusados de genocidio y otros crímenes de guerra; así como de cerrar casos que implicaban a grandes empresarios.

Señalada por su «participación en hechos significativos de corrupción» por el Gobierno de EE.UU. y por «socavar la Justicia», fue reelegida en 2022 para otro mandato que terminará en 2026. «La fiscal general Consuelo Porras ha dedicado su mandato a garantizar impunidad por hechos de corrupción y perseguir a los fiscales, jueces y periodistas independientes que han expuesto e investigado la corrupción y el abuso de poder en el país», señala a ABC Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW. «Y ahora –continúa– Porras parece estar en una cruzada contra el presidente electo Bernardo Arévalo, con el riesgo de llevarse puesta la democracia guatemalteca. Su vigencia en el cargo parece cada vez más incompatible con el respeto de garantías democráticas básicas en el país».